Reforma contributiva de gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, la enfrenta con la Junta de Control Fiscal
Gobernadora busca enviar cheques directos a contribuyentes ante los reparos de la Junta sobre la reducción de ingresos por la reforma fiscal propuesta
Foto de archivo de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González. Crédito: La Fortaleza | Cortesía
NUEVA YORK – La Administración de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, dijo que está en desacuerdo con la interpretación de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) sobre la inviabilidad de la reforma contributiva que impulsan.
En unas declaraciones escritas ayer atribuidas al secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, el gobierno local argumentó que “históricamente” el organismo federal no ha reconocido ingresos mayores que los estimados ni las reducciones en el gasto gubernamental.
“La reducción en gasto gubernamental, el aumento en ingresos, y las medidas de eliminación de exenciones harán que la reforma contributiva presentada sea fiscalmente neutral. Estamos en desacuerdo con la interpretación de la Junta, pues históricamente se ha negado a reconocer que los ingresos son mayores a los estimados, de igual manera, el gasto gubernamental”, planteó Peña Payano.
El funcionario cuestionó que la Junta, impuesta en el territorio mediante legislación del Congreso en el 2016, no les haya informado de sus preocupaciones antes de circular el comunicado.
“Nos tomó por sorpresa la comunicación de la Junta, quien no nos había compartido sus preocupaciones, ni los datos que utilizó para llegar a sus conclusiones, de manera tal que podamos recrear sus estimados y compararlos con los nuestros, y responder de manera responsable”, añadió el portavoz de la Administración.
“Es por esta razón que la Administración de la gobernadora Jenniffer González Colón se mantendrá en comunicación con la Junta para lograr el alivio contributivo que la clase trabajadora en la isla se merece”, concluyó Peña Payano.
En las declaraciones que la Junta circuló este viernes, se indicó que, aunque son conscientes de la “considerable carga que el actual sistema tributario de Puerto Rico impone a los contribuyentes” y que la reforma fiscal es esencial para que la isla crezca económicamente, temen que el plan no se traduzca en resultados a largo plazo.
“Si bien estos proyectos de ley reducen las tasas impositivas para muchos contribuyentes, no constituyen una reforma fiscal amplia, integral ni integrada que posicione a Puerto Rico para un crecimiento económico a largo plazo, como lo han discutido consistentemente el Gobierno y la Junta de Supervisión. Una reforma fiscal eficaz debe ser integral, holística y a largo plazo. Puerto Rico necesita un sistema tributario más justo y eficaz”, señaló la Junta sobre el Proyecto de Ley 912 del Senado (1014 en la Cámara de Representantes).
De acuerdo con los cálculos de la Junta, de implementarse la reforma que la Administración presentó el pasado 12 de enero, los ingresos netos para el año fiscal actual que finaliza el 30 de junio de 2026 se reducirían en $370 millones de dólares, sin que se hayan identificado fondos recurrentes para compensar esa pérdida.
“Durante los últimos cuatro años fiscales, la recaudación de impuestos del Gobierno se ha mantenido relativamente estable y se proyecta que disminuya en el año fiscal 2026, lo que podría indicar una ligera disminución en el crecimiento económico local. Por lo tanto, los proyectos de ley reducirían significativamente los ingresos del Gobierno sin identificar una fuente de ingresos recurrente que compense la pérdida permanente de ingresos”, expuso la FOMBPR.
El ente afirmó que cualquier cambio tributario debe ser fiscalmente responsable.
“El Gobierno debe evaluar el impacto en el presupuesto del año en curso y en el período de planificación financiera de 5 años al considerar legislación que afecte su situación financiera. Solo así podremos garantizar que la legislación no amenace la estabilidad fiscal que la Junta de Supervisión y el Gobierno han logrado conjuntamente para Puerto Rico en los últimos años”, indicó el organismo federal que lidera los procesos de reestructuración de deuda del gobierno de Puerto Rico.
Según el grupo, el impacto fiscal también debe evaluarse dentro del contexto más amplio de las múltiples medidas tributarias promulgadas o actualmente en consideración, “muchas de las cuales también tienen implicaciones fiscales significativas” para el gobierno central y los municipios.
La Junta señaló también que cualquier discusión sobre obligaciones y recursos a largo plazo debe incluir la expiración de los niveles actuales de financiamiento de Medicaid en el año fiscal 2028 y las prioridades presupuestarias recurrentes del Gobierno, las solicitudes de aumento salarial y el financiamiento de los gobiernos y servicios municipales, entre otros elementos.
“La Junta de Supervisión continuará trabajando con la gobernadora y la Legislatura para lograr una reforma fiscal verdaderamente integral y holística, centrada en abordar los actuales desafíos económicos y demográficos de Puerto Rico y que contribuya a la competitividad de la isla como parte fundamental de su desarrollo económico”, concluyó la entidad.
El comunicado trascendió luego de que se presentara la Resolución Concurrente del Senado 127 para asignar al Departamento de Hacienda $554 millones con cargo al Fondo de General para el financiamiento de cheques directos de alivio para el año contributivo 2025 en tanto se resuelve el tranque por la reforma.
La resolución conjunta presentada también en la Cámara de Representantes establece que serán elegibles para el “Cheque de Alivio Contributivo para los Trabajadores y la Clase Media” los contribuyentes con un ingreso neto no mayor de $150,000.
El 29 de enero, González compartió por redes sociales que,”mientras la Legislatura evalúa la reforma contributiva, estaremos impulsando una medida para enviar cheques directamente a los contribuyentes, de modo que el alivio llegue este mismo año y beneficie a nuestra gente en el ciclo contributivo que comienza en febrero”.
La primera ejecutiva agregó que su Gobierno continuaba trabajando para que los ahorros se tradujeran en más dinero en el bolsillo de los puertorriqueños.
En una de varias publicaciones en Facebook este viernes, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que habían radicado la resolución y que esperaban por la certificación de los fondos para atenderla con diligencia.
En un segundo mensaje, el líder senatorial se refirió a la negativa de la Junta a darle paso a la reforma contributiva, y dijo que era “anticipable”.
“¡Quizás, solo tal vez, ahora, alguna gente entienda porqué la información y datos que solicitamos al Departamento de Hacienda, OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) y AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico) sobre la Reforma Contributiva son indispensables! Sin esa información, sin ese CUADRE, la negativa de la Junta de Control Fiscal era anticipable”, declaró Rivera Schatz.
En una tercera entrada, el miembro del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) dijo que el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, había acreditado por escrito la disponibilidad de $813.7 millones para cubrir los $554 millones que cuesta la propuesta de cheques directos a contribuyentes.
“¡La responsabilidad que implica la firma de esa certificación queda para el récord!”, puntualizó el presidente del Senado.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes en la isla, Carlos “Johnny” Méndez, informó por la referida red que le había pedido al presidente de la Comisión de Hacienda, Eddie Charbonier, iniciar ayer la evaluación de la resolución concurrente, “concientes de que el estudio final depende de las certificaciones de fondos que conversamos con la Gobernadora y el Presidente del Senado en la tarde de ayer (jueves)”.
“El Pueblo necesita una reducción en sus contribuciones empenzando con las planillas de 2025. Esta resolución, de la cual venimos estudiando como alternativa, es un adelanto de la Reforma Contributiva que todos en el PNP le prometimos a nuestra gente. La Cámara de Representantes Puerto Rico les va a cumplir”, anticipó.
Para políticos opositores como el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, la reforma contributiva sobre la que insisten los penepés será otra promesa incumplida.
“Promesa incumplida. El rechazo de la Junta de Supervisión Fiscal a la reforma contributiva que prometió el PNP es otro fracaso más del Gobierno para bajarle el costo de vida al país. Para cumplir sus promesas, cumplir con PROMESA, y darle un alivio real a la gente, urge que el Gobierno PNP sea más responsable y menos politiquero”, compartió por Facebook el también comisionado residente en Washington D.C.
El excandidato a la gobernación por la llamada “Alianza de País”, Juan Dalmau, indicó que el llamado de la Junta es un recordatorio de que, en Puerto Rico, EE.UU. administra una colonia.
“Si bien repudió la pantomima de reforma contributiva por ser mala para el país, el rechazo de la Junta de Control Fiscal a las enmiendas contributivas es un recordatorio de que en Puerto Rico no se gobierna: se administra una colonia”, compartió por la misma plataforma.
Dalmau, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), argumentó que las expresiones de la Junta son una humillación para la gobernadora, Rivera Schatz y otros líderes del PNP.
“Mientras tanto, Jenniffer González, Thomas Rivera Schatz y su séquito viven pendientes a agendas externas, viajes, escenarios internacionales y disputas tontas, pero nunca pendientes a tí, a tú bolsillo, ni a tus necesidades reales. Los vuelven a humillar y bajan la cabeza frente al trumpismo colonial. Y no sería distinto con la otra opción del bipartidismo. Bajarían la cabeza de igual modo. ¿Es eso a lo que aspiran estadistas, estadolibristas y el país en general?”, planteó Dalmau.
Para el abogado experto en quiebras, John E. Mudd, “en esencia, la Junta le dice a TRS (Thomas Rivera Schatz) & Co. y a la gobernadora, que su reforma fiscal no procede y la van a llevar al tribunal si la aprueban. Quien gobierna P.R. es la Junta y se acabó”.
En una columna de opinión en El Nuevo Día, el economista José Caraballo Cueto expuso que, aunque la propuesta de reforma contributiva no es mala, primero se debe considerar bajar el IVU (Impuesto sobre las Ventas y Uso).
“He propuesto que se elimine el IVU municipal y se sustituya con una transferencia desde el gobierno central”, insistió el profesor.
El académico argumentó que una reforma abarcadora debe considerar los miles de millones de dólares que se pierden en incentivos contributivos innecesarios.
“Puerto Rico tiene una de las tasas estatutarias de impuestos corporativos más altas del mundo, pero solo la pagan las empresas que no participan de las exenciones, deducciones y compra de créditos contributivos. Hay que condicionar los incentivos contributivos para generar mejores recaudos y utilizar esos fondos en reducir impuestos regresivos o distorsionadores (ejemplo, impuesto al inventario), sin afectar las arcas del gobierno. Otorgar estos incentivos innecesarios lo que hace en la práctica es aumentar la carga impositiva a otros contribuyentes en otros renglones…”, explicó a través del escrito.
Caraballo Cueto señaló que el IVU es “regresivo porque es la misma tasa alta para productos de primera necesidad como para productos de lujo, y lo pagan por igual los ricos y los pobres. El 93% de los economistas locales favorece aumentar los impuestos al lujo”.
Bajo la propuesta de ley del PNP se fijaría una tasa de 0% para ingresos de hasta $12,500; 6 % para ingresos entre $12,500 y $25,000; 12 % para ingresos hasta $50,000; 24 % hasta $100,000; 29% hasta $150,000; y 33% para ingresos mayores de $150,000. La legislación además incluye un mecanismo de ajuste por inflación para los umbrales de ingreso a partir del año contributivo 2026.
“Por ejemplo, un individuo soltero y sin dependientes con un ingreso de $61,500 vería su tasa efectiva reducirse de, aproximadamente, 13% a 10%, lo que representaría un ahorro promedio de unos $2,000 en su planilla que vence el 15 de abril de 2026”, lee un artículo en la página web del Senado.
El proyecto de ley además actualizaría las exenciones personales y por dependientes que no se ajustaban por inflación desde la reforma de 2011.
Sigue leyendo:
Nydia Velázquez tilda de “indignante” respuesta de la Junta sobre recorte de fondos federales a organizaciones en Puerto Rico
