Piden investigar caso de haitianas decapitadas en la frontera con República Dominicana tras ser deportadas de Puerto Rico
"Dejen a esta gente tranquila ya. Deportar a estas personas supone condenarlas a la muerte", pidió el activista haitiano Leonard Prophil desde Puerto Rico
Haitianos deportados de la República Dominicana bajan de camiones en Carrizal, en la frontera con Haití. Crédito: Martin Adames | AP
NUEVA YORK – Organizaciones que forman parte de la campaña “Migrar es un derecho” hicieron un llamado de “justicia, verdad y rendición de cuentas inmediatas” en relación con el caso de las cuatro haitianas decapitadas en la frontera entre ese país y República Dominicana tras ser deportadas de Puerto Rico.
ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) Puerto Rico, Amnistía Internacional Puerto Rico, Comuna Caribe y Kilómetro 0 condenaron la política de deportaciones masivas bajo la Administración Trump y “las prácticas de expulsión que criminalizan la migración forzada y niegan protecciones fundamentales a personas vulnerables”.
De acuerdo con las entidades, en este caso, eran mujeres que huían de la violencia, persecución y condiciones extremas.
“Las políticas del gobierno de Estados Unidos, que los gobiernos de Puerto Rico y de República Dominicana no han hecho más que apoyar y sostener, ponen en riesgo la vida misma, perpetúan violaciones graves de derechos humanos y muestran un desprecio absoluto por el derecho internacional al refugio, a la movilidad y la migración”, denunciaron los grupos activistas.
Las víctimas, de entre 27 y 31 años, habían llegado a Puerto Rico en diciembre de 2024, según el comunicado que hace referencia a información provista por el líder haitiano Leonard Prophil.
Las mujeres fueron asesinadas en la localidad dominicana de Elías Piña, que hace frontera con Haití.
En declaraciones a la agencia de noticias EFE este martes, el portavoz de la comunidad haitiana en Puerto Rico, indicó que las féminas llevaban dos semanas desaparecidas. “Una de ellas fue deportada hace dos meses y las otras fueron deportadas hace tres meses y 15 días”, especificó Prophil.
Los familiares de las víctimas contactaron al portavoz para que los ayudara a dar con su paradero.
En Puerto Rico, las migrantes vivían en los barrios de Barrio Obrero y Puerto Nuevo, en la zona metropolitana.
Las mujeres habrían sido víctimas de miembros de bandas que las secuestran para pedir dinero a parientes en EE.UU. por su rescate.
“Dejen a esta gente tranquila ya. Deportar a estas personas supone condenarlas a la muerte”, pidió el representante de los haitianos.
Medios en República Dominicana reportaron que el Ministerio de Defensa (MIDE) informó que, en relación con los hechos, militares arrestaron, el pasado 27 de enero, a un haitiano identificado como Chin Laduse.
El hombre habría sido hallado entre matorrales a orillas de un río y estaba acompañado de un menor de edad, a quien identificó como su hijo.
De acuerdo con Listín Diario, el hombre se escondía por temor a represalias, ya que lo habían identificado como responsable por la muerte de varias mujeres cuyos cuerpos habían sido decapitados.
La Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto (J-5) del MIDE, dijo que Laduse declaró que, en respuesta a lo anterior, una turba incendió su vivienda en Haití.
Los haitianos fueron trasladados bajo custodia militar a la Fortaleza La Estrelleta del Ejército de República Dominicana (ERD), donde personal de la Dirección General de Migración (DGM) los identificaría a través de registros biométricos y otros procedimientos. Posteriormente, serían entregados a la Policía Nacional de Haití (PNH) para su procesamiento.
Los impulsores de la campaña “Migrar es un derecho” exigieron una “investigación independiente, transparente y urgente” sobre las circunstancias de las deportaciones y contra los responsables directos e indirectos de las violaciones y crímenes cometidos.
También emplazaron al presidente Donald Trump y a su equipo a cesar de inmediato los encarcelamientos y deportaciones masivas “que exponen a las personas a peligros inminentes, así como a la separación de sus familias y comunidades”.
Un tercer pedido de los grupos fue el “acceso efectivo y seguro a solicitudes de protección, asilo y procedimientos justos para todas las personas que buscan refugio en Puerto Rico”.
Las organizaciones también pidieron medidas de rendición de cuentas para las agencias y funcionarios que hayan violentado protocolos, leyes y derechos humanos.
Los grupos insistieron en su reclamo de implementación de políticas santuario y de no cooperación con agencias migratorias federales.
Las entidades además emplazaron a las autoridades a respetar el debido proceso de ley y que los casos de migrantes detenidos se vean en Puerto Rico en lugar de ser removidos a EE.UU., lejos de su familia y comunidad y sin apoyo legal.
Cabe señalar que la ACLU ha liderado recientemente varios recursos judiciales para evitar el traslado a territorio continental de inmigrantes detenidos por agencias como la del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y para requerir el regreso de otros.
Por ejemplo, esta semana, el tribunal federal en Puerto Rico ordenó el regreso a la isla de Teófilo Ávila, migrante que fue trasladado a Miami, Florida. La ACLU había radicado un “habeas corpus” para impedir su traslado.
Desde enero, la organización ha logrado detener el traslado fuera de la isla de otras tres personas, también detenidas por agentes de ICE. Estas han sido identificadas como Martín Medina de la Cruz, Diogene Fermín Fernández y Joan Alberto Zorrilla Lora.
Los impulsores de la campaña también reiteraron su llamado de acceso igualitario a la salud, educación, vivienda y defensa legal.
La campaña “Migrar es un derecho” fue lanzada en agosto pasado año con el fin de visibilizar y denunciar lo que consideran son políticas federales autoritarias por parte de la Administración Trump.
“También persigue reivindicar la historia migratoria de Puerto Rico, promoviendo un deber ético de resistencia y solidaridad con quienes buscan refugio. Además de exigir cambios estructurales en las políticas migratorias a nivel estatal y federal, el movimiento ofrece guías y recursos para la defensa comunitaria, impulsando la acción política y legislativa desde una perspectiva de solidaridad”, exponen en el comunicado.
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