Tribunal de apelaciones confirma política de detención de inmigrantes de Trump sin audiencias de fianza
El fallo marca la primera vez que una corte de apelaciones ratifica una política, pese a que jueces de tribunales inferiores en todo EE.UU. la declararon ilegal
El DHS adoptó el año pasado la posición de que los no ciudadanos que ya residen en el país califican como solicitantes de admisión. Crédito: Andres Leighton | AP
La decisión de un panel conservador de 2 a 1 del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos con sede en Nueva Orleans marcó la primera vez que una corte de apelaciones ratifica una política y se produjo pese a que cientos de jueces de tribunales inferiores en todo Estados Unidos la declararon ilegal.
Pam Bondi, fiscal general de EE.UU., celebró el fallo en redes sociales, afirmando que representaba “un golpe significativo contra los jueces activistas que han estado socavando nuestros esfuerzos para que Estados Unidos vuelva a ser seguro en todo momento”.
Se estima que el fallo en cuestión afecte a miles de personas, ya que la jurisdicción del tribunal abarca Texas y Louisiana, que están llenos de centros de detención y albergan gran parte de inmigrantes detenidos.
De acuerdo con la ley federal de inmigración, los “solicitantes de admisión” a los Estados Unidos están sujetos a detención obligatoria mientras sus casos se procesan en los tribunales de inmigración y no son elegibles para audiencias de fianza, informó NBC News.
En contra de una interpretación de larga data de la ley, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adoptó el año pasado la posición de que los no ciudadanos que ya residen en el país, y no solo aquellos que llegan a un puerto de entrada en la frontera, califican como solicitantes de admisión.
La Junta de Apelaciones de Inmigración, que forma parte del DHS, emitió una decisión en septiembre que adoptó esa interpretación, lo que llevó a que los jueces de inmigración empleados por el departamento en el ámbito nacional ordenaran el arresto.
Asimismo, provocó una avalancha de demandas por parte de personas que argumentan haber sido detenidas injustamente. Entre ellas estaban los demandantes en los casos ante el Quinto Circuito, los mexicanos Víctor Buenrostro Méndez y José Padrón Covarrubias, quienes habían convencido a los jueces de primera instancia de que se les había negado de forma injusta las audiencias de fianza.
Sin embargo, la jueza del Circuito de EE.UU. Edith Jones afirmó que la reinterpretación que hizo el gobierno de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996 era correcta.
“El texto dice lo que dice, independientemente de las decisiones de administraciones anteriores”, escribió para gran parte del panel, que incluía a dos jueces nombrados por presidentes republicanos.
La jueza de circuito estadounidense Dana Douglas, designada por el expresidente demócrata Joe Biden, se opuso y dijo que el Congreso que aprobó la ley de 1996 “se sorprendería al saber que también había exigido la detención sin fianza de dos millones de personas”.
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