“Yo migré”, la campaña en Puerto Rico con figuras públicas que pide no criminalizar a migrantes y frenar detenciones arbitrarias
La iniciativa de organizaciones que velan por los derechos civiles y humanos incluye el relato de periodistas que migraron a Puerto Rico
Varias figuras públicas participan de la campaña "Yo migré" en Puerto Rico. Crédito: ACLU | Cortesía
NUEVA YORK – A Felipe Gómez Martínez miles lo ven casi a diario por la televisión reportando sobre los asuntos políticos y sociales que marcan la realidad puertorriqueña.
Sin embargo, la ruta del reconocido periodista para llegar a la posición en la que está ha implicado muchos sacrificios, entre estos migrar con su madre a Puerto Rico a temprana edad.
En República Dominicana, donde nació, no hallaron las oportunidades para prosperar económicamente y lograr mayor movilidad social.
“Mi familia y yo migramos a mediados de 1971 desde la República Dominicana por razones económicas, y complementado por un temor y preocupación en el aspecto de seguridad política. Yo tenía cinco o seis años cuando mi mamá comenzó a hacer ese proceso. Ella migró a Puerto Rico, y, a través de su trabajo como costurera, fue que logró generar ingresos para tratar de traer a sus seis hijos”, cuenta en un video Gómez Martínez con más de 40 años de trayectoria como comunicador.
El reportero y ancla de Noticentro por Wapa-TV reveló que la angustia entre la familia, y, particularmente, de su madre ante el temor de no poder traer a todos sus hijos matiza los recuerdos de su historia migratoria de República Dominicana a Puerto Rico.
“Fueron muchas horas de angustia y muchas horas de incertidumbre porque la idea era que viniéramos todos y el temor mayor era que no se pudiera completar el proceso, que se quedara alguien atrás, pero pudo lograrlo, y eso es algo que yo valorizo muchísimo”, relata Gómez Martínez.
El migrante comparte que, si algo le ha enseñado su traslado entre los países vecinos, es que todas las personas tienen el derecho de buscar las maneras de mejorar su calidad de vida y sentirse seguros.
“La migración me ha enseñado que hay oportunidades en la vida que hay que tomar porque toda persona tiene la oportunidad de buscar una mejor calidad de vida, de busca una mejor protección si ese es el caso, forjar sus sueños. El mundo se forjó gracias a los migrantes. Basta mirar la historia para uno saber por qué es un derecho migrar; por qué no debemos criminalizar al migrante; por qué no debemos discriminarlos. Inclusive, le han dado un impulso muy necesario a la economía de los países, a las culturas; darle un matiz diferente a lo que viene a ser la solidaridad humana y el valor de la amistad”, expone.
“¡Saca la cara Puerto Rico, basta de encarcelar a personas migrantes!”, emplaza el portavoz como parte de su llamado a favor de los migrantes en la isla.
La narración del periodista es una de varias que componen la campaña audiovisual “Yo migré”, anunciada esta semana por la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), Amnistía Internacional, Comuna Caribe y Kilómetro 0.
La iniciativa busca reforzar el llamado de las organizaciones contra lo que consideran políticas antimigratorias abusivas por parte de la Administración Trump que, en muchos casos, han implicado detenciones arbitrarias y la violación del debido proceso de ley.
“Ante el aumento de redadas y detenciones arbitrarias, reafirmamos que migrar no es un crimen, es un derecho. Con ‘Yo migré’ queremos romper la narrativa de miedo y criminalización, y recordar que detrás de cada deportación hay familias, trabajo, comunidad y una vida que merece dignidad. Puerto Rico no puede normalizar la violencia institucional y por eso exigimos protecciones reales, acceso igualitario a servicios esenciales y que los recursos del país se utilicen para cuidar a nuestra gente, no para perseguirla”, plantearon las entidades en un comunicado sobre el alcance de la campaña.
A juicio de los activistas, la Administración Trump ha intentado reducir el tema migratorio a un asunto de crimen y violencia.
“‘Yo migré’ es una respuesta clara en la que afirmamos que la migración es vida, es familia, es trabajo, es comunidad, es un derecho humano”, añadieron.
La historia migratoria del también periodista, pero de origen chileno, Carlos Weber es otra de las que consta en la recopilación.
Weber nació en el país sudamericano, pero reside en Puerto Rico desde 1989, tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al presidente Salvador Allende e instituyó la dictadura del general Augusto Pinochet.
La experiencia de Weber se recoge en el documental Cuentas Pendientes (2023).
La compilación también incluye a Larissa Dones, actriz e influencer nacida en Puerto Rico, pero criada por su abuela Ceci, una inmigrante dominicana.
Eyra Agüero, actriz y animadora, también nació en Puerto Rico, pero de padres dominicanos.
Otra de las historias contadas a través de la campaña es la de Romelinda Grullón, fundadora del Centro de la Mujer Dominicana. Grullón es una dominicana residente en Puerto Rico. Desde el 2003 dirige la entidad que auxilia a mujeres migrantes que enfrentan violencia de género.
Otro participante en la campaña es Leonard Prophil, líder y portavoz de la comunidad haitiana en la isla. Prophil, quien reside en Puerto Rico desde 2004, apoya a migrantes que llegan, particularmente por mar.
Pilar Lara es una maestra de educación Montessori. Lara nació en México, pero migró con su esposo y sus dos hijos a la isla en la década de 1990.
La campaña “Yo migré” consta de videos cortos con los testimonios de figuras reconocidas en áreas como medios, arte, educación y comunidad.
El proyecto fue desarrollado en colaboración con la casa productora Filmes Zapatero.
En agosto de 2025, las organizaciones lanzaron la campaña “Migrar no es un crimen, migrar es un derecho” contra el “patrón sostenido de violencia institucional contra comunidades migrantes en Puerto Rico”.
La campaña surgió en respuesta al incremento en las intervenciones federales en el archipiélago desde enero del referido año, las que se han traducido en más de 1,500 detenciones. La mayoría de detenciones fueron realizadas sin órdenes judiciales firmadas por un juez y la mayoría de los migrantes afectados no tienen récord criminal.
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