Editorial: Los impuestos del inmigrante ameritan su confidencialidad

En estos días, y como cada año, más de 150 millones de estadounidenses se dedican febrilmente a preparar sus declaraciones de impuestos. Muchos se prepararon durante meses, recolectando documentos, haciendo cálculos, preparando el pago si ganaron lo suficiente o planificando qué hacer con el dinero que el Tío Sam en su generosidad les enviará en pocas semanas. 

Para el Servicio de Impuestos Internos IRS es una operación gigantesca, que utiliza la labor de 90,000 empleados de tiempo completo. Y para asistir a la población este año habrá más de 195,000 contadores públicos autorizados (CPAs), más de 65,000 agentes registrados (EAs) y decenas de miles de preparadores sin credenciales pero legales. 

 La preparación de impuestos es un ejercicio que abarca a todos los estadounidenses por igual, ricos y pobres, trabajadores, jubilados y estudiantes. 

Y entre ellos, están los inmigrantes, tanto legales y en vías de naturalización como indocumentados. Cada año, los inmigrantes pagan al fisco muchos miles de millones de dólares, contra lo que argumenta el gobierno. No son aprovechados: contribuyen a nuestra economía y a cambio muy poco reciben. 

Para el indocumentado, la preparación de impuestos ha sido por décadas una fuente no tanto de ingreso como  orgullo. Además, es la ley: legal o no, tienes que pagar tus impuestos. Como todos. 

El país que no los ha reconocido como parte de sí los íntegra de esta manera. Como no tienen un número de seguro social como los ciudadanos, obtienen el ITIN: el número de  Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Con esto pagan.

Porque si no lo hacen, el IRS le cobrará una multa, hasta el 25% equivalente a los impuestos que no ha pagado, por cada mes que no haya pagado. 

Así lo ha hecho el inmigrante durante décadas. Por lo menos, se dice, por lo menos he pagado mis impuestos. Y lo he hecho con seguridad, porque mis datos son, por ley, confidenciales y nadie más puede obtenerlos. 

Hasta ahora. Hasta que llegó Trump con su obsesión de deportar a los indocumentados y mientras tanto, hacerles la vida aquí imposible. Con la amenaza de la captura, arresto, encarcelamiento, la crueldad, la separación de familias, el fin de lo que pudo ser el sueño americano. 

En agosto pasado, el IRS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE comenzaron a implementar un acuerdo por el cual el primero se comprometió a compartir datos confidenciales de contribuyentes con autoridades de inmigración para ayudar a localizar a indocumentados. 

El acuerdo había sido firmado en abril entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El acuerdo estipula que ICE presentará los datos básicos de contribuyentes que habrían violado leyes migratorias. El IRS confirmará y ampliará la información, con datos suficientes para que La Migra localice a la persona. 

A fines de ese mes, 250 organizaciones pro inmigrantes publicaron una solicitada contra el acuerdo. 

Aquí el dilema del inmigrante: pagar sus impuestos o cobrar el excedente y arriesgarse a que lo aprehendan y deporten, o replegarse una vez más detrás de las sombras, desaparecer en el contexto económico del país. 

Una jueza federal en Massachusetts declaró en noviembre que el acuerdo es ilegal,  bloqueando el uso de las direcciones fiscales para deportaciones y priorizando la confidencialidad garantizada por la ley. Además, prohibió a ICE emplear la información así obtenida proporcionada por el IRS. Agregó que en muchos casos la identificación sería imposible ya que muchas familias migrantes comparten domicilios y apellidos comunes. 

Sin embargo, días atrás un panel de tres jueces federales en Washington DC permitió lo contrario al rechazar una apelación de organizaciones comunitarias pro inmigrantes. 

 Empeoró la situación la filtración de 42,695 datos de contribuyentes que habían presentado sus impuestos y que no figuraban en la lista de ICE.

En este limbo judicial, tal como lo afirmó esta semana la organización comunitaria UnidosUS,  “Ningún tribunal ha autorizado aún el intercambio de datos del IRS con ICE”.

Así, el IRS se convirtió en un aliado crucial en la caza de indocumentados. En protesta por el acuerdo controversial el comisionado en funciones de la agencia dimitió el año pasado. 

Esta acción es una violación de la confianza que los inmigrantes depositaron en ella creyendo la promesa de la confidencialidad. 

Va más allá del grupo hoy atacado, los indocumentados. Será una hoja de ruta para que el gobierno acceda a información de los contribuyentes en general sin necesidad de obtener una orden judicial, como lo exige la ley. 

¿Qué puede hacer el inmigrante? La opinión generalizada es que tiene que cumplir la ley y seguir presentando impuestos, demostrando “buena conducta moral” y residencia continua, algo que es esencial para futuros procesos migratorios.  No declarar impuestos se considera evasión fiscal. 

Sin embargo, se aconseja consultar con un abogado de inmigración para evaluar riesgos, y considerar el uso de casillas de correo privadas para actualizar la dirección en lugar de la de su residencia. Y el IRS estaría esperando un fallo final antes de entregar la información. De la lista de 1,280,000 adultos enviados por ICE para su verificación, se verificó hasta ahora menos de 100,000.

Esta cooperación ha sido ampliamente criticada. La semana pasada, el Washington Post en un editorial opinó que “La infracción de la ley del IRS insulta a todos los contribuyentes” y criticó las implicaciones que esto tiene para todos los ciudadanos. 

Este gobierno cuenta con las contribuciones de los inmigrantes, y una caída de solo 10% en ellas le costaría 8,600 millones de dólares cada año. 

Es un dilema cruel para las comunidades migrantes, que no merecen quienes simplemente están cumpliendo la ley y pagando por servicios que ni siquiera reciben.