DHS culpa a jueza de ordenar la liberación de un pandillero de la MS-13
El DHS acusó a un juez de ordenar la liberación de un presunto miembro de la MS-13 detenido por ICE, sin detallar los motivos de la decisión
Foto divulgada por el DHS del presunto pandillero de la MS-13. Crédito: DHS | Cortesía
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) criticó este martes la orden de un juez federal que dispuso la liberación de Carlos Antonio Flores-Miguel, un inmigrante indocumentado y presunto miembro de la pandilla MS-13 que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, tachó de “activista” a la jueza Susan Richard Nelson -a quien no mencionó- y remarcó que fue designada bajo la administración de Barack Obama. No quedó claro en el comunicado el motivo de la orden de la jueza.
“Este pandillero ya había sido LIBERADO por la administración Biden en 2022. Liberar a delincuentes violentos es una imprudencia inexcusable, y ahora este criminal podrá perpetrar más crímenes contra ciudadanos estadounidenses inocentes”, declaró Bis en el comunicado.
El DHS indicó que Flores-Miguel fue arrestado el 20 de enero de 2026 en Minnesota durante una operación dirigida del ICE. Según el comunicado, durante la detención se resistió golpeando y pateando a los agentes e incluso arrebató la funda del arma de un oficial.
La agencia también detalló que Flores-Miguel ingresó a Estados Unidos en septiembre de 2016 y fue deportado en octubre de ese año. Posteriormente habría reingresado y sido deportado nuevamente en marzo de 2017. En octubre de 2021, según el comunicado, ingresó por tercera vez y fue liberado en junio de 2022.
Deportación a otro país
El DHS afirmó que un juez emitió una orden final de deportación, determinando que podía ser removido a cualquier país excepto El Salvador.
“El presidente Trump está haciendo cumplir la ley y arrestando a inmigrantes indocumentados que no tienen derecho a estar en nuestro país. Estamos aplicando la ley tal como está escrita. Si un juez de inmigración determina que un inmigrante indocumentado no tiene derecho a estar en este país, lo deportaremos. Punto”, declaró Bis.
Entre los antecedentes mencionados por la agencia en su declaración figuran presuntos delitos como violación, resistencia a la autoridad y reingreso ilegal, además de un arresto previo en El Salvador por robo.
El DHS sostuvo que el caso demuestra la importancia de las deportaciones a terceros países para ejecutar órdenes finales cuando no es posible la remoción al país de origen.
Un tribunal federal de apelaciones autorizó recientemente a la administración Trump a continuar deportando inmigrantes a países distintos de sus países de origen.
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