Tribunal Supremo desafora a exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, indultada por Trump en caso por corrupción
La exmandataria no podrá ejercer la profesión tras la decisión del Supremo de Puerto Rico esta semana
Wanda Vázquez, exgobernadora de Puerto Rico convicta por corrupción. Crédito: Carlos Giusti | AP
NUEVA YORK – Wanda Vázquez, la exgobernadora de Puerto Rico que se declaró culpable a nivel federal de corrupción, no podrá ejercer la abogacía ni la notaría, luego de que el Tribunal Supremo en el territorio la suspendió este lunes de manera inmediata e indefinida del ejercicio de la profesión.
Ese foro determinó, de manera unánime, que Vázquez, quien en enero pasado fue indultada de manera “total” e “incondicional” por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “se apartó del deber ético de exaltar el honor y la dignidad de la profesión legal”.
“El delito de financiamiento de campañas políticas por el cual se declaró culpable mientras ejercía sus funciones como gobernadora, menoscaba gravemente la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales, así como la integridad y credibilidad que deben caracterizar a la profesión legal”, lee parte de la sentencia.
El panel decidió que la actitud “deshonrosa” de Vázquez mientras era gobernadora “vulnera las normas de conducta profesional” con las que deben cumplir todos los abogados.
“Nos encontramos ante un caso en el que la conducta deshonrosa de la abogada, ocurrida mientras se encontraba en funciones como gobernadora, vulnera las normas de conducta profesional que deben observar celosamente todos los abogados, lacerando, además, la confianza del Pueblo en los funcionarios públicos y en los procesos electorales democráticos”, expuso el organismo.
El Tribunal Supremo, que regula el ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, tiene la facultad para investigar, sancionar y desaforar (suspender o expulsar) a abogados y notarios por conducta ética impropia.
El fallo explicó que el 27 y 29 de enero pasado, el Tribunal Federal en la isla remitió al Supremo copia de las referidas sentencias de desestimación a raíz del indulto del Presidente. El 4 de febrero, el tribunal emitió una resolución en la que le concedió un tiempo a Vázquez para mostrar causa por la cual no debía ser disciplinada, tras haberse declarado culpable de un delito menos grave de financiamiento de campañas.
En específico, la exgobernadora reconoció haber aceptado promesas de donaciones para su campaña política en su aspiración a la gobernación en violación a la Ley federal de Campañas Electorales.
“El 3 de marzo de 2026, la licenciada Vázquez compareció ante este tribunal. En esencia, detalló su extenso historial profesional, las incidencias procesales de los casos criminales ventilados en su contra ante el tribunal federal, así como el daño emocional, psicológico y económico experimentado tanto por ella como por su familia”, continuó el escrito.
Otro de los argumentos de la también exsecretaria del Departamento de Justicia para tratar de que no la desaforaran fue que su conducta se limitó estrictamente a aceptar una promesa de contribución y que los hechos no ocurrieron mientras ejercía la profesión o fungía en una posición pública.
“En relación con el delito menos grave por el que se declaró culpable mediante alegación preacordada expuso, entre otros aspectos, que su conducta se limitó estrictamente a aceptar una promesa de contribución a su campaña política y no en beneficio personal pecunarios. La licenciada Vázquez argumentó, además, que los elementos del delito menos grave en cuestión no demuestran conducta deshonrosa ni de depravación moral, toda vez que no están presente los elementos de fraude y engaño. Asimismo, destacó que dicho delito tampoco ocurrió en el desempeño de la profesión de la abogacía ni en su función pública, sino como ‘una ciudadana en un proceso político'”, detalló el documento.
El fallo indicó que está en la jurisdicción del Tribunal Supremo la facultad inherente de separar a un abogado del ejercicio de la profesión y no tiene que basarse únicamente en razones decretadas por la Asamblea Legislativa.
“Hemos resuelto que esta facultad puede ejercerse aún cuando las actuaciones del abogado no estén relacionadas con el ejercicio de su profesión, si se demuestra que su conducta lo hace indigno de pertenecer a este Foro. Basta que las actuaciones del abogado menoscaben sus condiciones morales”, decidió el foro.
“En esa línea, la Sec.12 de la Ley 1090 reconoce la facultad de este tribunal para desaforar o suspender a un abogado por mala conducta en el ejercicio de la profesión o por cualquier otra causa que justifique su suspensión y destitución”, añadió el dictamen.
El panel argumentó que el fin del procedimiento no es castigar al abogado, sino proteger a la comunidad y a la profesión legal.
“Así la obligatoriedad de los postulados éticos recogidos en los cánones o reglas de ética profesional está garantizada precisamente por la autoridad de sancionar que tiene este tribunal”, afirmaron.
Con respecto al impacto del indulto presidencial en el trámite disciplinario del Tribunal Supremo, el texto judicial indica que la concesión del mismo “no tiene la facultad de borrar los actos cometidos, a los fines de determinar la suspensión o desaforo, cuando este es abogado”, lo que significa que la jurisdicción disciplinaria “rebasa y es irrespectiva” del indulto.
Le quitan las escoltas a Wanda Vázquez
Esta semana, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, ordenó la eliminación del servicio de escoltas a Vázquez.
La acción fue notificada por el superintendente de la Policía, Joseph González.
De acuerdo con un comunicado, la Administración solicitó una opinión legal del Departamento de Justicia antes de proceder.
“Desde que Wanda Vázquez fue acusada por actos de corrupción por el gobierno federal, el pueblo de Puerto Rico ha cuestionado la necesidad y la legalidad de que reciba servicios de escoltas. Ese cuestionamiento se convirtió en reclamo de que se les eliminaran las escoltas, inmediatamente trascendió que la licenciada había aceptado declararse culpable”, indicó el parte de prensa
González argumentó que, contrario al análisis legal interno de la agencia que representa, el de Justicia estableció que no había impedimento legal ni constitucional para eliminar las escoltas a Vázquez.
“Como persona de ley y orden, solicité el análisis legal correspondiente para que esta decisión se sostuviera en derecho. Sin embargo, la interpretación de nuestra división legal sobre las leyes, reglamentos y disposiciones constitucionales aplicables fue que, como exgobernadora, la Lcda. Wanda Vázquez tenía un derecho adquirido que no se podría revocar. Obviamente, respeté esa interpretación, pero no quedé satisfecho, como tampoco quedó satisfecha la gobernadora, Jenniffer González, quien le solicitó una opinión al Departamento de Justicia, que es, en última instancia, el representante legal del pueblo”, planteó el superintendente.
Vázquez militaba en el mismo partido de la gobernadora, el Nuevo Progresista (PNP).
Al momento, la medida de administración que eliminaría el servicio de escoltas para exgobernadores convictos, ya sea en el foro estatal o federal, así como de aspirantes a la gobernación y a comisionado residente en Washington D.C., permanece en un comité de conferencia en la legislatura local.
Aunque fue aprobado en ambos cuerpos, tras la integración de más enmiendas, la medida debe ser evaluada en comité para una versión final.
El 4 de agosto de 2022, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron a la exgobernadora, luego de que un gran jurado presentó siete cargos de corrupción, que incluían soborno. Junto a Vázquez fueron acusados el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, y el exagente del FBI, Mark Rossini.
El 27 de agosto de 2025, Vázquez se declaró culpable como resultado de un acuerdo con la Fiscalía. Los coacusados hicieron lo propio.
El 15 de enero pasado, trascendió del indulto otorgado por Trump a la exgobernadora, quien lo apoyó públicamente en su campaña electoral de 2020.
El perdón también fue concedido a Herrera Velutini y a Rossini.
Inicialmente, Vázquez se declaró no culpable de conspirar y aceptar sobornos para financiar su campaña primarista en el 2020, la que la enfrentó a Pedro Pierluisi.
Según el pliego acusatorio, desde diciembre de 2019 hasta junio del 2020, la entonces gobernadora participó en un esquema de soborno con el resto de los coacusados.
En el 2019, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), investigaba a Herrera Velutini y las transacciones y operaciones de Bancrédito.
A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini alegadamente prometieron apoyar la campaña electoral de Vázquez Garced si esta despedía al entonces comisionado de OCIF y nombraba a otro seleccionado por el banquero.
