Opinión del Departamento de Justicia sobre Ley de Registros Presidenciales obstaculizaría acceso a información pública, asegura experto
Esta semana, el DOJ declaró inconstitucional la Ley de Registros Presidenciales, lo que podría afectar el acceso a archivos de la Casa Blanca
Dos guardias permanecen en sus puestos junto a las vitrinas que contienen la Constitución de los Estados Unidos en los Archivos Nacionales, el 29 de enero pasado. Crédito: John McDonnell | AP
NUEVA YORK – La opinión del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) que declaró inconstitucional la Ley de Registros Presidenciales (Presidential Records Act o PRA) pone en jaque el marco legal que siguen los archivistas desde hace décadas y podría bloquear varios registros de la Casa Blanca, incluyendo millones de correos electrónicos.
Un artículo en POLITICO este viernes alertó que la postura del DOJ bajo la Administración Trump podría traducirse en trabas de acceso público a información gubernamental que se encuentran en esos registros desde que la ley entró en vigor en 1978.
“La opinión de la OLC (Oficina de Asesoría Jurídica del DOJ) podría abrir una caja de Pandora para la NARA (Administración de Archivos y Registros Nacionales) en lo que respecta a la forma en que procederá para hacer públicos los registros presidenciales de administraciones pasadas”, anticipó al medio Jason R. Baron, exdirector de litigios de los Archivos Nacionales.
El efecto sería más grave si la decisión se adoptara con carácter retroactivo, según la fuente.
“Si el Departamento de Justicia de Trump adopta la postura de que la opinión de la OLC se aplica con carácter retroactivo, podríamos ver a la NARA obligada a declarar que los registros de administraciones pasadas cubiertos por la Ley de Registros Presidenciales siempre debieron haber sido considerados de naturaleza ‘personal’, y que los tribunales carecen de jurisdicción para tramitar demandas… de acceso a dichos registros”, argumentó Baron.
PRA fue aprobada luego del escándalo de “Watergate” durante la Administración de Richard Nixon por el allanamiento en la sede del Comité Nacional Demócrata. El asunto llevó a la renuncia del presidente.
El estatuto establece que los presidentes deben entregar los documentos gubernamentales correspondientes a su mandato a los Archivos Nacionales una vez abandonen la Casa Blanca.
La ley rige los registros oficiales de los presidentes y vicepresidentes que fueron creados o recibidos después del 20 de enero de 1981.
La PRA estableció la titularidad pública de todos los registros presidenciales y define el término “registros presidenciales”. Además, dispuso una nueva estructura normativa bajo la que estos funcionarios, y, posteriormente, NARA deben gestionar los registros de sus administraciones.
Los empleados de los Archivos Nacionales diariamente se basan en la ley para revisar, editar y publicar documentos y material digital desde la presidencia de Ronald Reagan.
El análisis de la publicación especializada apunta a que la iniciativa de la Administración Trump persigue otorgar al presidente el margen legal necesario para destruir los registros de la Casa Blanca correspondientes a su actual mandato. De Igual manera, podría facilitar que la Administración se niegue a entregar archivos a NARA cuando el republicano salga de la posición.
En el memo con fecha del 1 de abril, la agencia planteó que “Presidential Records Act” es “inconstitucional” porque “excede los poderes enumerados e implícitos del Congreso y engrandece al Poder Legislativo a expensas de la independencia y autonomía constitucionales del Poder Ejecutivo”.
En el documento dirigido al asesor jurídico de Trump, se argumentó que la OLC va en contra de la Constitución por esas dos razones independientes, pero interrelacionadas.
“‘Toda ley promulgada por el Congreso debe fundamentarse en uno o más de sus poderes enumerados en la Constitución’… o en ‘aquellos poderes implícitos que sean necesarios y apropiados para llevar a efecto los poderes enumerados’… Asimismo, los intentos del Congreso de regular directamente a la Presidencia suscitan inquietudes acentuadas en lo que respecta a la separación de poderes”, expuso la Administración por medio de la opinión.
Añadieron que el Congreso no puede preservar los registros presidenciales con el mero fin de la posteridad y que la ley excede la autoridad reglamentaria del Congreso, ya que pretende regular a la Presidencia, “que el Congreso no creó y que no puede abolir”.
“Del mismo modo que el Congreso no podría, en términos constitucionales, invadir la independencia de la Corte Suprema ni expropiar los documentos del Presidente del Tribunal o de los Jueces Asociados, tampoco puede invadir la independencia del Presidente ni expropiar los documentos del Jefe del Ejecutivo”, planteó el Gobierno de Trump en el escrito.
El DOJ señaló que en este debate se debe reforzar el referido principio constitucional de la separación de poderes.
“A lo largo de los dos primeros siglos del experimento estadounidense de autogobierno, los Presidentes poseían y controlaban los documentos presidenciales, y el Congreso obtenía dichos documentos mediante la negociación política y el acomodo entre poderes, en lugar de hacerlo como un derecho inherente”, contrastaron.
“Esa práctica histórica se vio interrumpida por la Ley de Preservación de Grabaciones y Materiales Presidenciales (PRMPA) Ley Pública N.º 93-526, 88 Stat. 1695 (1974), que el Congreso aprobó en plena investigación del caso Watergate con el fin de anular un acuerdo que habría permitido al expresidente Richard M. Nixon ordenar la destrucción de sus propios registros presidenciales tras su dimisión. Esa pequeña grieta se convirtió en una gran fisura con la aprobación de la PRA…”, puntualizaron.
