ACLU demanda a la Policía de Puerto Rico por datos sobre fondos del DHS para operativos contra narcotráfico e inmigración ilegal
Alegan que el comisionado de la Policía, Joseph González, incumplió con su deber de entregar la información en el periodo estipulado
Foto de archivo facilitada por la Guardia Costera de EE. UU. que muestra a equipos de rescate junto a una embarcación volcada en el Paso de la Mona, que separa a la República Dominicana de Puerto Rico. Crédito: USCG | AP
NUEVA YORK – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico presentó un recurso de mandamus ante un tribunal en representación de un periodista para obligar a que la Policía de Puerto Rico libere información sobre el uso de fondos federales en la isla para la Operación Stonegarden, liderada por agencias migratorias bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En la solicitud con fecha del 20 de abril se alegó que el comisionado de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, incumplió con su deber de entregar los archivos en el periodo estipulado por la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley Núm. 141-2019).
La Operación Stonegarden (OPSG) incentiva la cooperación y coordinación entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP) y las agencias del orden público federales, estatales, locales, tribales y territoriales. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) también forma parte de los esfuerzos.
El fin es fortalecer la seguridad fronteriza, tanto las rutas terrestres como acuáticas.
El programa promueve el intercambio de información e inteligencia para responder a amenazas en las fronteras.
Los fondos asignados se utilizan para equipo especializado, vehículos oficiales, pago de horas extra, entre otros renglones.
En el caso de Puerto Rico, territorio de EE.UU., municipios como Aguadilla (en el oeste) reciben financiamiento a través del programa para combatir el tráfico de drogas y la inmigración ilegal a través de las fronteras.
Para el año fiscal 2024, la isla había recibido $1,069,643 dólares en financiamiento, según un reporte del DHS sometido al Congreso el año pasado.
Para esa fecha, 14 pueblos, incluyendo Aguadilla, manejaban fondos del programa. Aguada, Añasco, Camuy, Barceloneta, Ponce, San Juan, y Toa Baja también formaban parte de la lista.
“Los fondos del OPSG se asignan entre las jurisdicciones elegibles con base en los riesgos específicos de la frontera y la eficacia prevista del uso propuesto de los fondos de la subvención. La Evaluación de Riesgos del OPSG considera datos sobre amenazas, vulnerabilidades y consecuencias”, especifica la conclusión del reporte.
La ACLU plantea que la agencia local no respondió a la solicitud presentada por el comunicador Carlos Berríos Polanco sometida a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Puerto Rico.
El comunicado de la ACLU indica que a la Policía se le solicitó acceso a documentos relacionados con la administración y adjudicación de fondos, así como propuestas, memorandos de entendimiento y acuerdos de cooperación o subadjudicación suscritos con agencias federales entre los años fiscales 2018 y 2025.
Los demandantes además requirieron informes operacionales, registros sobre arrestos, citaciones y otras intervenciones realizadas durante esas operaciones. Entre otras cosas, se busca indagar sobre la naturaleza de los cargos de las personas arrestadas y si los casos se tradujeron en procesos estatales o federales.
Berríos Polanco, de Latino Newsletter, indicó que la intención detrás del recurso es documentar el alcance del programa en la isla y las implicaciones para las comunidades en términos de derechos civiles.
“Para mí es importante que el público esté consciente de que, cuando una agencia incurre en silencio administrativo, no incumple con un periodista, sino que le niega al país información necesaria para entender cómo se ejerce el poder público y en qué se utilizan los fondos de estos programas”, argumentó el periodista.
El documento del mandamus especifica que la solicitud se hizo el 20 de febrero y que se suponía que González y su equipo entregaran la información en o antes del 26 de marzo.
“En virtud del ordenamiento legal vigente la falta de contestación se considera un ‘Silencio Administrativo’ que equivale a una ‘denegatoria’ de acceso a Información”, lee parte del texto ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
Los peticionarios alegan que la agencia incumplió con el plazo de 20 días laborables para responder al requerimiento.
El término solo puede extenderse mediante prórroga, en circunstancias limitadas y justificadas, argumentan.
“El Artículo 7 de la Ley Núm. 141-2019, establece que el silencio administrativo se considera una denegatoria de acceso a la información, y que en ese escenario la parte solicitante tiene derecho a presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia y a acudir a otros mecanismos legales disponibles para impugnar la denegatoria tácita”, añade el texto.
El curso del trámite en el Portal de Transparencia Pública evidencia que el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) no emitió una determinación dentro del término aplicable, ni notificó una prórroga justificada conforme a la normativa legal aplicable.
“Por el contrario, transcurrido el término dispuesto, la solicitud quedó sin ser atendida y pasó a estatus de silencio administrativo. En consecuencia, el Negociado de la Policía de Puerto Rico incumplió con su obligación ministerial de atender la solicitud de acceso a información pública dentro del término provisto por ley, configurándose así una denegatoria tácita del acceso solicitado”, exponen.
Los fondos de Operación Stonegarden también fueron centro de controversia en el verano del 2025 cuando el secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, Arturo Garffer, amenazó con retirarle la subvención a Aguadilla, luego de que el alcalde Julio Roldán declarara al municipio “ciudad santuario” en defensa de los migrantes.
El ejecutivo municipal había firmado una ordenanza, a principios de julio, para prohibir a los empleados municipales colaborar con redadas o investigaciones migratorias y para crea un protocolo para el manejo de solicitudes de información por parte de agencias federales.
Garffer notificó mediante carta a Roldán sobre la supuesta decisión de remover el financiamiento para los años fiscales 2023 y 2024 a través del programa.
Sin embargo, la amenaza de retiro de fondos no llegó a ejecutarse, según confirmó el propio Roldán en entrevista con El Diario en enero pasado.
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