Tribunal Supremo de Puerto Rico le da la razón a la ACLU en caso por suministro de datos de licencias de conducir de migrantes a ICE
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), entidad que presentó la demanda, expuso que la decisión reafirma el derecho al acceso a la información pública
En Puerto Rico, migrantes indocumentados pueden obtener su licencia de conducir en virtud de la Ley Núm. 97 del 7 de agosto de 2013. Crédito: Rogelio V. Solis | AP
NUEVA YORK – El Tribunal Supremo de Puerto Rico falló en contra del Gobierno al declarar no ha lugar la solicitud del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para revisar decisiones de cortes inferiores que establecieron que la agencia debía suministrar información sobre la entrega de datos de licencias de conducir de migrantes a las autoridades federales.
En un comunicado este lunes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, entidad que presentó la demanda, expuso que la decisión reafirma el derecho al acceso a la información pública.
Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, planteó que la determinación obliga al DTOP a proveer la documentación sobre el traspaso de información confidencial de unos 6,000 migrantes a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y al DHS (Departamento de Seguridad Nacional) para facilitar las intervenciones migratorias ordenadas por la Administración Trump.
“Esta resolución del Supremo confirma, una vez más, que el secretario del DTOP tiene la obligación de hacer público el alegado subpoena (requerimiento emitido por una agencia o autoridad administrativa) y cualquier documento atado a la entrega voluntaria de los datos personales de miles de personas inmigrantes en Puerto Rico, a quienes el propio Gobierno les había prometido confidencialidad en virtud de la Ley 97 de 2013″, indicó la licenciada en referencia al estatuto que autorizó la expedición de licencias a personas sin estatus migratorio legal.
Parte del argumento de la organización es que las autoridades locales pusieron en peligro la seguridad de miles de migrantes que confiaron en que el DTOP mantendría confidenciales los datos que proveyeron para sacar la licencia de conducir.
La ACLU alegó que, tanto el pedido de información por parte de ICE como la entrega voluntaria del DTOP, responden a “un operativo de persecución contra personas inmigrantes que confiaron en el Estado al solicitar una licencia de conducir”.
El 1 de octubre pasado, la ACLU presentó un recurso en respuesta a la negativa del secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, a cumplir con una petición de acceso a información sometida por la organización. La ACLU busca obtener detalles sobre cómo la agencia manejó y respondió el requerimiento de las autoridades federales. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado a la agencia a suministrar el subpoena sobre el traspaso de datos. Bajo el argumento de que era información confidencial, el DTOP incumplió y decidió acudir al Tribunal de Apelaciones, que ratificó la decisión judicial previa.
La ACLU señaló, citando el dictamen del Apelativo, que “el derecho de acceso a la información es reconocido como un derecho humano y constitucional de rango fundamental”.
El mandato judicial además expuso que el DTOP y el Departamento de Justicia intentaron escudarse en generalidades sobre “investigaciones en curso” y “seguridad pública” para no divulgar el documento.
El Departamento, no conforme con el fallo, levantó su reclamo ante el Supremo.
Aunque la resolución de la jueza asociada Pabón Charneco y los jueces asociados Estrella Martínez y Candelario López fue emitida el 17 de abril, no se informó de la misma hasta el pasado viernes.
A raíz de la decisión del máximo foro, se activó un periodo de 10 días en el que el Gobierno de Puerto Rico pueden solicitar una reconsideración.
“Nuestro llamado al secretario del DTOP es que cumpla con la orden de entrega, en reconocimiento a la conclusión inequívoca de que la información que intenta mantener oculta es pública, y que el país tiene el derecho de saber cómo y por qué se toman decisiones, en este caso relacionadas a las comunidades inmigrantes en Puerto Rico”, emplazó Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU en la isla.
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