El Congreso debe actuar ahora para proteger a las instituciones al servicio de los hispanos
El presupuesto propuesto por la Administración para el año fiscal 2027 eliminaría los fondos federales destinados a las HSI
El Capitolio de los Estados Unidos fue fotografiado el martes 7 de abril de 2026 en Washington. Crédito: Rahmat Gul | AP
A medida que muchas universidades e instituciones de educación superior llegan al final de su año académico, es importante que defendamos los programas que hacen posible que los latinos y otros estudiantes con recursos limitados alcancen sus sueños educativos.
Es por ello que viajé a Washington D.C. el mes pasado para solidarizarme con estudiantes, legisladores y líderes de la educación superior en el Foro Anual del Capitolio, organizado por la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU, por sus siglas en inglés). Estuvimos allí para transmitir un mensaje urgente al Congreso: proteger y financiar plenamente a las Instituciones al Servicio de los Hispanos (HSI, por sus siglas en inglés) y a las Instituciones al Servicio de las Minorías (MSI).
Actualmente, estas instituciones se encuentran bajo ataque, y las consecuencias de la inacción podrían tener repercusiones monumentales en el acceso a la educación superior para los estudiantes de todo el país.
En este momento, el presupuesto propuesto por la Administración para el año fiscal 2027 eliminaría los fondos federales destinados a las HSI y a otras instituciones al servicio de las minorías. Simultáneamente, una demanda federal ?Tennessee and Students for Fair Admissions v. U.S. Department of Education? pretende desmantelar por completo el programa de las HSI. En conjunto, estos esfuerzos no representan meros cambios de política; constituyen un desafío directo a la cuestión de quién tiene acceso a las oportunidades en este país.
Las HSI atienden a más de 5.6 millones de estudiantes en más de 615 instituciones, matriculando al 67.3% de todos los estudiantes universitarios de pregrado latinos. Nueva York y Nueva Jersey, por ejemplo, cuentan con un total de 65 HSI.
Esta demanda incurre en graves errores. El programa de las HSI constituye una inversión en instituciones que ya atienden a un gran número de estudiantes latinos, garantizando así que todos los alumnos de dichas instituciones dispongan de los recursos necesarios para alcanzar el éxito. Tanto el Congreso como los tribunales han reconocido esta necesidad crítica desde hace décadas.
Estos fondos fortalecen a los campus en su totalidad, generando oportunidades y recursos que benefician a todos los estudiantes; asimismo, contribuyen a mejorar la infraestructura de los campus y proporcionan programas de apoyo académico y servicios estudiantiles. Esta demanda forma parte de un esfuerzo más amplio para revertir los derechos civiles y desmantelar los programas que amplían el acceso a la educación superior. En cada panel y conversación en los que participé durante mi estancia en Washington D.C., el mensaje fue alto y claro: estas instituciones son esenciales.
Si se retira la financiación a las HSI, el impacto se hará sentir de inmediato. Menos programas de apoyo académico, menos fondos para el profesorado y la infraestructura, menos vías hacia la movilidad económica para millones de estudiantes —no solo para los estudiantes latinos, sino para todos aquellos que dependen de estas instituciones.
El Congreso tiene la autoridad para proteger a estas instituciones. Nuestros legisladores deben rechazar los recortes presupuestarios propuestos, y el Congreso debe financiar plenamente los programas de los Títulos III y V, los cuales brindan apoyo a las Instituciones al Servicio de los Hispanos (HSI, por sus siglas en inglés) y a otras instituciones que sirven a minorías.
En LatinoJustice PRLDEF, llevamos décadas luchando para ampliar el acceso a la educación y defender los derechos civiles. Nuestra decisión de intervenir en la demanda que impugna el programa HSI surge tanto de nuestra experiencia jurídica como de la realidad vivida; sabemos lo que estas instituciones significan para los estudiantes y las comunidades. Lo vemos a diario: vemos a los estudiantes que son los primeros en sus familias en asistir a la universidad, y vemos el efecto multiplicador que esto genera en nuestra fuerza laboral y en nuestra economía.
Si permitimos que se desmantelen las HSI, estaremos cerrando las puertas al talento, a las oportunidades y al futuro de millones de estudiantes. Pero si actuamos, podremos proteger y fortalecer uno de los motores de oportunidades más eficaces con los que cuenta este país. Hacemos un llamado al Congreso no solo para que defienda estos programas, sino para que los financie plenamente; y hacemos un llamado a nuestras comunidades para que alcen su voz y destaquen la importancia de estas instituciones en nuestras ciudades, pueblos y estados.
Lourdes M. Rosado es la presidenta y asesora legal general de LatinoJustice PRLDEF.
