Miles de familias en Puerto Rico en riesgo de ser desplazadas de vivienda pública o subsidiada bajo nuevas normas de HUD

NUEVA YORK – Más de 140,000 ciudadanos en Puerto Rico podrían sufrir el impacto de las nuevas normas propuestas por el Departamento de Vivienda de Estados Unidos (HUD) para limitar el acceso a vivienda pública y subsidiada, anticipó la organización Ayuda Legal Puerto Rico a El Diario.

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En entrevista, Ariadna Godreau Aubert, directora de la entidad que ofrece ayuda legal gratuita a personas de bajos ingresos en casos relacionados con vivienda, alertó que las cuatro reglas contempladas incrementarían el problema de desplazamientos en la isla.

La entrevistada explicó que, ante la alta dependencia de Puerto Rico a la asistencia federal, los efectos en el territorio serían significativos.

“En el caso de estos reglamentos, aplican a todos los estados y jurisdicciones de los EE.UU. En Puerto Rico, hay una alta dependencia en lo que es la asistencia federal para vivienda pública. Estamos hablando que la mitad de nuestro presupuesto son fondos federales, así que existe una gran tasa de personas que viven bajo el nivel de pobreza y que necesitan programas de asistencia pública, incluyendo los programas de vivienda. La situación es comparada a estados que tienen población empobrecida”, expuso la licenciada.

Godreau Aubert citó los resultados de un informe del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) publicado el 6 de mayo para sostener su argumento.

El estudio sobre asistencia pública detalló que las familias en Puerto Rico residen en vivienda pública un promedio de 18 años.

“Este es el segundo promedio más alto comparado solo con el Estado de Nueva York, donde el periodo promedio de residencia es de 23 años. En todo EE.UU.,el tiempo promedio son 12 años”, comparó la abogada.

El reporte, titulado “Entre la espada y la pared: la caída abrupta de beneficios del Gobierno y la movilidad económica de las familias en Puerto Rico”, reveló que, aunque muchas familias optan por programas gubernamentales de asistencia, incluyendo los subsidios de vivienda, para aliviar su situación económica, estos no están diseñados para encaminar a las familias hacia su movilidad económica y social.

“Un examen minucioso de las reglas de elegibilidad de los principales programas de asistencia del gobierno, grupos focales y entrevistas con personal de las agencias confirman que el diseño de estos programas no es amigable al progreso de las familias. La pérdida abrupta de beneficios con aumentos pequeños en el ingreso pone a las familias entre la espada y la pared: las familias quieren progresar y proveer un mejor futuro a sus hijos, pero las reglas de los programas les dificultan construir un camino hacia su movilidad económica”, arrojó la evaluación.

La caída abrupta de beneficios se refiere a que los beneficios del Gobierno se reducen rápida y sustancialmente una vez los integrantes de familias de bajos ingresos comienzan a trabajar.

La mayoría de los programas de beneficios sociales están condicionados a los ingresos, lo que significa que, a medida que aumentan, se reducen o se pierden los beneficios. La seguridad económica de las familias puede verse comprometida si la pérdida de los beneficios resulta mayor al aumento en ingresos.

“Estas reducciones abruptas en la asistencia a las familias pueden desincentivar la inserción laboral, la expansión de horas trabajadas, o empujar a las personas hacia la economía informal, limitando así su movilidad económica”, explicó la recopilación de IDJ.

“Es falso decir que, una persona que empieza a trabajar y va a enfrentar una reducción en sus beneficios…pueda ser autosuficiente y enfrentar la vida. No va a poder; no es real. Creo que no existen las condiciones para que eso pase”, secundó la fundadora de Ayuda Legal al hacer referencia al 40% de los boricuas que viven bajo los niveles de pobreza.

Precisamente, una de las reglas propuestas por el HUD le requeriría a las Autoridades de Vivienda Pública (PHA) y a los propietarios de Asistencia de Alquiler Basada en Proyectos (PBRA) imponer requisitos laborales a adultos elegibles de hasta 40 horas semanales. Los adultos elegibles para trabajar son aquellos entre 18 y 61 años que no tienen discapacidades, no están embarazadas ni se encuentran inscritas en programas de educación superior. En el caso de Puerto Rico, la Administración de Vivienda Pública (AVP) sería la entidad encargada de hacer la verificación.

El argumento de la Administración Trump y del secretario de Vivienda, Scott Turner, es que buscan promover la autosuficiencia y reducir la dependencia a las ayudas gubernamentales.

“La asistencia de vivienda nunca tuvo por objeto atrapar a las personas aptas para trabajar en la dependencia del apoyo gubernamental durante toda su vida; más bien, debería servir como un cimiento temporal desde el cual impulsarse hacia una vida de autosuficiencia. Recibir un cheque de pago empodera; recibir un cheque de asistencia social, no. La norma propuesta por el HUD restituirá la dignidad y el bienestar entre los residentes a los que servimos. Nuestra propuesta amplía el acceso para las familias merecedoras que se encuentran en listas de espera, al tiempo que preserva las protecciones para los hogares compuestos por personas mayores y personas con discapacidad”, declaró Turner en un comunicado.

Godreau Aubert argumentó que exigir lo anterior sin incentivar el mercado laboral es ilógico.

“Obviamente, queremos que la gente trabaje, pero cuál es el mercado laboral que está dispuesto a absorberlo y qué asistencia pública perderían cuando se van a trabajar y terminan siendo castigados por trabajar”, cuestionó la experta.

Limitar la asistencia para vivienda a dos años

Otra de las propuestas incluye disposiciones para limitar el tiempo que una persona puede beneficiarse de la asistencia a 2 años. A pesar de que el plan excluye a las clasificadas como “elderly families” (familias de personas mayores) y “disabled families” (familias de discapacitados), identifica a estas familias como los nucleos en los que la persona adulta mayor o su cónyuge, o la persona con diversidad o su cónyuge son los jefes de familia.

“Si yo tengo un niño con educación especial y ese niño no es jefe de familia, la familia no está exenta del requisito. Si, por ejemplo, tú eres la jefa de familia y nosotros somos hermanas y tenemos a mami encamada, nuestra familia no sería una elderly family”, puso como ejemplo la licenciada.

Una tercera directriz eliminaría la norma del periodo de la COVID-19 para exigir a las PHA y a los propietarios que reciben fondos del HUD a notificar por escrito con 30 días de anticipación sobre el impago del alquiler antes de proceder al desalojo.

Según el HUD, el fin es “restablecer una política clara y unificada” y fortalecer el funcionamiento de los programas financiados por los contribuyentes.

Para Ayuda Legal, la medida le complicaría a las familias hacer los ajustes económicos necesarios para evitar un desahucio.

Organizaciones como National Apartment Association favorecen la medida bajo el argumento de que el aviso de 30 días del HUD genera confusión, obstaculiza la inversión del sector privado en el mercado de vivienda asequible y desincentiva que los proveedores de vivienda participen en los programas.

National Association of Housing and Redevelopment Officials (NAHRO) respaldó que se revierta la norma, ya que, supuestamente, está conflicto con la legislación estatal y dificultaa las agencias equilibrar la protección de los residentes con la sostenibilidad a largo plazo de la vivienda asequible.

Una cuarta regulación exigiría que cada miembro de la familia que resida en una unidad pública o subsidiada sea ciudadano o nacional de los EE. UU., o posea un estatus migratorio elegible para poder optar por la asistencia.

Al momento, estas familias reciben ayuda prorrateada.

De aplicarse la regla, estas poblaciones estarían en riesgo de perder la asistencia y terminar separadas.

“No hay datos que digan cuántas familias mixtas hay en Puerto Rico…Pero, básicamente, el escenario es que esas familias que antes recibían asistencia reducida, que no contaba esa persona que está en el núcleo (la migrante), tienen ahora que escoger si se quedan en vivienda pública y sacan a ese familiar o se van todos en vivienda subsidiada o pública. Eso rompe el tejido social. Sabemos de familias mixtas, sobre todo de adultos mayores que viven con sus hijos que son ciudadanos o tienen estatus de residente. Estamos hablando de una situación imposible para estas personas”, describió la entrevistada.

Las propuestas de HUD fueron sometidas a un proceso de comentarios públicos que culminó el 2 de mayo pasado.

Ayuda Legal junto a otras organizaciones en Puerto Rico sometieron sus posturas por escrito.

El hecho de que la crisis de vivienda en Puerto Rico sea un problema evidente reviste de mayor importancia el tema.

Un informe de la Coalición Nacional para la Vivienda de Personas de Bajos Ingresos (NLIHC), publicado en noviembre del año pasado, constató la falta de asequibilidad y disponibilidad de viviendas de alquiler en Puerto Rico.

Fue la primera vez que el Informe “La Brecha” incluyó a Puerto Rico, ya que el territorio no está cubierto por la Encuesta de Comunidades Estadounidenses (ACS) del censo.

La indagatoria concluyó que la isla tiene un déficit de 54,915 viviendas asequibles y disponibles para arrendatarios de ingresos extremadamente bajos. Solo 66 viviendas son asequibles y están disponibles por cada 100 hogares arrendatarios.

Esta población representa el 68% de todos los arrendatarios que se ven afectados y el 86% de los arrendatarios que experimentan graves afectaciones por los costos.

“La cifra considera las unidades de vivienda pública y de Sección 8 ya existentes. Es decir que, si sacas la gente de ahí, considerando que tienes una lista de espera de 2 a 3 años en vivienda pública, y la sustituyes por otra población, la gente que salga no tienes dónde acomodarla. No existe una alternativa de vivienda pública”, anticipó la portavoz de Ayuda Legal.

Godreau Aubert catalogó como muy tímida la postura del Gobierno en vista de la gravedad del asunto.

“Ayuda Legal fuimos los que sacamos la información de que las propuestas de reglamento estaban por ahí, que había que comentar. Estuvimos movilizando líderes de organizaciones y de iglesias para que comentaran. Fue bien difícil y no fue hasta la última semana (antes del cierre del periodo de comentarios) que el gobierno de Puerto Rico dijo que se iba a oponer a los cambios y, que si se pasaran (se aprobaran), utilizarían su discreción para que no aplicara en Puerto Rico”, contrastó.

La abogada planteó que la AVP no tiene los mecanismos para fiscalizar los cambios propuestos a nivel federal.

“El proceso burocrático que esto le va a requerir a las agencias es algo que yo creo que nadie está considerando”, señaló.

“En el caso de Puerto Rico, los agentes administradores, según un informe de la OIG (Oficina del Inspector General) a principios de año, ni siquiera han podido hacerse cargo o mitigar los casos de plomo en residenciales públicos. Tienen más de 80 residenciales públicos en una lista de residenciales contaminados desde el 1978 que nunca se les ha metido mano, incluyendo los más grandes?¿Qué capacidad van a tener?, para mí que veo los desalojos, que soy abogada en residenciales públicos, ninguna capacidad”, consideró.

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