Expertos coinciden en que se deben investigar alegaciones de supuestos votos a cambio de drogas en cárceles de Puerto Rico
Consideran que el reporte de ProPublica deja una mancha sobre la Administración de Jenniffer González y sobre los procesos electorales en Puerto Rico
Foto de archivo de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González. Crédito: Archivo - Andrew Harnik | AP
NUEVA YORK – Profesores expertos en justicia criminal y en el tema de la narcocultura coincidieron en que las alegaciones contenidas en un informe del medio estadounidense ProPublica sobre un presunto esquema de votos a favor de la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González a cambio del suministro de drogas a presos debe ser investigado por las autoridades federales.
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Tanto el sociólogo y comunicador Luis Javier Cintrón-Gutiérrez, como el experto en criminología y seguridad Jorge Suárez consideraron que se debe indagar en el supuesto quid pro quo para ver si, en efecto, se puede descartar cualquier comisión de delito.
A juicio de Suárez, quien también fue senador por el Partido Popular Democrático (PPD), la denuncia levanta una mancha, no solo sobre la Administración de González, sino sobre los procesos electorales en Puerto Rico.
“A mí me parece que cualquier alegación debe ser investigada hasta las últimas consecuencias, cualquier alegación. Más cuando es una alegación de votos o de doblar brazos, de alguna manera sobornar, obligar, una acción, merece, como base básica de la democracia, un análisis serio independientemente del resultado de la elección pasada”, afirmó el Director Asociado y Catedrático Auxiliar del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad Interamericana.
Suárez argumentó que la información pone en entredicho los principios básicos del ejercicio de la democracia.
“Levanta una sombra sobre un evento electoral que pudo haber sido amañado o controlado. Mi segundo punto de vista es que las autoridades federales en Puerto Rico no se han expresado en este caso. El actual superintendente de la Policía de Puerto Rico, que fue el pasado jefe del FBI (Negociado Federal de Investigaciones) en la isla o el Agente Especial a Cargo, Joseph González, dijo que a él no le habían notificado en ese momento sobre ningún tipo de investigación a esos fines”, resaltó el también analista político.
Cintrón-Gutiérrez planteó que “de que se debe investigar, es algo que se debe investigar”.
“Tanto las autoridades locales como el Gobierno de Puerto Rico debieran, mínimamente, mirar que está pasando ahí”, opinó el Catedrático Auxiliar y Líder Académico de Destrezas del Siglo XXI en la Universidad del Sagrado Corazón.
El profesor coincidió en que la mera percepción de ilegalidad contribuye a la desconfianza que muchos ciudadanos ya tienen en las instituciones gubernamentales y en sus funcionarios.
“Es algo bien importante, independientemente que se haya sometido bajo la Administración del presidente Joe Biden ese asunto, porque no es el único asunto de (alegada) corrupción electoral que presuntamente se ha engavetado bajo la Administración Trump en EE.UU.”, expuso el académico quien ha investigado la narcocultura y la marginalidad.
“Si se abrió la investigación bajo la Administración Biden, claramente, la Administración Trump va a tratar de descartarla, porque Trump no le ha querido dar continuidad a nada”, analizó.
El egresado de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos de la Universidad de Albany del sistema de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), consideró que debería ser un ente independiente o no gubernamental el que asuma la pesquisa, en vista de que el reporte señaló a personal del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) como el que presuntamente ordenó detener la investigación relacionada con la campaña de González.
Cintrón-Gutiérrez recalcó que la Administración Trump no está inclinada a atender asuntos relacionados con alegada corrupción gubernamental.
“Se supone que le toque a los tribunales de justicia de EE.UU., pero la Administración Trump está de brazos caídos en atender la corrupción pública y gubernamental. No sé el Senado o la Cámara, pero de la misma manera están atendiendo otros asuntos que son más domésticos o incluso internacionales como el conflicto en Irán, etc. Puerto Rico tiene muy poco espacio en la agenda pública de EE.UU. para este tipo de alegaciones…”, expuso el investigador.
El hecho de que republicanos controlen ambos cuerpos legislativos también podría ser un impedimento para avanzar con una pesquisa que involucre a una gobernadora de esa ideología y simpatizante del presidente Donald Trump.
“Un partido (Republicano) que tiene el banquete total del Gobierno, que controla todas las agencias, es algo sumamente difícil que eso pase. Al final del día tiene que caer en organizaciones no gubernamentales”, añadió.
El experto ve poco probable que un comité congresional como el de Recursos Naturales de la Cámara Baja, con jurisdicción primaria sobre Puerto Rico, asuma la indagatoria sobre el tema.
“En el Comité de Recursos Naturales está un poco complicado, porque maneja un montón de temas más los asuntos de ultramar de EE.UU. que habría que ver cuál es la agenda de ellos, pero yo lo veo un poco difícil en el Congreso de los EE.UU. controlado por los republicanos se pueda ver esta caso”, insistió.
En caso de que se inicie una investigación legislativa, como ha solicitado el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, también se corre el riesgo de cuestionamientos por politización.
“Lo van a convertir obviamente en un proceso totalmente político partidista, porque la gobernadora es republicana; el Congreso es republicano, hasta ahora. Veremos lo que pasa en noviembre, si hay algún cambio en la Cámara o en el Senado, ya que apunta a que podría haber unos cambios y tendrías un Congreso dividido…”, anticipó Suárez.
Sin embargo, matizó que los congresistas tienen la facultad y el poder de iniciar una investigación.
“Lo que tienen es que sentarse en un comité y ponerse de acuerdo y citar a las personas involucradas en esta como lo han hecho en otras instancias y forzar las conversaciones para que la verdad se sepa. Minar la credibilidad de un proceso es minar la democracia y eso tienen que entenderlo”, confirmó.
El también presidente de Startegic Advisors Group LLC matizó con el dato de que si, en efecto, personal federal ordenó detener la pesquisa, habría que ver hasta qué punto las autoridades locales podrían intervenir.
“Hay que ver, porque están usando WhatsApp, redes de comunicación. Eso va al tema directo de los federales porque hay (supuestas) comunicaciones que se están estableciendo. Me parece que en este caso sería, no solamente el FBI, puede haber otras entidades como la DEA (Administración para el Control de Drogas) que pueden involucrarse en este proceso porque estamos hablando de sustancias”, estimó.
Suárez se refirió a que, según las fuentes de ProPublica, los investigadores del caso contaban con pruebas de que González había hablado con un miembro del Grupo 31, mejor conocido como “Los Tiburones”, pero no habían determinado si la política estaba involucrada en la compra de votos.
Los datos que manejó el medio independiente también apuntan a uno de los líderes de la pandilla que se encuentra encarcelado y que se había jactado en Facebook de su vínculo con la hoy gobernadora. Supuestamente, esa persona había publicado una foto en la que aparecía conversando con la política por WhatsApp en pleno periodo de campaña para la primaria que la enfrentó a Pedro Pierluisi.
Organizaciones progresistas de la diáspora puertorriqueña han pedido que las autoridades federales indaguen en las alegaciones y que se sepa “la verdad completa”.
Los solicitantes entienden que hace falta responder a preguntas sobre el supuesto intercambio ilegal para favorecer la candidatura de la también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP). Al menos el representante republicano de Wisconsin, Glenn Grothman, dijo a ProPublica que favorece una investigación a raíz del reportaje.
Grothman es miembro del Comité Judicial de la Cámara, con jurisdicción sobre una amplia gama de asuntos relacionados con la administración de justicia, que incluyen los tribunales federales y sus procedimientos.
A nivel local, los partidos de oposición, el Independentista Puertorriqueño (PIP) y el PPD, presentaron resoluciones para investigaciones legislativas, pero las mismas no han avanzado.
El artículo de ProPublica, con fecha del 5 de mayo, señaló que investigadores, alegadamente, habían reunido “evidencia sólida” de fraude electoral que implicaba tanto a presos como a empleados, y que, como parte de la pesquisa, buscaban determinar si González o miembros de su campaña estaban involucrados. El informe citó bajo anonimato a cuatro personas con conocimiento del caso que no estaban autorizadas a hablar públicamente.
Las fuentes manifestaron que, días después de que la funcionaria ganó las elecciones, en noviembre, recibieron una orden de personal de la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico para que excluyeran los cargos contra los presos en relación con el presunto esquema de votos a cambio de drogas.
Los Tiburones habrían estado a cargo de los movimientos ilegales para vender narcóticos a los presos por dinero y por votos para González.
En el pliego acusatorio presentado en diciembre de 2024 se reveló que colaboradores externos de Los Tiburones utilizaban principalmente drones para arrojar drogas dentro de la cárceles.
Según el reporte, personal que participaba en el esquema colaboraba en la “introducción y distribución” de las drogas dentro de la prisión o actuaba como vigilantes.
Como parte de las labores, los empleados le permitían a los pandilleros imponer su propio sistema disciplinario contra los presos que no seguían las órdenes, incluyendo con lo referente a los votos. Privarlos de alimentos u obligarlos a permanecer sentados con los brazos cruzados mientras eran golpeados y pateados eran algunos de los presuntos castigos, de acuerdo con la recopilación ProPublica. En cuatro casos, confinados habrían muerto por sobredosis como resultado del consumo de drogas.
Aunque fueron 34 las órdenes de arresto anunciadas el 12 de diciembre del referido año, 23 de los acusados ya estaban en la cárcel por otros delitos. Uno de los casos más notorios fue el de Jensen Medina Cardona, convicto por el asesinato Arellys Mercado Ríos, luego de una discusión por un celular, en el 2019, en Fajardo.
“Supongamos que se hace una investigación y miembros de la campaña de la gobernadora Jenniffer González en efecto estuvieron involucrados en un esquema, hipotéticamente. Eso no significa de entrada que la gobernadora esté involucrada. Habría que probar un intercambio directo, ¿o no?”, indagó este rotativo a Suárez.
“Correcto, por eso hago la alocución de que no necesariamente el hecho de que haya personas involucradas, ella esté involucrada directamente. Todo eso habría que probarlo. No podemos partir de la premisa de que muchas veces pueden haber situaciones de que tiran sombras para levantar algunos argumentos. Tiene que haber la documentación necesaria; tiene que existir el récord; tienen que estar las conversaciones que se puedan probar. Hoy, la inteligencia artificial provoca que sean mas exhaustivos en las investigaciones”, replicó.
El profesor recordó que no es la primera vez que se vincula a un político en Puerto Rico con líderes del bajo mundo o incluso se divulgan fotos de ellos con narcos. En la memoria queda, por ejemplo, la foto del fenecido José “Coquito” López Rosario, junto a varios líderes del PNP.
“Aquí se han dado circunstancias anteriores en las que algunos funcionarios han estado asociados, fotografiados, con personas que eventualmente que han sido señaladas, arrestadas, o incluso han tenido que cumplir cárcel con respecto a temas de narcotráfico o lavado de dinero, y eso no los habilitó, pero deja una sombra sobre un proceso electoral, y más todavía, cuando en Puerto Rico se le dio esta potestad del voto a los confinados en contra de la Constitución, amparados en una ley local. Esto de manera te puedo asegurar que va a revivir nuevamente el tema del derecho al voto de los confinados”, anticipó.
El PPD también carga con señalamientos por presuntos vínculos. En el 2015, la exgobernadora Sila María Calderón rechazó información que la vinculaba con la compra de votos a confinados a cambio de legislación favorable.
“En el 2000, bajo Sila Calderón, se hablaba de que habían negociado con las personas en prisión. El analista más vocal en radio de los estadistas, Luis Dávila Colón, la acusaba de que estaban haciendo alianza con los Ñetas, que es la asociación más grande dentro de la cárcel, y él los acuñó como los ‘popuñetas’. Luego han corrido fotos de legisladores del PNP (Partido Nuevo Progresista) entrando con narcotraficantes a la cárcel. No es nuevo, pero sí causa impresión que presuntamente se haya manejado en los tribunales federales, que se haya engavetado y que haya salido en medio en EE.UU. y no de Puerto Rico”, comparó.
El Código Electoral de Puerto Rico enmendado por la Ley Núm. 3 de 8 de septiembre de 1980 (P. de la C. 1404), estableció normas flexibles de votación para el sufragio que se celebró en Puerto Rico el día 4 de noviembre de 1980. Además, enmendó varios artículos relacionados con el derecho al voto ausente que incluyeron a los confinados en las instituciones penales.
En ese momento, el gobernador era Carlos Romero Barceló del PNP.
En esa elección, Romero Barceló se declaró el ganador de la contienda contra el líder del PPD, Rafael Hernández Colón, en una reñida votación en la que hubo un apagón cuando este último iba en la delantera.
“Vamos a la historia. En el mismo proceso en el que se otorgaron los votos a los confinados había un gobernador ganando, se fue la energía eléctrica y apareció otro ganando. En esas fechas fue que se hizo una enmienda al Código Electoral de Puerto Rico que le permite a los confinados votar amparados en que sean votos ausentes. La Constitución establece claramente que no pueden votar porque se les coartó la libertad. Una vez salgan de la cárcel o cumplan la pena es que se restituye ese derecho”, asoció.
Actualmente, unos 5,000 confinados tienen derecho al voto en la isla.
Cintrón-Gutiérrez destacó que, aunque la cifra no parece significativa, con elecciones cada vez más cerradas en la isla, esos votos podrían hacer la diferencia.
“El voto de los confinados, aunque sea un grupo pequeño, es uno que es fácil de poder conseguir los votos, porque actúan en función a clanes. Son como una especie de voto colegiado. Si el líder dice que tienen que votar por esta persona, todos tienen que votar por esa persona. Es un voto un poco distinto al voto que se da fuera”, explicó.
“En unas elecciones como las de Puerto Rico, que últimamente están siendo ganadas por márgenes muy pequeños, una población de 4,000, 5,000 personas pueden decidir quien puede gobernar o no Puerto Rico”, añadió.
Aún así Cintrón-Gutiérrez es de los que cree que miembros de la población carcelaria deben perservar ese derecho.
“Las personas que están en prisión son ciudadanos igual que todos los demás y tendrían el derecho al voto…En su época fue una legislación de avanzada que le daba derechos a los confinados, porque, al final del día son ciudadanos que les afectan las políticas que se toman fuera de la cárcel”, defendió.
“La idea no es mala. Es reconocer la dignidad humana en su máximo esplendor…”, argumentó. “Tiene sus problemas en esta parte de cómo se manejan los grupos carcelarios, con quiénes se vinculan a nivel de afuera”.
Suárez tiene una opinión opuesta.
“Yo soy de los que piensa que el voto de los confinados no debe existir. Me parece que el proceso de reinserción social en cuanto a ese voto específicamente debe darse cuando la persona esté casi cumpliendo la totalidad de la pena, ‘permíteme votar para hacer el proceso de inclusión’; pero una persona que tenga una pena de 99 años o más de 100 años de cárcel, ¿cuánto le importa o no votar? La idea es que tengas un proceso de rehabilitación. ¿Para qué te voy a dar el derecho de los que tienen los que están afuera? Cuando te rehabilites y estés listo, te doy esos derechos de nuevo, así que yo creo que esto es un debate que se va a restablecer nuevamente en Puerto Rico”, sostuvo.
En declaraciones al medio estadounidense, la oficina de W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, dijo que no hacen comentarios sobre investigaciones en curso, excepto en comunicados de prensa o conferencias de prensa. Agregaron que, aunque algunos de los presos han aceptado acuerdos con la Fiscalía, la mayoría de los casos de drogas y lavado de dinero contra los presos y socios permanecen activos.
La portavoz de prensa de la fiscalía federal, Lymarie Llovet-Ayala, declaró que cargos contra funcionarios corruptos “siempre ha sido y sigue siendo una prioridad fundamental”.
“Cuando existan pruebas admisibles suficientes para radicar cargos contra las personas involucradas en casos de corrupción pública, la Fiscalía Federal de Puerto Rico perseguirá enérgicamente tales cargos, tal como lo requiere el Manual de Justicia”, suministró la vocera.
En reacción a supuestos documentos judiciales en otro caso a nivel local, la oficina de Muldrow aseguró que “no hay ninguna investigación sobre delitos de cuello blanco (ni ningún otro tipo de investigación) de la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González”.
En un comunicado de prensa inicial, González afirmó que, durante su carrera y en medio de campañas políticas había “combatido la corrupción, actuado en contra de ella y presentado iniciativas para combatirlas y sobre todo hemos respetado los procesos democráticos”.
“Rechazo toda alegación que se me pretenda imputar sobre actos contra la ley, como la publicación difamatoria en un medio nacional sobre alegados esquemas durante el pasado cuatrienio y que ahora se quiera adjudicar a mi campaña”, acusó.
La mandataria añadió que, durante su campaña, tanto ella como miembros de su equipo se reunieron con familiares de confinados para discutir temas como rehabilitación y reinserción social, pero como lo hicieron con otros sectores de la población para garantizar políticas públicas que atendieran las necesidades de todos los ciudadanos.
Planteó que la mejor evidencia de que no incurrieron actos ilegales es que, durante la primaria del 2024, la población correccional votó abrumadora en contra de su candidatura y a favor de la del exgobernador Pedro Pierluisi.
“También rechacé, como parte de esa campaña, la petición que me hicieran familiares de confinados de que se quedara en su cargo la exsecretaria de Corrección Ana Escobar”, mencionó.
En declaraciones posteriores en una conferencia de prensa, la gobernadora volvió a tronar contra el medio y la reseña.
“Hacer esas alegaciones de droga, de cambio de votos, es lo más alejado de la realidad que alguien puede ver. Primero, que yo no he visitado las cárceles, las alegaciones que se hacen no ha habido nada de ese tipo y, si las hubiera, si en efecto hubiera habido esas investigaciones, fueron durante el pasado cuatrienio, y a mí no me consta. Yo era comisionada residente en Washington. Yo era una funcionaria federal”, respondió a periodistas.
A preguntas sobre si debía iniciarse una pesquisa para disipar cualquier duda, replicó: “Aquí no hay nada. Y, si tienen investigaciones del pasado cuatrienio, que las hagan, que las lleven a feliz término. Pero yo no tengo absolutamente nada que ver con las cosas que se señalan ahí, mucho menos mi campaña”.
