Corte bloquea temporalmente arrestos y deportaciones de inmigrantes sobrevivientes de abuso y trata
Un tribunal federal permitió el regreso de tres migrantes deportados y frenó medidas contra solicitantes de visas por abuso, trata y otros delitos graves
La orden judicial frena arrestos y deportaciones impulsadas por Trump y limita acciones de ICE contra víctimas de abuso y trata. Crédito: Andres Kudacki | AP
Un juez federal de California ordenó proteger temporalmente a inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica, trata de personas y otros delitos graves frente a arrestos, detenciones y deportaciones impulsadas por la administración de Donald Trump.
La decisión fue emitida por un tribunal del Distrito Central de California en el marco de una demanda colectiva nacional presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes contra el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
El caso cuestiona la eliminación de protecciones migratorias para personas que solicitan beneficios bajo los programas VAWA, visas U y visas T.
La demanda fue presentada en octubre de 2025 por el Center for Human Rights and Constitutional Law, Public Counsel, La Raza Centro Legal y la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), en representación de inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica, trata y otros delitos graves que, según las organizaciones, fueron arrestados, encarcelados o deportados ilegalmente.
En la orden emitida esta semana, el juez certificó tres clases nacionales de solicitantes de visas U, T y VAWA y suspendió temporalmente un memorando de enero de 2025 que había eliminado protecciones históricas para estas víctimas mientras sus casos migratorios permanecen pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Además, el fallo obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a permitir el regreso a Estados Unidos de tres demandantes que fueron deportados pese a tener solicitudes migratorias activas.
El tribunal concluyó que las políticas impugnadas probablemente violan leyes migratorias y la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Cambios impulsados por Trump
La demanda surgió luego de cambios impulsados por la administración Trump que permitieron, por primera vez en décadas, arrestar y deportar de forma rutinaria a sobrevivientes de estos delitos, según denunciaron las organizaciones civiles.
“Esta orden restablece temporalmente parte de la seguridad que nuestra nación prometió a los sobrevivientes inmigrantes que denuncian sus abusos”, afirmó Bardis Vakili, director legal del Center for Human Rights & Constitutional Law. Sin embargo, advirtió que “la lucha continúa”.
Uno de los casos citados en la demanda es el de Carmen F., una sobreviviente de violencia doméstica que denunció a su esposo, quien posteriormente fue deportado. Según el expediente, ICE la detuvo junto a su hijo pequeño durante una cita migratoria programada y ambos fueron deportados sin considerar su solicitud de visa U.
Las organizaciones aseguraron que, al regresar a su país, el agresor de Carmen la esperaba en el aeropuerto y la obligó a volver con él. La orden judicial ahora obliga al gobierno estadounidense a permitirle regresar a su vivienda en Estados Unidos.
Mensaje al gobierno
Rebecca Brown, abogada del proyecto de derechos de inmigrantes de Public Counsel, sostuvo que el fallo “envía un mensaje claro” de que el gobierno no puede arrestar ni deportar a sobrevivientes que tienen derecho legal a permanecer en el país.
Jessica Farb, subdirectora del Immigration Center for Women and Children, afirmó que la decisión permitirá que miles de personas “respiren un poco más tranquilas”, incluidas más de 6,000 personas representadas por esa organización que tienen solicitudes pendientes bajo los programas VAWA, U y T.
La abogada Susan Beaty, del California Collaborative for Immigrant Justice, también destacó el caso de una clienta identificada como Celia, quien colaboró con fiscales federales en una investigación por agresión sexual y fue deportada por ICE pese a tener una solicitud de visa U pendiente.
Por su parte, Jordan Weiner, director interino de La Raza Centro Legal, sostuvo que las políticas de deportación masiva “nunca se trataron de reducir el crimen”, mientras que Angelica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, afirmó que la administración Trump puso en riesgo a sobrevivientes que cooperaban con las autoridades para denunciar abusos y delitos.
Las organizaciones señalaron que continuarán litigando para convertir las protecciones temporales en medidas permanentes.
