Las “banderas rojas” de la Junta en Puerto Rico sobre nuevo presupuesto certificado junto a Administración de Jenniffer González

NUEVA YORK – Al anunciar el segundo presupuesto certificado en coordinación con el gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) alertó que la gestión de riesgos y el mantenimiento de la disciplina siguen siendo fundamentales para la salud fiscal del territorio y para evitar caer en una nueva quiebra.

La Junta certificó el presupuesto consolidado de $33,600 millones para el año fiscal 2027 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en cumplimiento con el Plan Fiscal y en conjunto con las autoridades en la isla.

El director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F. Mujica, Jr., planteó, sin embargo, que la acción es “solo un paso” en el camino para cumplir con el mandato de responsabilidad fiscal en virtud de PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico).

“Deben seguir muchos pasos para transformar el proceso presupuestario y garantizar que Puerto Rico mantenga la estabilidad lograda bajo PROMESA. El modelo de liderazgo conjunto para desarrollar el presupuesto debe conducir a que el Gobierno asuma la plena titularidad del proceso presupuestario, sin depender continuamente de la Junta de Supervisión para mantener el presupuesto equilibrado. Además, aún se debe desarrollar el presupuesto de capital; se deben mantener y fortalecer las reservas establecidas por ley; la contabilidad gubernamental debe fortalecerse sustancialmente; todas las asignaciones, incluidos los fondos federales, deben ser aprobadas por la Legislatura, no solo las del Fondo General; y las agencias gubernamentales deben ser más eficientes y responsables en el ámbito fiscal”, expuso Mujica en un comunicado de prensa con fecha del lunes.

Mujica argumentó que, para evitar que Puerto Rico enfrente una nueva quiebra, el Gobierno debe liderar estas reformas.

“Esto es particularmente importante ahora que estamos certificando un presupuesto que refleja riesgos considerables. Los ingresos fiscales se han desacelerado, el riesgo de un aumento significativo en los costos de atención médica es real y la educación sigue enfrentando presiones debido a brechas de financiamiento y descensos demográficos. Los estados financieros auditados, necesarios para restablecer el acceso de Puerto Rico a los mercados de capital, continúan con un retraso considerable respecto al calendario previsto. Estas cuestiones …pueden superarse con una disciplina sostenida; sin embargo, por ahora, representan riesgos que deben seguir orientando los presupuestos y el proceso presupuestario”, mencionó el director ejecutivo.

En cuanto a los avances bajo la Administración de la gobernadora Jenniffer González, la Junta identificó la adopción de normas de contabilidad de base de devengo modificada, tal como exige la ley PROMESA.

“La Junta de Supervisión y el Gobierno han acordado las directrices aplicables para la elaboración de presupuestos conforme a dichas normas; la Junta de Supervisión continuará evaluando la implementación de estas directrices por parte del Estado Libre Asociado para los presupuestos de los años fiscales 2026 y 2027, así como la documentación de respaldo, las metodologías y los informes necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en PROMESA”, expuso.

Mujica compartió que los presupuestos del gobierno de Puerto Rico han estado balanceados desde que la Junta comenzó a certificarlos bajo PROMESA.

“No obstante,contar con estados financieros auditados y oportunos sigue siendo fundamental para restablecer el acceso de Puerto Rico a los mercados de capitales —un objetivo central de PROMESA y una condición para que finalice la intervención de la Junta de Supervisión—, y su prolongada ausencia fue uno de los factores que socavaron la confianza del mercado y contribuyeron a la quiebra de Puerto Rico”, señaló quien fuera el director de Presupuesto del exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

De acuerdo con la información provista por el representante de la Junta, los estados financieros más recientes completados por el Gobierno corresponden al año fiscal 2022, por lo que enfrentan un “considerable retraso”.

El presupuesto consolidado consta de las partidas del Fondo General ($13,200 millones), las del Fondo de Ingresos Especiales ($5,500 millones) y fondos federales ($14,900 millones).

El hecho de que el gasto total de $33,600 millones se mantenga prácticamente igual con respecto al presupuesto del año anterior refleja, según la Junta, “la desaceleración de la recaudación fiscal y la incertidumbre en torno a los ingresos futuros del Gobierno”.

Uno de los desafíos mayores que debe manejar Puerto Rico y que está contemplado en el nuevo presupuesto es la continua pérdida de fondos federales y el aumento en los costos de Medicaid asociados con el incremento en los contratos con proveedores de servicios de salud.

“Más de dos tercios de los gastos presupuestados se destinan a salud, educación, seguridad pública, vivienda y pensiones gubernamentales. Este presupuesto incluye además fondos para inversiones en infraestructura, como la reparación de carreteras, así como para mejorar los servicios de atención a adultos con discapacidad y personas mayores, y los servicios de cuidado infantil”, resaltó el informe.

El resumen de la Junta además reveló que el gasto en áreas como nómina y operativos de algunas agencias se redujo para permitir la asignación de fondos adicionales a áreas prioritarias, como aumentos salariales para policías y oficiales correccionales.

Medicaid y Departamento de Educación

En el caso del riesgo asociado con el financiamiento limitado para Medicaid en Puerto Rico, la Junta lo catalogó como “uno de los más críticos” para el presupuesto del año fiscal 2027.

“Puerto Rico sigue sujeto a un tope federal estatutario para Medicaid, bajo el cual cualquier gasto que exceda el límite federal debe ser financiado en su totalidad por el Estado Libre Asociado. Las negociaciones en curso sobre los contratos con las Organizaciones de Cuidado Coordinado (MCO) aún no se han incorporado al presupuesto certificado. Dado que, incluso, desviaciones leves respecto a los gastos proyectados pueden tener consecuencias fiscales significativas, se incluyó una disposición de control en la resolución presupuestaria del año fiscal 2027 que exige a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) someter cualquier cambio propuesto a los beneficios o servicios de Medicaid a la revisión y aprobación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico y de la Junta de Supervisión”, abundó el reporte.

Lo anterior garantizará que los cambios que puedan tener impacto fiscal sean evaluados antes de su implementación.

Otra área de riesgo es el Departamento de Educación de Puerto Rico, ya que la agencia continúa enfrentando presiones estructurales que afectan la sostenibilidad de su presupuesto.

“El agotamiento de los fondos federales de ayuda por la pandemia, el gasto excesivo persistente en ciertos programas y servicios, y las deficiencias de larga data en la planificación presupuestaria y la gestión fiscal contribuyen a un mayor riesgo. La continua dependencia de recursos no recurrentes para financiar obligaciones recurrentes, incluidas las de educación especial, aumenta aún más la probabilidad de déficits a mitad de año”, enumeró el organismo.

En un comunicado aparte, González identificó como un “logro” que, por segundo año consecutivo, Puerto Rico cuenta con un presupuesto balanceado.

A juicio de la mandataria, el avance coloca a Puerto Rico más cerca de liberarse de la Junta y de recuperar control de sus finanzas.

“Este segundo presupuesto balanceado consecutivo demuestra que Puerto Rico puede administrar responsablemente sus recursos, establecer prioridades claras y mantener la disciplina fiscal necesaria para continuar fortaleciendo nuestra economía. Cada paso que damos hacia la estabilidad fiscal nos acerca a la meta de culminar el proceso de supervisión y devolver plenamente al Gobierno de Puerto Rico el control de sus decisiones fiscales”, declaró la gobernadora.

La Fortaleza resaltó que la prioridades en el presupuesto o las áreas con partidas más significativas (más de dos terceras partes) son: salud, educación, seguridad pública, vivienda y el cumplimiento con los pensionados.

“La certificación de este presupuesto confirma que estamos tomando las decisiones correctas para garantizar la estabilidad financiera del Gobierno, proteger los servicios que recibe nuestra gente y continuar construyendo la confianza necesaria para el futuro económico de Puerto Rico”, añadió.

La gobernadora afirmó que continuará trabajando junto a las agencias gubernamentales, la Asamblea Legislativa y el sector privado para “fortalecer las finanzas públicas, mejorar la rendición de cuentas y avanzar hacia una administración fiscal sostenible” que adelanta la salida de la Junta.

Bajo PROMESA, aprobada en el Congreso hace10 años, es que la Junta opera en la isla. Los miembros del organismo, que no fueron electos por los puertorriqueños, tienen prácticamente la última palabra sobre los ingresos y gastos del gobierno de Puerto Rico y encabezan los procesos de restructuración de deuda con los bonistas en virtud del Título III de PROMESA.

La Junta además ha impuesto planes de austeridad que han impactado los servicios esenciales de los puertorriqueños.

Actualmente, el organismo busca presentar un Plan de Ajuste de Deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo el que podrían no descartarse aumentos en la tarifa a los clientes de la corporación ante la insistencia de un grupo de bonistas para que se les pague la totalidad del monto.

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