Potencial salida de síndico federal impuesto al Departamento de Educación en Puerto Rico le ahorrará al Gobierno $32 millones anuales

NUEVA YORK – Cuando el síndico federal que supervisa los manejos administrativos en el Departamento de Educación en Puerto Rico (DE) abandone esas labores, las autoridades en la isla estimaron que el Gobierno se ahorrará unos $32 millones de dólares anuales.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este miércoles avances en el proceso para que la oficina del síndico (Third Party Fiduciary Agent,TPFA) deje de controlar los procesos administrativos en la referida agencia.

A principios de mes, trascendió que el gobierno de Estados Unidos, en específico USDE (Departamento de Educación federal), había acordado el proceso para la salida del también llamado agente fiduciario externo, que es el funcionario encargado de examinar el manejo de fondos federales en la agencia.

Ayer, en una transmisión en vivo por Facebook, González junto al secretario de Educación en la isla, Eliezer Ramos Parés, indicaron que el Departamento había alcanzado un cumplimiento de 99.9% en el Plan Integral de Acciones Correctivas (Comprehensive Corrective Action Plan, CCAP), lo que “valida la solidez de sus procesos, controles internos y la utilización correcta y transparente de los fondos federales”.

“Ustedes saben que por años se ha estado auditando por múltiples escándalos de corrupción en el pasado las cuentas del Departamento de Educación, y eso provocó que hace muchos años se destinara un síndico en el Departamento de Educación para revisar todos los procesos administrativos y los procesos de compra. Ese proceso que se le impuso al gobierno de Puerto Rico y al Departamento de Educación le cuesta al erario público, a ustedes, más de $32 millones de dólares en el pasado tiempo”, inició González su mensaje.

La primera mandataria argumentó que eventualmente ese dinero puede dirigirse a la comunidad escolar para más servicios y mejoras.

“Es dinero que, en lugar de que le llegue a las escuelas, a los maestros, a los estudiantes, a las terapias, los estábamos gastando en abogados, en esta figura externa, en un contrato externo que lo que hacía era supervisar todas las funciones dentro del Departamento de Educación para la parte administrativa y de gastos”, señaló González.

Mediante la transición escalonada que establece el plan, el Departamento de Educación local deberá asumir las funciones fiscales críticas mientras garantiza el cumplimiento de los requisitos federales y la continuidad operacional. La información provista añadió que el gobierno de Puerto Rico debe presentar reportes continuos “que evidencien el cumplimiento de los entregables claves, así como la continuidad de los procesos de eficiencia desarrollados bajo el CCAP”.

Como parte de la transición, la gobernadora destacó que diligencian el nombramiento de un Director Financiero (“Chief Financial Officer”, CFO), paso que también es requerido a través del plan. La Asamblea Legislativa en Puerto Rico aprobó la creación de la figura del CFO.

“Esta medida lo que nos va a permitir es tener esa transparencia en el momento de manejar las finanzas, que es uno de los pilares y los requisitos que nos ha impuesto el gobierno federal. Con esto tengo que decir que se sometió un plan de trabajo del Departamento de Educación”, declaró la primera ejecutiva al tiempo que añadió que ha hablado con Linda McMahon, secretaria de Educación federal, sobre el asunto.

“Por muchos años se estuvieron elaborando planes para salir de esta oficina del síndico, pero no fue hasta que llegamos…que el secretario de Educación y su componente de trabajo tomaron las riendas; adoptaron todas estas disposiciones al punto de crear una oficina para hacer toda esta labor de revisar facturas, revisar procedimientos, los requerimientos de las agencias, y, de esta manera, darle cumplimiento a esas instrucciones”, adjudicó la gobernadora.

En esa dirección, Ramos Parés planteó que ha sido un proceso “arduo”.

“La imposición del síndico fue en 2019, pero el síndico se contrató en el 2021… (Esto se tradujo) en la congelación de los fondos para el Departamento de Educación a nivel local y el impacto que eso tuvo para el erario y el fisco estatal. En el 2021, comenzó a moverse el tema de la contratación que exigió pilares de la mano del gobierno federal. En el 2025, a nuestra llegada al Departamento, apenas se había cumplido con un 5% con las exigencias de este síndico. Así que, básicamente, nos reunimos con todo el equipo de trabajo. Esto ha sido un esfuerzo de mucha gente en el Departamento de Educación…”, enumeró el secretario del Departamento.

El funcionario también mencionó la importancia de la Oficina de Cumplimiento para fortalecer los controles internos y permitir una supervisión fiscal más rigurosa.

“Además, hemos logrado una transferencia de conocimiento esencial que antes residía en el síndico y que ahora queda dentro de nuestra agencia, fortaleciendo nuestra capacidad institucional”, agregó Ramos Parés.

El pasado 8 de marzo, se anunció que USDE había determinado que el Departamento de Educación de Puerto Rico había demostrado un progreso significativo en la implementación del CCAP al atender áreas claves como “controles internos de nómina, recursos humanos, adquisiciones, contratación y manejo de subvenciones federales”.

Para seguir en cumplimiento con las disposiciones del gobierno federal, el DE debía presentar un plan de transición antes del 30 de marzo pasado con detalles sobre cómo se transferirán gradualmente las funciones que actualmente encabeza el síndico.

Mientras dure el proceso de transición, el síndico continuará ofreciendo supervisión y asistencia técnica, pero a un costo significativamente más bajo o 40% menos, contractualmente hablando, lo que equivale a cerca de un millón de dólares mensuales en ahorros.

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