(VIDEO) El “cruel” impacto de la ley PROMESA en Puerto Rico 10 años después de su aprobación en el Congreso

NUEVA YORK – Para Eva Prados, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, la imposición hace 10 años de la ley PROMESA en Puerto Rico por parte del Congreso de Estados Unidos, se ha traducido en un grave deterioro de los servicios esenciales a los boricuas que venían experimentando desde antes medidas de austeridad y recortes a nivel local.

En una entrevista con El Diario con motivo del décimo aniversario del cuestionado estatuto, Prados puso como ejemplo la Ley 7 de 2009 que llevó al despido de más de 17,000 empleados del sector público en la isla.

“La ley PROMESA no es la primera política pública que busca supuestamente la disciplina fiscal. Ya Puerto Rico había vivido una década antes muchos recortes y medidas de austeridad. Podemos hablar desde la misma creación de lo que es hoy el IVU (Impuesto de Venta y Uso), que es lo que ustedes conocen como ‘sales tax’, acá es el impuesto al consumo. Se hace, precisamente, porque había un problema de endeudamiento y no había suficientes fondos para costear y pagar esa deuda. Luego viene la Ley 7 que es la que empieza el desmantelamiento y los recortes severos del Gobierno para reducirlo. Esas reducciones se hicieron también, como está haciendo la Junta, sin criterios para garantizar que los servicios esenciales se estén dando y bien”, expuso la abogada.

A juicio de la puertorriqueña, la Junta de Control Fiscal (FOMB), creada bajo PROMESA, partió de una visión errada sobre el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico.

“La Junta veía la deuda como un asunto de disciplina fiscal, de que tenía que venir una Junta a poner el control en las finanzas públicas, porque el gobierno de aquí no sabía hacerlo. Lo que han hecho es replicar las mismas medidas de austeridad que ya se habían aplicado…”, insistió.

La portavoz argumentó que, en lugar de más austeridad, lo que correspondía era auditar la deuda.

“De parte del colectivo del que yo formaba parte en aquel momento que era el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda decíamos que la respuesta no era más austeridad, que la respuesta era auditar la deuda, que la respuesta era mirar por qué ese problema de endeudamiento había llegado a ese nivel”, contrastó.

La entidad que Prados dirige surgió en el 2017 como seguimiento a los trabajos iniciados por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, una entidad gubernamental que fue eliminada como resultado de la derogación de la Ley 97 de 2015 bajo la Administración del entonces gobernador Ricardo Roselló.

PROMESA (Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico), identificada por diversos sectores como la representación más clara del régimen colonial que impera en el territorio, fue promulgada por el presidente Barack Obama el 30 de junio de 2016.

El supuesto fin del estatuto era atender la crisis fiscal de Puerto Rico y reestructurar la deuda pública que ascendía a más de $70,000 millones de dólares para que a largo plazo Puerto Rico lograra estabilidad económica.

El impacto de las decisiones de la Junta

Prados afirmó que, aún pendiente el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), las decisiones del organismo en la isla han impactado negativamente desde el sistema de educación pública hasta los beneficios laborales de miles de empleados sin que se puedan identificar avances en términos de desarrollo económico.

“Ahora mismo, 10 años después, qué es lo que tenemos, más de 400 escuelas cerradas, más de 50,000 estudiantes de escuela pública desplazados, más del 40% del presupuesto de la Universidad (de Puerto Rico) recortado; se ha triplicado la matrícula estudiantil; lo que hicieron fue desmantelar los sistemas de pensiones que PROMESA supuestamente las iba a proteger. Han desmantelado los sistemas de retiro. Las pensiones, por lo menos, evitamos que se recortaran inmediatamente por la lucha de esos pensionados, pero eso no quiere decir que su pensión está intacta. Se prohibió por los próximos 10 años cualquier ajuste por costo de vida, así que esas pensiones cada vez reciben un recorte indirecto…”, planteó la activista, quien encabezó el martes una protesta frente a las oficinas de la Junta en San Juan.

Añadió que los trabajadores públicos no han recibido aumento durante los pasados 10 años.

La Junta sostiene que, bajo su tutela, se logró reducir la deuda del gobierno central a niveles sostenibles o de $33,000 millones a $7,400 millones, equivalente a un 80%.

Aunque reconoció una reducción en las obligaciones, Prados afirmó que lo restante de la deuda sigue siendo impagable.

“Ciertamente, hubo un recorte. No quiero que tampoco la gente diga, ‘pero, la Junta dijo que redujo la deuda’; sí, la redujo, pero es que la deuda desde un principio era impagable. Eran tan grande que ellos lo que hicieron fue reducir una parte. El problema es que la parte que queda sigue siendo impagable”, indicó.

“Había alternativas; PROMESA no era la única opción”

La representante aseguró que había opciones menos agresivas para lidiar con la deuda del gobierno de Puerto Rico como el Capítulo 9 del Código de Quiebras de EE.UU.

“Sin dudar que los republicanos (que eran mayoría) fueron los que empujaron la Junta, lo que yo cuestiono es la premisa de los republicanos. Estaba mal, porque partía de que aquí no se había tomado ninguna acción o de que faltaba mayor disciplina fiscal, y esa era una versión errada que también tenían los republicanos…Lo más razonable era llevarnos al Capítulo 9, que es el capítulo de quiebra que permite que las corporaciones públicas tengan un proceso ordenado para analizar su capacidad de pago, reestructurar su deuda…Había alternativas; PROMESA no era la única opción. Yo pienso que fue una de las opciones más agresivas. No dudo que pueda haber opciones más agresivas. Podían habernos dejado solos para ver cómo resolvíamos…De que podía haber opciones más duras para Puerto Rico, no lo dudo. Ahora, había opciones menos difíciles para Puerto Rico, pero insisto 10 años después que fue cruel la manera en la que se ha atendió una situación que advertimos que no era por falta de austeridad, era la falta de un modelo de desarrollo económico, porque recortes al presupuesto ya se habían hecho”, analizó.

Un informe de Center for New Economy (CNE), titulado “PROMESA: ¿Un experimento colonial fallido?”, señaló que, aunque la Administración Obama presionó al Congreso para que autorizara a las agencias, instrumentalidades y municipios en Puerto Rico declararse en bancarrota bajo el referido capítulo, “fue políticamente imposible”.

Aparentemente, los cabilderos de los acreedores cerraron el acceso a los comités de asuntos judiciales, tanto en la Cámara como en el Senado, que tienen jurisdicción primaria sobre asuntos relacionados a quiebras.

La entrevistada consideró que a la mayoría de líderes en el Congreso, actualmente, no les importa el impacto de PROMESA en la isla, en parte por motivos ideológicos.

“Yo pienso, y lo digo con tristeza, no les importa lo que está pasando y claro, hay también una visión ideológica…errada, de nuevo, porque, para colmo, la Junta ha tenido que admitir que sus medidas de austeridad no han dado los resultados que ellos pensaban. No ha habido mayor desarrollo económico con los recortes; no ha habido un mejor desempeño de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Ellos van al Congreso a decir que las medidas que están tomando para la Universidad es para mejorarla y ha sido todo lo contrario, la Universidad está cada vez más deteriorada. Así que van con una visión ideológica que no ha funcionado”, cuestionó.

La necesidad de una auditoría de la deuda

La Comisión que representa Prados lleva insistiendo desde el principio en la necesidad de una auditoría a la deuda para, entre otras cosas, evitar más medidas de austeridad y procesos de quiebra, identificar los responsables del endeudamiento, evaluar la constitucionalidad y legalidad de cada emisión realizada durante los pasados 40 años y recomendar medidas para evitar que se repita la historia.

Uno de los planteamientos recurrentes de los integrantes del organismo es que la deuda de Puerto Rico se emitió de manera ilegal o anticonstitucional, ya que se emitieron bonos que superaban el tope del 15% de los ingresos anuales establecido por el Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico.

El Artículo VI prohíbe que las obligaciones directas del Gobierno superen el 15% del promedio de los recaudos anuales.

Sin embargo, durante años, el Gobierno habría utilizado prácticas fraudulentas para burlar el límite legal como la creación de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), alegan líderes como Prados.

“Si se hubiese ido al tribunal, como nosotros recomendamos, se iba con toda la evidencia a cuestionar la legalidad (de la deuda), no simplemente negociar con los acreedores. Mucha de esa deuda se pudo haber declarado ilegal…Hubiese sido cancelada esa deuda si se hubiera seguido con el proceso judicial. Además de eso, se hubiera podido asignar responsabilidades…Muchas de esas demandas se cayeron, porque no se llevó la evidencia, porque la auditoría era la que te iba a permitir levantar toda esa evidencia y los señalamientos para poder encontrar a los responsables a los que son”, añadió la entrevistada.

Puso como ejemplo, la acción tomada por la Junta en el 2017 bajo la presidencia de David Skeel, para que la firma de servicios legales Kobre & Kim investigara la situación fiscal en la isla.

Con base en el informe, la Junta, en conjunto con Comité de Acreedores Quirografarios, impugnó la legitimidad de $6,000 millones de la deuda del gobierno de la isla ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

“Según David Skeel, una auditoría era muy costosa. La realidad es que él mismo admite que hizo una investigación, que es el informe de Kobre & Kim, que costó $16 millones, y él mismo admite que esa investigación y los hallazgos, que no fue una auditoría, ayudó en las negociaciones con muchos de estos bonistas a reducir lo que era sustancialmente el pedido original de esos bonistas. En el caso de la deuda de los Sistemas de Retiro, lograron reducirla considerablemente porque estaban levantando el argumento de que esta deuda se hizo de forma ilegal. Lo obvio era ir al tribunal y cancelarla, pero ellos lograron reducir sustancialmente lo que estaban pidiendo esos acreedores”, expuso.

A preguntas sobre si aún es viable realizar una auditoría de la deuda de Puerto Rico, respondió: “La investigación se puede hacer. Eso no lo quita nadie. Yo creo que es fundamental hacerla para no volver a caer en las mismas prácticas”.

Los bonistas inescrupulosos

Otro ángulo del asunto al que debe prestársele mayor atención, según Prados, es a la falta de rendición de cuentas por parte de los acreedores en estos procesos.

“Eso es un tema que ahora mismo se está discutiendo en la legislatura de Nueva York; cómo empezamos a reconocer que los acreedores y los bonistas son responsables. Está el bonista que hizo la inversión, el que prestó el dinero, y hay que mirar si estas personas cuando pusieron su dinero no asumieron un riesgo, porque la realidad es que cualquier inversionista sabe que en una inversión se asumen unos riesgos. Pero, los bonistas que nosotros estamos ahora mismo enfrentando, que son los de PREPA (Autoridad de Energía Eléctrica), que son los de COFINA, no son los que nos prestaron el dinero el primer día. Son esos inversionistas que sí sabían que Puerto Rico estaba en quiebra; lo sabían porque ellos entraron al proceso judicial…El problema es que no nos cobra lo que él pagó…ellos quieren cobrarlo al 100% del valor original cuando ellos no pagaron eso”, alertó.

La legislatura de Nueva York evaluó “Champerty Fix Act”. Sin embargo, no logró aprobarse durante la pasada sesión. Aunque al proyecto de ley se le dio paso en el Senado estatal, la Asamblea no lo sometió a votación en el pleno. El objetivo de la legislación era cerrar la laguna legal en las normas sobre “champerty” que permiten que ciertos inversores compren deuda con descuentos en situación de impago.

De cara al futuro, la también coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) anticipó que varios factores apuntan a que la Junta no tiene intenciones de abandonar Puerto Rico pronto.

Uno de estos es su postura cambiante sobre la presentación de presupuestos balanceados, consideró la entrevistada.

“No puede ser que la Junta un día decide que un presupuesto es balanceado y otro que no es balanceado, cuando tú te sientas (a examinar)…tú puedes tener un presupuesto balanceado y como quiera no ser un buen presupuesto”, diferenció.

Otro elemento que podría extender su permanencia en el territorio es el retraso en la presentación de los estados financieros auditados.

“Los estados financieros que tampoco han salido, eso es otra cosa. Son 10 años que está la Junta; más de $2,000 millones que se han gastado en sus operaciones con sus asesores y eso no se ha traducido en poder ayudar a que el Gobierno pueda salir de su problema de no sacar estados financieros a tiempo. Tenemos todavía presupuestos que no están balanceados…”, añadió.

En un comunicado esta semana en el que el organismo anunció la certificación del presupuesto del gobierno de Puerto Rio para el año fiscal 2027, el ente señaló que los estados financieros auditados, necesarios para restablecer el acceso del territorio a los mercados de capital, continúan con un retraso considerable.

“Si es la Junta la que decide cuándo se va a ir, no se va a ir nunca, porque siempre está utilizando una excusa para seguir extendiendo su periodo y eso fue otro error de la ley PROMESA, no establecer términos claros para su salida…Es la Junta la que decide”, recalcó.

Se supone que, con base en el lenguaje de PROMESA, la Junta abandoné Puerto Rico luego de que se certifiquen cuatro presupuestos balanceados consecutivos, el establecimiento de un sistema de contabilidad específico y que la isla reingrese al mercado de bonos.

Sin embargo, Prados insistió en que el ente continúa añadiendo nuevos requerimientos, como reformas al sistema de permiso y otros cambios estructurales.

En las próximas semanas y meses, los miembros de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público estarán atentos a las incidencias relacionadas con el plan de ajuste para la AEE.

“Hay que mantener el ojo puesto en la reestructuración de PREPA. Nosotros vamos a seguir monitoreando. Hay varios procesos judiciales que están pendientes. Hay uno en el Apelativo (tribunal en Boston). Los bonistas están queriendo pelear cualquier cosa en los tribunales. El planteamiento que están trayendo ahora es una barbaridad, que es decir que, después de la quiebra, se hicieron unos gastos operacionales que ellos entendían que eran incorrectos y que afectaron los pagos que le debieron haber hecho a ellos…”, mencionó.

Prados añadió que buscan contrarrestar estas acciones en los tribunales.

“(Pero) el proceso más importante no es este; es lo que va a ser eventualmente la presentación de un nuevo Plan de Ajuste de la Deuda. Nosotros en el pasado hemos estado orientando a la ciudadanía, nos hemos movilizado para que la ciudadanía se exprese, que presenten escritos al tribunal para que le recuerden el impacto, pero al menos la Junta se ha expresado hasta este momento consecuentemente en que no van a permitir aumentos en la factura, que eso es una buena noticia…Puede también ser engañoso. Te pueden decir que no van a haber aumentos hoy, pero en unos cuantos años te espetan un aumento. Por eso para nosotros es bien serio plantearnos la capacidad de pago”, destacó.

Este martes, la Junta anunció una oferta de $3,000 millones a los bonistas en un nuevo intento para reestructurar la deuda de más de $10,000 millones que enfrenta la Autoridad.

La Junta propuso pagar en efectivo y ofrecer la emisión de nuevos bonos a los tenedores disidentes que reclaman el pago total de la deuda.

El plan ofrece $1,400 millones más que lo ofrecido previamente.

“Desde esa perspectiva, estamos viendo más consciencia de lo que llevamos diciendo de que no estamos viendo a bonistas de buena fe, sino inescrupulosos que se están aprovechando. Yo creo que vamos a ver muchos más litigios. La Junta presentará su plan. Yo creo que a la jueza (Laura Taylor Swain) no le va a quedar más remedio que presionar de alguna manera a algunos de estos acreedores a que acepten. Pero, sobre todo, del lado de la ciudadanía tenemos que mantenernos bien pendientes porque la Junta, igual, puede ponerse a hacer ofertas que no podamos pagar. Ahí es que vamos a estar nosotros peleando desde ese rincón y lamentablemente esperar que los tribunales federales hagan justicia y no se pongan del lado de ellos”, anticipó.

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