Alexandria Ocasio-Cortez afirma que “la Junta”es la principal administradora del régimen colonial en Puerto Rico
La representante de origen boricua Alexandria Ocasio-Cortez pidió la derogación de la ley que llevó a la imposición de la Junta de Control Fiscal hace 10 años
Alexandria Ocasio-Cortez, de origen boricua, representa a Nueva York en el Congreso. Crédito: Archivo | AP
NUEVA YORK – En el décimo aniversario de la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de PROMESA (Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico) que impuso la Junta de Control Fiscal (FOMB) en el territorio, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) pidió la derogación del estatuto.
En unas declaraciones escritas con motivo de los 10 años de la vigencia de la ley, aprobada con el voto de demócratas y republicanos en Washington D.C., la congresista de Nueva York planteó que, desde el 2016, el organismo federal ha fungido como el principal administrador del régimen colonial en la isla.
“Hace 10 años, el Congreso aprobó la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico de 2016 (PROMESA) para abordar la deuda de $74,000 millones de dólares de la isla mediante la creación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB) —un organismo no electo conocido simplemente como ‘la Junta’—. Desde entonces, la Junta ha funcionado como la administradora principal del régimen colonial de Puerto Rico, facilitando el deterioro de la infraestructura pública, la atención médica y las escuelas para enriquecer a fondos buitre de Wall Street e inversores extranjeros a costa de una deuda no auditada”, afirmó en el comunicado.
La legisladora de origen boricua argumentó que la crisis que enfrentan los puertorriqueños, que incluye la falta de agua y un sistema de energía deficiente, está directamente relacionada con la imposición de la ley.
“Las crisis actuales que atraviesa la isla no pueden desvincularse de PROMESA, de la FOMB ni de la mala gestión del presupuesto de Puerto Rico por parte de dicha Junta. En este momento, decenas de miles de puertorriqueños carecen de acceso a agua corriente debido a una infraestructura deficiente y desatendida. Los puertorriqueños sufren apagones frecuentes y costos energéticos cada vez más elevados, mientras la FOMB y el Partido Nuevo Progresista (PNP) destinan fondos públicos a contratos energéticos corruptos con empresas como NFEnergía, LUMA Energy y Genera PR. Asimismo, la población se enfrenta al cierre generalizado y a la privatización de escuelas públicas (niveles K-12), al aumento de las matrículas universitarias y a una menor accesibilidad a los servicios de salud, lo que deja a los profesionales médicos sin más opción que buscar oportunidades fuera de la isla”, cuestionó.
La líder progresista se opuso a que las facultades de la Junta sean transferidas al gobierno de Puerto Rico.
“Ha habido intentos de mala fe para instrumentalizar el daño causado por PROMESA y devolver las facultades de la Junta al gobierno de Puerto Rico, manteniendo al mismo tiempo a la isla cargada de deuda. Es preciso resistirse a estos intentos de legitimar una deuda ilegítima”, expuso.
Paralelamente a la revocación del estatuto, el “camino positivo” a seguir debe incluir, según AOC, la eliminación de políticas fiscales como la Ley 60 (Código de Incentivos), bajo la que se otorgan exenciones contributivas a extranjeros que se relocalizan en el territorio.
La representante también propone el descarte de contratos energéticos que provocan precios récord para priorizar la inversión en energía pública y renovable.
Otra prioridad del Gobierno debe ser una mayor atención a los adultos mayores frente a los ataques a sus pensiones y servicios de salud.
La congresista también se expresó en contra del megaproyecto Esencia en las costas de Cabo Rojo y en favor del derecho a la titularidad pública de las playas y al acceso para todos los puertorriqueños.
Ocasio-Cortez además reclamó fondos suficientes para rehabilitar los sistemas públicos de salud y educación de la isla.
El también representante de NY de raíces puertorriqueñas, Ritchie Torres, señaló que la Junta es reflejo de la privación de derechos a los ciudadanos estadounidenses en el archipiélago.
“Hace 10 años, el Congreso promulgó la ley PROMESA para abordar la crisis fiscal sin precedentes de Puerto Rico y ofrecer una vía para reestructurar una carga de deuda insostenible. Sin embargo, también impuso una Junta de Supervisión y Administración Fiscal no electa —conocida como la Junta—, que sigue siendo un doloroso recordatorio de la privación de derechos democráticos a los más de tres millones de ciudadanos estadounidenses que consideran a Puerto Rico su hogar”, compartió a través de la red social X.
Torres coincidió con AOC en que la Junta debe ser abolida.
“A medida que Puerto Rico continúa logrando avances significativos hacia la estabilidad fiscal, ha llegado el momento de poner fin a esta intervención federal extraordinaria y devolver la plena autoridad fiscal al gobierno de Puerto Rico, elegido democráticamente. Seguiré luchando hasta que la Junta sea abolida de una vez por todas. Puerto Rico merece estabilidad fiscal sin sacrificar la democracia ni el autogobierno”, puntualizó.
La senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, fue otra de las que tronó contra la injerencia de la Junta en la isla en beneficio de los grandes intereses.
“Hace 10 años, el Congreso puso las finanzas de Puerto Rico bajo la administración de una junta fiscal no electa que priorizaba los intereses de Wall Street. Ahora Trump está despidiendo a sus miembros y abriendo la puerta a aún más de sus amigos de Wall Street. Es hora de que Puerto Rico tenga el derecho de decidir su propio futuro”, publicó Warren por la misma plataforma.
En su momento, Warren votó en contra de la aprobación de PROMESA.
Los pocos esfuerzos en el Congreso para que la Junta salga de Puerto Rico no han rendido frutos.
Torres fue uno de los que encabezó legislación para acelerar la salida de la Junta de la isla.
En el 2022, introdujo “TRUST for Puerto Rico Act of 2022” (H.R.7409).
El fin era disolver la Junta a más tardar 90 días después de la certificación de dos presupuestos equilibrados y transferirle todas las funciones y responsabilidades al Gobierno de Puerto Rico.
12 demócratas endosaron la medida que no pasó de la fase de introducción.
La única republicana que patrocinó la legislación fue la entonces comisionada residente y actual gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.
Enmiendas propuestas por demócratas en el 2020 tampoco prosperaron en el trámite legislativo.
El demócrata de Florida, Darren Soto, se unió al entonces presidente del comité de Recursos Naturales, Raúl M. Grijalva (Arizona), para presentar la “Ley de Enmiendas a PROMESA” para priorizar la financiación de servicios de salud, educación, seguridad, pensiones y de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La medida hubiese creado una comisión financiada con fondos públicos para auditar la deuda de Puerto Rico y la autoridad al gobierno de Puerto Rico de cancelar deuda no garantizada si consideraba que la carga financiera sería excesiva para la población.
La legislación también fue patrocinada por AOC, Nydia M. Velázquez (NY), y José E. Serrano (NY).
Más recientemente, Soto y el demócrata de Illinois, Raja Krishnamoorthi, presentaron la “Ley de Restitución del Poder del Pueblo de Puerto Rico de 2026”, una legislación para modificar PROMESA con el fin de establecer una fecha de salida de la Junta y devolver la autoridad fiscal al gobierno de Puerto Rico.
Bajo la propuesta de ley, la Junta cesaría sus funciones al día siguiente de que el gobierno de Puerto Rico promulgue una ley que designe o establezca una entidad sucesora. El proyecto de ley preservaría las actuaciones previas de la Junta, mantendría los requisitos vigentes para la confirmación de la quiebra y conservaría la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, para de esta forma garantizar la continuidad, la estabilidad y la seguridad jurídica como parte de la transición.
Al momento, la medida no ha pasado del trámite de introducción.
El Congreso aprobó PROMESA, que posteriormente firmó el presidente Barack Obama, para proveer una vía legal para que Puerto Rico reestructurara su deuda pública. La ley estableció la Junta, que es el ente encargado de administrar las finanzas de la isla y equilibrar su presupuesto. La Junta es el organismo que presenta los planes de ajuste de deuda de las distintas agencias e instrumentalidades del gobierno para su restructuración. Actualmente, la Junta trata de llegar a un acuerdo con los bonistas sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Sin embargo, el poder soberano del organismo para tomar decisiones financieras ha causado más daño que beneficio. La Junta ha implementado recortes en servicios públicos esenciales para beneficiar los intereses de los bonistas, lo que ha afectado la calidad de vida de las comunidades y grupos más vulnerables de Puerto Rico.
Al momento de su aprobación, varios congresistas asumieron el discurso de que, aunque temían efectos adversos en Puerto Rico por la imposición de la Junta, lo más sensato era darle paso a la legislación.
Por ejemplo, Grijalva, quien falleció el año pasado, afirmó en aquel entonces que apoyaría el proyecto de ley, a pesar de sus reservas con el lenguaje. También resaltó la falta de un paquete de estímulo y ayuda económica como parte de la legislación.
Grijalva lo describió como un salvavidas para el territorio.
“Este es el único proyecto de ley que logrará el apoyo suficiente de mis colegas republicanos —del otro lado del hemiciclo— para ser aprobado en el Congreso, un Congreso que ellos controlan”, añadió el funcionario. “Muchas de las disposiciones a las que me opongo son precisamente las que probablemente atraerán el respaldo republicano”, puntualizó en un mensaje en una reunión del comité de Recursos Naturales con jurisdicción en los asuntos de Puerto Rico.
Por su parte, Velázquez planteó, mediante declaraciones escritas, que a pesar de las deficiencias en la ley, no había otra opción.
“La cruda realidad a la que nos enfrentamos ahora es que, aparte de PROMESA, sencillamente no quedan otras opciones políticamente viables sobre la mesa”, consideró la congresista de origen boricua.
“¿Me indigna que el proyecto de ley contenga disposiciones laborales que no solo son detestables, sino también contraproducentes? Sí. ¿Considero que los acreedores —que prestaron dinero a la isla y compraron deuda a bajo precio— deberían situarse detrás de los pensionistas en la lista de cobro, aun cuando la propia Constitución de Puerto Rico disponga lo contrario? Sí, así lo creo. ¿Debería el proyecto de ley incluir incentivos para el crecimiento económico y la paridad en la atención sanitaria? Por supuesto que sí. Pero no vivimos en un mundo perfecto”, agregó.
Por el otro lado, representantes republicanos como el de Utah, Rob Bishop, sostuvieron que, con PROMESA, se estaría creando un futuro próspero para la isla.
“Algunos dirán que, si aprobamos este proyecto de ley, estamos rescatando a Puerto Rico de políticas irresponsables y violando contratos vigentes con inversores; eso es una tontería. Son argumentos falaces. Al contrario, estamos creando un futuro para Puerto Rico al proteger a los inversores actuales y fomentar futuras inversiones”, declaró Bishop quien fungía como el presidente del referido comité.
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