Abogados ven beneficios a largo plazo para Puerto Rico y otros territorios de decisión del Supremo sobre ciudadanía por nacimiento

NUEVA YORK – La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la ciudadanía por nacimiento con base en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución podría representar a largo plazo beneficios para los residentes de territorios como Puerto Rico si una controversia sobre ese derecho en estas jurisdicciones llega a los tribunales.

Así lo anticipó Adi Martínez Román, codirectora de la organización Right to Democracy, al hacer un análisis sobre el alcance del fallo del pasado 30 de junio.

En la esperada decisión, una mayoría de jueces ratificó la interpretación original de la Cláusula de la Ciudadanía que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de EE.UU. y del Estado en que residen”.

La cláusula añade: “Ningún Estado podrá promulgar ni aplicar ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los EE.UU.; ni privar a persona alguna de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de las leyes”.

Con el dictamen, el máximo foro rechazó la Orden Ejecutiva 14160 del presidente Donald Trump, titulada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, con la que buscaba restringir ese derecho en el caso de hijos de padres indocumentados o con estatus temporal.

Tras la decisión del Supremo, si el Congreso buscara eliminar la ciudadanía por nacimiento de los boricuas, por ejemplo, habría un argumento para levantar en los tribunales en contra, estimó la experta.

La postura de la abogada parte del análisis de que los jueces, con la determinación, establecieron limitaciones a los poderes de las otras dos ramas gubernamentales, la Legislativa y la Ejecutiva.

“La rama que tiene la última palabra para interpretar lo que es constitucional o no es la Judicial y el Tribunal Supremo de EE.UU., y básicamente, en este caso, la Rama Judicial le está diciendo al presidente de los EE.UU., que se pasó, cruzaste la línea de tus poderes al tú redefinir la Constitución bajo esta orden ejecutiva”, adujo la puertorriqueña.

En este contexto, el fallo es significativo, ya que la ciudadanía estadounidense que aplica en los territorios se considera estatutaria u otorgada mediante ley del Congreso.

“A pesar de que en esta controversia el Tribunal Supremo no ha atendido directamente el caso de los territorios, como está interpretando el Congreso y el Ejecutivo nuestra ciudadanía como estatutaria es en violación del derecho constitucional. Lo que pasa es que esto no ha llegado al Tribunal Supremo todavía. Si el Presidente o el Congreso deciden, ya sea por orden ejecutiva o por ley, eliminar la ciudadanía de EE.UU. en Puerto Rico, cuando nosotros todavía estamos bajo la soberanía de EE.UU., este suelo se considera propiedad de EE.UU. y estamos sujetos a la soberanía de EE.UU., como se ha establecido una y otra vez por los Casos Insulares y los más recientes…Si al Congreso le da la gana de hacer una ley así, pues sería un acto inconstitucional, en contra de los derechos constitucionales, civiles y fundamentales en contra de las personas de los territorios”, explicó.

Para que el debate madure, tendría que haber un caso o controversia.

“El caso o controversia podría llegarle por varias vías. Por ejemplo, el caso en el que nosotros estamos defendiendo a los samoanos americanos que viven en Alaska que fueron arrestados y procesados por haber votado porque a ellos no se les reconoce la ciudadanía por nacimiento. Ese es un ejemplo de un caso que, si llega al Tribunal Supremo, el Supremo pudiera expresarse sobre eso, pero pudiera haber otros casos…Si el Congreso actúa (contra la ciudadanía por nacimiento en los territorios), ese podría ser otro caso”, mencionó.

Samoa Americana es el único territorio estadounidense en el que sus residentes no obtienen la ciudadanía al nacer. A los samoanos americanos se les considera “nacionales estadounidenses no ciudadanos”. La población no puede votar en EE.UU.

El proceso contra Michael Pese, su madre Miliama Suli y varios hermanos incluye delitos graves de perjurio e irregularidades electorales.

Los fiscales estatales están procesando a Pese y a los otros en Whittier por supuestamente afirmar falsamente tener la ciudadanía estadounidense al registrarse o intentar votar.

Los acusados sostienen que siguieron las indicaciones de las autoridades locales de marcar la casilla de “ciudadano estadounidense”, ya que no había la opción de “nacional estadounidense”. De ser condenados, cada uno se enfrenta a una pena de entre 5 y 10 años de prisión.

Pese se está amparando en la Cláusula de Ciudadanía para defenderse en el proceso penal.

Luis Martínez Torres, abogado de Litigios y Políticas de Right to Democracy, mencionó el caso “Tuaua v. United States” como otro ejemplo de la complejidad de la ciudadanía por nacimiento en los territorios.

“El caso de los samoanos americanos ya ha sido un caso que se ha visto en tribunales federales. En el caso de ‘Tuaua’, al Tribunal Supremo se le hizo la petición de certiorari para que tomara el caso y determinara si la ciudadanía de los samoanos americanos, que se les reconoce como nacionales de EE.UU., pero no ciudadanos, si eso es constitucional. Sin embargo, en esa ocasión el Tribunal Supremo denegó la petición y no acogió el caso, no lo resolvió. Por lo tanto, esa interrogante sigue viva”, señaló.

Los demandantes en el caso iniciado en el 2012 argumentaron que la Cláusula de Ciudadanía de la Constitución les garantizaba ese derecho a los samoanos.

Lo reclamantes impugnaron la “constitucionalidad de las leyes y políticas federales que niegan la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en el territorio estadounidense de Samoa Americana”.

En 2015, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. falló en su contra. La corte determinó que la ciudadanía por nacimiento no se aplica automáticamente a los territorios no incorporados sin la intervención del Congreso.

“En vista de esta decisión de ‘Trump v. Barbara’, también corresponde que, en su momento, cuando llegue el caso nuevamente al Supremo, que el Supremo lo acoja y determine que, al igual que se resolvió en Trump v. Barbara, los residentes de los territorios también tienen derecho a la ciudadanía por nacimiento de la Decimocuarta Enmienda”, apostó Martínez Torres.

Tanto Martínez Román como Martínez Torres afirmaron que la ciudadanía de los residentes de los territorios emana de la Constitución.

“El planteamiento de nosotros es que emana de la Constitución, porque nosotros nacemos como, claramente establece la Decimocuarta Enmienda, en suelo propiedad de los EE.UU. bajo la jurisdicción y la soberanía de los EE.UU. Trump v. Barbara, al repetir esa doctrina como definitiva, de que la Decimocuarta Enmienda claramente establece que toda persona que nace bajo la jurisdicción de EE.UU. en suelo estadounidense, irrespectivamente de que sus padres estén de manera ilegal o no o estén temporeramente en EE.UU., son ciudadanos de EE.UU. por haber nacido ahí, es un lenguaje claro y contundente”, afirmó la profesora.

La letrada anticipó que, si el tribunal hubiera fallado a favor de la Administración Trump, el caos administrativo hubiese sido inevitable.

“El tú darle el poder al Ejecutivo, al Presidente, al Departamento de Justicia, a esas ramas, de decir quiénes sí y quiénes no (son ciudadanos); a definir, a darle contenido a un derecho constitucional, claro que crea un caos, porque va a depender del capricho político de esa persona en el poder. Ya tú le permites una, pues van a seguir ampliando y cambiando (las reglas) dependiendo de quién esté en el poder. Para eso, precisamente, son los derechos fundamentales y constitucionales para evitar el uso caprichoso del poder. Por eso mismo es que existe una Constitución; por eso mismo es que el Poder Judicial es el último poder llamado para interpretar esa Constitución. En términos prácticos, hubiera sido todos esos efectos que los grupos que defendieron el caso describen de crear una subclase, de poder excluir grupos según sea el capricho del Ejecutivo, etc., etc.”, reflexionó.

“Pero, para los territorios, el efecto hubiese sido también importante, porque, si hubiesen permitido que el presidente tenga la autoridad de definir de esa manera, por orden ejecutiva, quién sí o quién no, pues entonces se sostendría que el Congreso también puede decidir quién sí y quién no por ley. Habría sostenido nuestra vulnerabilidad (por ser territorio) más todavía”, continuó.

La activista no ve muchas posibilidades a las intenciones del presidente y de líderes republicanos en el Congreso de evaluar alternativas adicionales para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento por la vía legislativa.

“Lo que yo pienso es que refleja la ignorancia o puede ser la manipulación de la ignorancia de las personas sobre cómo funciona el derecho constitucional. Una vez se hace una determinación sobre lo que es el derecho constitucional, ni el Presidente, ni el Congreso tienen autoridad de cambiarla a menos que logren una enmienda constitucional. Para poder cambiar eso tendrían que hacer una enmienda constitucional y todo el mundo sabe que la Constitución de EE.UU. es una de las más difíciles de cambiar en el mundo”, planteó.

Para la activista, lo que más pesó en la decisión del Supremo fue el entendimiento claro, que ya fue establecido previamente en el caso “United States v. Wong Kim Ark” (1898), de la Cláusula de Ciudadanía.

“Yo personalmente pienso que lo que pesa más que hay un entendimiento claro, que está claramente ya establecido, por precedente del tribunal desde el caso (United States v.) Wong Kim Ark que las personas que hacen en EE.UU., sujetos a la jurisdicción de EE.UU., son ciudadanos, punto. Esa fue una decisión histórica que le dio significado mismo a lo que es ser EE.UU., como nación de inmigrantes que es. Ese precedente o ese valor histórico del significado de la ciudadanía y lo clara que está escrita la Cláusula de Ciudadanía, pues ya está bien establecido. Creo que eso fue lo que más peso tuvo en esa decisión”, consideró.

Según la académica, los magistrados reafirmaron que los ciudadanos por nacimiento son sujetos de derecho.

“Cuando el juez del tribunal dice que ‘es el derecho a tener derecho’ se refiere a lo que significa ser ciudadano. Mucha gente dice que ciudadano es esto, pero, qué es lo que realmente significa ser ciudadano a eso él se refiere a lo del ‘derecho a tener derecho’, a que bajo la jurisdicción o la soberanía de este país estas personas están reconocidas como sujetos de derecho. Para nosotros, eso es lo más importante”, estipuló.

Martínez Torres añadió que la interpretación del tribunal sobre lo que significa “sujeto a la jurisdicción” de EE.UU. fue esencial.

“La importancia de la decisión y el fundamento principal es lo que significa sujeto a la jurisdicción…También pienso que fue determinante el limitar el poder unilateral de las ramas políticas, entiéndase, del Poder Ejecutivo representando por el presidente, y el Poder Legislativo del Congreso de definir quién es y quién no es un ciudadano contrario al texto claro y la historia de la Decimocuarta Enmienda”, puntualizó.

Right to Democracy es una organización que promueve la democracia, la equidad y la libre determinación en los territorios de EE. UU.

A principios de año, sus integrantes junto a funcionarios electos, exfuncionarios y jueces retirados presentaron un escrito de amicus curiae en el que le pidieron al Supremo no repetir los mismos errores que ha cometido en los territorios.

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