¿Una “Ley 22 remota” fue aprobada en el Senado de Puerto Rico?; legisladora del PPD alerta sobre agravamiento en crisis de vivienda

NUEVA YORK – La senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Ada Álvarez Conde, insistió en que el proyecto 488 que otorga incentivos contributivos en Puerto Rico a cualquier ciudadano estadounidense independientemente de dónde se encuentre dañó el propósito original del esfuerzo legislativo que buscaba equiparar los beneficios de los inversionistas locales con los de los extranjeros.

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“Este proyecto 488 tenía una idea inicial buena, pero le metieron una enmienda horrible. (El fin era) que las personas inversionistas de Puerto Rico pudieran tener los mismos beneficios que se le dan a los extranjeros y hasta ahí estamos bien…Lo que pasa es que metieron una enmienda que decía que la exención puede tenerla cualquier ciudadano estadounidense que no viva aquí. Yo hice la alerta de que eso era incompatible, porque, si los de la Ley 22 (“Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico) tienen unos requisitos básicos de vivienda, de cuánto tiempo al año deben estar, donativos a las sin fines de lucro…, cómo es posible que ahora se le otorgue a cualquiera remoto”, argumentó la legisladora en entrevista con El Diario.

El texto de la medida, a la que se le dio paso el 24 de junio, indica que enmendará el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011” para establecer una tasa especial de 4% aplicable voluntariamente sobre el ingreso por concepto de intereses y dividendos, incluyendo los provenientes de compañías inscritas de inversiones, entidades bancarias y financieras internacionales; ganancias netas relacionadas con cualquier apreciación que tuvieran valores y otros activos.

De acuerdo con el escrito legislativo, el contribuyente podrá acogerse a esta tasa especial mediante la planilla anual de contribución sobre ingresos. “Al optar por esta tasa, no se aplicará la contribución básica alterna ni ciertos créditos contributivos”, especifica el proyecto.

La intención es “permitir que los ingresos de intereses y dividendos y las ganancias de capital de los inversionistas que ya residían en Puerto Rico tengan el mismo tratamiento contributivo que los que recién se han relocalizado en nuestras costas”.

“De esta manera podemos continuar haciendo de nuestro archipiélago un destino de vida”, añade el documento.

El texto de la medida añade que “cualquier individuo residente de Puerto Rico o ciudadano americano no residente, sucesión o fideicomiso que esté sujeto a tributación bajo las disposiciones de la Sección 1083.01(a), y además, en el caso de los individuos, cualquier ciudadano de los EE.UU., aun cuando este no sea residente de Puerto Rico podrá acogerse a la opción de pagar, en lugar de cualesquiera otras contribuciones impuestas por este subtítulo, incluyendo la contribución básica alterna, una contribución igual al 4% por ciento sobre el total de ingresos…”.

La legislación además establece que la tasa contributiva especial no estará disponible para individuos no residentes que cumplan con los requisitos para acogerse a los beneficios contributivos bajo la Ley 60 de 2019 o Código de Incentivos.

En la Ley 60 se encuentra la 22 que es la que exime a inversionistas extranjeros, la mayoría provenientes de EE.UU., de impuestos sobre intereses, dividendos y ganancias de capital si cumplen con ciertos requisitos como permanecer en la isla por 183 días al año, comprar una propiedad en un plazo de dos años y donar al menos $10,000 dólares anuales a organizaciones sin fines de lucro.

Con anterioridad a la aprobación del 488 en el Senado, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmó la Ley Núm. 38 que enmendó el Código de Incentivos o Ley 60 para ajustar la tasa contributiva aplicable a futuros individuos residentes inversionistas y establecer requisitos de residencia previa. La ley del 10 de marzo pasado además extendió la vigencia de los decretos contributivos como los de Ley 22 hasta el 2055.

A juicio de la legisladora, con ambas medidas, se busca “empeñar el futuro de Puerto Rico”.

“En un momento (2019) en un chat (encabezado por el exgobernador Ricardo Rosselló), salió (el comentario) de un ‘Puerto Rico sin puertorriqueños’. Yo me reafirmo que solamente pensar que el dinero va a venir de inversionistas, sobre todo multimillonarios, no ayuda a la calidad de vida del puertorriqueño porque no le estamos haciendo justicia a los que sí están trabajando y creando empleo”, consideró.

Para Álvarez Conde, ampliar el acceso del beneficio para que cualquier ciudadano estadounidense se beneficie pone en desventaja a los inversionistas locales.

“Hay multimillonarios que viven en Puerto Rico y pagan cero impuestos, cero, y le acaban de cambiar que, de enero en adelante, los nuevos que vengan van a pagar 4%. Esta ley 488 fue para locales que fueran inversionistas, pero le abrieron la puerta a cualquier persona, no importa donde viva, mientras sea ciudadano americano. Un poco cancela la otra, porque ahora el decreto contributivo que le estaban ofreciendo a inversionistas multimillonarios de afuera con ciertos requisitos, ahora se abrió la puerta a que, aún remoto, puedas pagar menos impuestos que todo el mundo aquí. Una persona como yo, trabajadora con un salario medio, me quitan 33% de impuestos; las empresas tienen un montón de impuestos. Hay mucha gente con muchísimo dinero que ahora paga cero impuestos y va a pagar 4% con unos requisitos mínimos…Estamos regalando al país y haciendo una reforma (contributiva) injusta”, afirmó.

La senadora por acumulación resaltó que la legislación no especifica que la tasa preferencial aplicará solo a boricuas en el exterior.

“La idea de este proyecto original era que fuera para los puertorriqueños, porque ya los extranjeros están viviendo aquí. Los extranjeros entiéndase, la mayoría estadounidenses; que son gente de afuera que se muda aquí para pagar pocos impuestos. El hacerlo abierto a que sea remoto, no dice boricuas que vivan fuera, dice cualquier ciudadano americano, así que ahora mismo viene una persona de EE.UU. que es un multimillonario y quiere evocar esto, si se firma, puede decir, ‘pues yo me voy mejor por esta ley, porque la otra me pide que viva allí. Ahora no tiene que vivir allí (en Puerto Rico) y no tiene que pagar los impuestos federales de dónde vive. Yo creo que es una burrada legislativa”, argumentó.

La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado votó en contra al identificar la medida de la mayoría novoprogresista (PNP) como la “Ley 22 remota”. Los senadores independientes Eliezer Molina y Joanne Rodríguez Veve también rechazaron la pieza legislativa.

En el caso de los populares, aparte de Álvarez Conde, José Santiago Rivera le votó en contra, mientras que Luis Javier Hernández Ortiz se abstuvo.

Los senadores del PPD Marially González Huertas y José Luis Dalmau votaron a favor.

A preguntas sobre las razones del apoyo a la medida por parte de algunos miembros de su partido, dijo desconocer.

“No sé si estuvieron en el debate viendo lo que se añadió…Si se enfocaron en que era una medida para equiparar lo local, cualquiera pudiera estar a favor. Si no leyeron la enmienda que cambió el proyecto, pues es otra cosa”, respondió.

La legisladora aclaró, sin embargo, que el PPD en su plataforma se comprometió en equiparar los beneficios contributivos a los puertorriqueños no a “ciudadanos estadounidenses no residentes”.

“En el Partido Popular está la propuesta de que le aplicará a los locales. Los penepés hicieron un debate totalmente partidista de cómo era posible que nosotros estuviéramos en contra si era para ayudar a los locales, excepto ese párrafo que añadieron que no tenías que vivir aquí, que podía ser cualquiera, y obviamente ya deja de ser para locales”, distinguió.

Álvarez Conde teme que, de aprobarse la medida en la Cámara y la gobernadora la firme, se continúe agravando la crisis de vivienda y los desplazamientos en la isla, males que ya se asocian a leyes como la 22.

“Aquí ha habido un desplazamiento de población desde (el huracán) María y la visión es que Puerto Rico se vuelva un sitio para turistas, pero no para el ciudadano. Así que yo creo que esto simplemente abre la puerta a lo que ha pasado ahora: que no hay vivienda y que las viviendas que hay han subido un montón de precio; cuando las venden, las venden solo ‘cash’ (en efectivo); que la vivienda que tienen la hacen Airbnb; crean vivienda nueva para otros millonarios; quieren destruir o privatizar recursos naturales…Mientras toda la ciudadanía de a pie está encarecida y no tienen justicia salarial, hay unos que tienen mucho que van a tener más y se crea un proceso desigual”, expuso.

Álvarez Conde indicó que, para mejorar la Ley 22 habría que enmendarla para incrementar lo que los extranjeros deben donar a las sin fines de lucro, requerir mayores ingresos para municipios y establecer requisitos específicos de creación de empleo bien pagados.

“Es inaceptable para mí que tú digas que alguien trae dinero a Puerto Rico porque te contrató para limpiar casas pagando una miseria, el mínimo, cuando eres un multimillonario”, planteó.

Según el Informe de Gastos Tributarios del Departamento de Hacienda con fecha del 2025, el gobierno de Puerto Rico estaría dejando de generar $18,400 millones como resultado de las exenciones fiscales bajo la Ley 22 entre los años contributivos 2024 y 2030.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) estimó que el efecto fiscal agregado para el año fiscal 2026 de la medida 488 habría sido de unos $132 millones y fluctuaría entre $134.8 millones y $141 millones entre los años fiscales 2027 y 2023.

Menos ingresos al fisco federal, según la GAO

La Ley 22, no solo afecta los ingresos del fisco a nivel local, también los del gobierno federal. Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) constató que el estatuto aprobado en la legislatura de Puerto Rico le cuesta cientos de millones de dólares a contribuyentes de EE.UU.

“Las personas que se benefician del programa de incentivos para inversores residentes de Puerto Rico (Ley 22) también pueden, de forma independiente, estar exentas en gran medida del pago de impuestos federales sobre la renta, dependiendo de la fuente de sus ingresos. En concreto, descubrimos que, en conjunto, la disminución de los ingresos fiscales federales provenientes de los contribuyentes que se acogen al programa de incentivos para inversores residentes de Puerto Rico podría ascender a cientos de millones de dólares al año”, concluyó el análisis titulado “IRS debería mejorar la supervisión de los contribuyentes que solicitan la exención de impuestos federales”.

El documento de 54 páginas detalla que, para el 2021, el año más reciente sobre el que la GAO cuenta con datos completos, aproximadamente, 2,200 extranjeros eran beneficiarios de la llamada Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”.

“El análisis revela una disminución significativa en el ingreso imponible federal promedio y en los impuestos federales pagados por esta población entre los 5 años anteriores y los 5 años posteriores a su traslado a Puerto Rico. El análisis de la GAO concluyó que la disminución en la recaudación de impuestos federales en total podría ascender a cientos de millones de dólares al año”, añadió el reporte.

IRS investiga a beneficiarios de la Ley 22 por evasión de impuestos

Por otro lado, desde el referido año, el Servicio de Rentas Internas (IRS) investiga a beneficiarios de la Ley 22 por estar abusando de la misma para evadir impuestos federales al mentir sobre su tiempo de residencia en la isla.

En la isla, la coalición “Puerto Rico No Se Vende” le ha estado dando seguimiento a estos temas desde hace años, incluso con un litigio en los tribunales para que el IRS divulgue información sobre los resultados de las auditorías. El Diario contactó la semana pasada a representantes de Center for Popular Democracy (CPD), a la que está adscrita “PR No Se Vende”, para solicitar una entrevista sobre la legislación en el Senado.

Sin embargo, aunque inicialmente dijeron estar disponibles para la entrevista, posteriormente ignoraron los mensajes.

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