Congresista Morgan Griffith defiende proyecto que busca limitar ciudadanía por nacimiento en territorios como Puerto Rico
"Ojalá pudiéramos reformar las leyes de ciudadanía por derecho de nacimiento en todo EE.UU.", declaró el representante republicano a El Diario
El representante republicano de Virginia, Morgan Griffith. Crédito: Archivo | AP
NUEVA YORK – El representante republicano de Virginia, Morgan Griffith, defendió la legislación que presentó para limitar la ciudadanía por nacimiento en territorios de Estados Unidos como Puerto Rico bajo la premisa de que no se debe abusar de ese privilegio.
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“Ojalá pudiéramos reformar las leyes de ciudadanía por derecho de nacimiento en todo EE.UU. Las reformas a la ciudadanía por derecho de nacimiento benefician a todos los ciudadanos estadounidenses, incluidos los de los territorios de EE. UU., al limitar los privilegios de la ciudadanía a los ciudadanos estadounidenses, a los residentes permanentes legales y a sus descendientes”, dijo el congresista en respuesta a una solicitud de información de El Diario.
“Poseer la ciudadanía estadounidense es beneficioso para todos. Otorga el derecho a viajar libremente por todo EE.UU., a asistir a universidades estadounidenses —incluidas nuestras academias militares—, a tener voz en el Congreso de los EE.UU. y, en última instancia, a poder postularse para la presidencia de los EE.UU., entre otras cosas”, planteó Griffith en las declaraciones escritas.
Para respaldar su argumento, el legislador federal se refirió al llamado “turismo de parto” o “de nacimiento”, que es la práctica de viajar a un país para dar a luz y que el recién nacido adquiera automáticamente la ciudadanía de la nación.
Según Griffith, la acción es común en Guam y las Islas Marianas del Norte con nacionales de China.
“El pueblo de EE.UU., incluidos los territorios, no merece ser objeto de abusos por parte de ciudadanos extranjeros inescrupulosos que no respetan las leyes de inmigración estadounidenses. Peor aún son aquellos que vienen a EE. UU. para tener a sus hijos sin intención alguna de criarlos para que formen parte del tejido social estadounidense; tal es el caso de los ciudadanos de la República Popular China que viajan en avión a Guam o a las Islas Marianas del Norte para tener a su ‘bebé estadounidense’ y luego regresan a China para criar a estos ‘ciudadanos estadounidenses’ dentro de la China comunista”, expuso el representante.
El congresista citó un artículo de New York Post de marzo pasado que señala que embarazadas procedentes de China habían “convertido un paraíso tropical en una sala de maternidad” dando a luz a sus bebés en las Islas Marianas (CNMI).
De acuerdo con el reporte, en el territorio ubicado en el océano Pacífico se registró una “afluencia masiva” de esta práctica desde 2009 cuando el entonces presidente Barack Obama autorizó un programa de exención de visado para ciudadanos chinos.
El informe que hace referencia a investigadores chinos no especificados estimó que unas 1,000 empresas ofrecen servicios de turismo de parto que no se limitan a las Islas Marianas, sino al propio territorio continental. El escrito menciona la cifra 1.5 millones de bebés estadounidenses que están siendo criados en China por padres chinos como resultado de esta modalidad. No está clara la fuente específica de la cifra.
El artículo menciona una carta con fecha del 9 de marzo dirigida a tres secretarios del gabinete de Trump en la que republicanos exigieron información detallada sobre el turismo de nacimiento chino.
Chris Chmielenski, presidente de la organización sin fines de lucro Immigration Accountability Project, dijo al periódico que la preocupación mayor era si los padres de los niños tenían vínculos con el Partido Comunista Chino.
El reportaje incluye imágenes que hacen referencia a supuestos clientes de la empresa en línea Global Bay 8.
Otro artículo de The Wall Street Journal de diciembre de 2017 indentificó a Saipán como el “nuevo destino predilecto para el turismo de parto”.
El texto añadió que Saipán, que forma parte de CNMI, es el único territorio estadounidense en el que los ciudadanos chinos pueden visitar sin visado, como resultado del cambio en 2009 de la política migratoria de 2009 que permitió la entrada de turistas chinos y rusos sin necesidad de ese permiso por un periodo de hasta 45 días.
Un escrito este mes del exprofesor e investigador Richard Wyttenbach-Santos en Pacific Daily News señala que antes de 2009, se registraban menos de 10 nacimientos anuales de madres turistas en las Islas Marianas.
Para el 2018, los nacimientos, la mayoría en Saipán, aumentó a entre 580 y 600 anuales.
Entre 2009 hasta el año pasado, la cifra era de 3,300 nacimientos en Saipán bajo dicha práctica.“En 2012, hubo 356 nacimientos de madres chinas frente a 295 de residentes indígenas de la CNMI. Ese año, los nacimientos de madres chinas superaron a los de la población indígena”, resaltó Wyttenbach-Santos en la columna de opinión.
Sin embargo, el asesor en la legislatura de Guam también destacó que en los últimos años las cifras han disminuido drásticamente a, aproximadamente, 58 nacimientos en el 2024 y 47 en 2025.
El columnista tomó como referencia información provista por la delegada de las Islas Marianas en el Congreso, Kimberlyn King-Hinds.
Griffit agregó que el fallo del Tribunal Supremo el mes pasado en el que los jueces rechazaron la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres indocumentados o con estatus temporal abre la puerta a encaminar cambios en esa dirección en los territorios.
“El fallo de la Corte Suprema en el caso ‘Trump v. Barbara’ dificulta la implementación de tales reformas sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento dentro de los propios estados. Sin embargo, gracias a otras decisiones de la Corte Suprema y de los tribunales de apelación —una de ellas tan reciente como 2021—, podemos aplicar estas reformas en los territorios simplemente mediante un proyecto de ley”, afirmó el congresista.
Griffith se refiere a “Fitisemanu v. United States”, caso en el que el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito determinó que las personas nacidas en Samoa Americana no tienen derecho a la ciudadanía por nacimiento en virtud de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU.
La Corte Suprema denegó la solicitud de revisión (certiorari) en este caso en 2022.
A los residentes de Samoa Americana se les considera nacionales de EE.UU. y no ciudadanos.
“Estoy buscando el apoyo de mis colegas de la Cámara de Representantes para esta legislación. Agradezco el respaldo tanto de republicanos como de demócratas. En aras del interés superior de nuestro país, espero que la cuestión de combatir el turismo de nacimiento trascienda las líneas partidistas”, concluyó el político.
“End Birthright Citizenship for Territories Act” (Ley para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en los territorios) fue introducida el 16 de julio. Al momento, cuenta con un solo coauspiciador, el republicano de Carolina del Sur Ralph Norman.
De acuerdo con el comunicado en el que se anunció el H.R. 9724, la propuesta de ley busca clarificar las normas sobre ciudadanía por nacimiento para las personas nacidas en los territorios. La medida “reserva expresamente la ciudadanía por nacimiento en los territorios únicamente para aquellos hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales”.
Expertos en la ciudadanía por nacimiento en los territorios han alertado que la falta de precisión en el borrador del proyecto de ley deja la puerta abierta para una implementación generalizada de la restricción de aprobarse la medida.
La organización Right to Democracy, por ejemplo, señaló en un comunicado que la propuesta de Griffith modificaría las leyes federales que reconocen automáticamente como ciudadanos estadounidenses a las personas nacidas en Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de los EE. UU. y las Islas Marianas del Norte, con el fin de eliminar dicha garantía para las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2027.
Argumentaron que, si bien la legislación propuesta establece que “no se interpretará de manera que afecte a la ciudadanía o nacionalidad de una persona nacida en los territorios de los EE.UU., que sea hija de un ciudadano estadounidense o de un extranjero admitido legalmente para residir de forma permanente en los EE.UU.”, el texto real de las enmiendas incluidas en dicha legislación no contempla tales excepciones.
“Esta legislación peligrosa e inconstitucional pone de relieve el problema que plantean los Casos Insulares (jurisprudencia de la Corte Suprema de EE.UU.) y la idea de que el Congreso tiene la facultad de activar o desactivar derechos constitucionales a su antojo en los territorios de los Estados Unidos”, afirmó Neil Weare, codirector de Right to Democracy.
La entidad, que representa a los ciudadanos en los cinco territorios, promueve una encuesta para recabar la opinión de las comunidades que se verían afectadas por la legislación.
En entrevista con El Diario la semana pasada, la profesora de Historia Legal de la Universidad de Columbia, Christina D. Ponsa-Kraus, consideró que la legislación se presta a distintas interpretaciones.
“La legislación, este borrador en particular, está bien mal escrito. Es una legislación de dos páginas y tiene un montón de errores. Uno de los problemas de cómo está escrita la legislación es que dice que no le aplica a los hijos de ciudadanos o residentes legales permanentes, pero dos cosas. Número 1: eso lo dice en la sección de las Islas Marianas del Norte, pero lo dice como si le aplicara a todos los territorios. Entonces no queda claro”, analizó Ponsa-Kraus.
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