Demanda busca frenar regla de Trump que permite enviar casos de asilo a corte sin entrevista
Una demanda cuestiona una norma de USCIS que permite enviar solicitudes de asilo afirmativo a tribunales sin una entrevista previa
Oficina Regional de Miami del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Crédito: Wilfredo Lee, File | AP
Proveedores de servicios legales y organizaciones defensoras de los inmigrantes presentaron este miércoles una demanda federal para proteger el debido proceso de las personas que solicitan asilo en Estados Unidos, al impugnar una nueva norma que, según alegan, limita estas garantías fundamentales.
La demanda busca bloquear una regla provisional que permite al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) enviar directamente a la corte de inmigración a solicitantes de asilo sin realizar primero una entrevista para evaluar sus casos. La norma entró en vigor el 28 de julio de 2026 y se aplica tanto a solicitudes nuevas como a las que ya estaban pendientes.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por el National Immigrant Justice Center (NIJC), el Center for Gender & Refugee Studies (CGRS) y Human Rights First, en representación de Immigration Equality, Oasis Legal Services, HIAS y Florence Immigrant & Refugee Rights Project.
Las organizaciones sostienen que la medida permite que los funcionarios de asilo remitan casos a procesos de deportación basándose únicamente en la solicitud escrita, sin hablar con la persona sobre la persecución o los peligros que la llevaron a solicitar protección.
Durante décadas, el proceso de asilo afirmativo permitió a los solicitantes explicar sus casos durante una entrevista no adversarial con un funcionario especializado de USCIS. Después de esa evaluación, el funcionario podía aprobar la solicitud o remitirla a una corte de inmigración, donde el solicitante debía defenderse de un proceso de deportación.
La nueva regla elimina esa entrevista como paso obligatorio y, de acuerdo con las organizaciones demandantes, podría afectar hasta 31% de los más de 1.4 millones de casos que forman parte del sistema de asilo afirmativo, según estimaciones del Gobierno.
Anwen Hughes, directora sénior de estrategia legal de programas para refugiados de Human Rights First, señaló que la entrevista permite que personas como niños, sobrevivientes de tortura y personas que hablan idiomas poco comunes expliquen directamente sus experiencias a funcionarios con capacitación especializada.
Más deportaciones
Los grupos advierten que la medida podría incrementar el número de personas enviadas a procesos de deportación y agravar el retraso existente en las cortes de inmigración.
También señalan que algunos solicitantes podrían terminar detenidos y deportados a países donde temen sufrir persecución o tortura sin haber tenido la oportunidad de presentar sus pruebas ante un funcionario encargado de evaluar inicialmente sus solicitudes.
“Este reglamento elimina el derecho a una entrevista, que es una parte fundamental del proceso de solicitud de asilo para millones de personas”, afirmó Mary Georgevich, abogada principal de litigios del NIJC.
A su juicio, las remisiones basadas en información incompleta aumentan el riesgo de que refugiados elegibles sean deportados.
Melissa Crow, directora de litigios del CGRS, sostuvo que la administración Trump busca acelerar las deportaciones “a expensas del debido proceso”.
Las organizaciones también destacaron el impacto que la norma podría tener en grupos específicos. Aaron C. Morris, director ejecutivo de Immigration Equality, afirmó que la entrevista constituye una protección esencial para las personas LGBTQ que huyen de persecución.
La demanda solicita que el tribunal declare inválida la regla por razones de procedimiento y ordene su anulación completa.
