La 4T frente a sus propios espectros

La Cuarta Transformación se construyó sobre una promesa alentadora: terminar con la corrupción y el influyentismo que caracterizaron a los gobiernos anteriores. Sin embargo, hoy esa promesa ha quedado olvidada. La administración federal muestra una enorme fractura causada por la falta de voluntad política para investigar las sombras que crecen dentro de su propio movimiento.

El caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia indefinida de Sinaloa, se ha transformado en un lastre político de dimensiones gigantescas. Las acusaciones sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado —impulsadas desde instancias judiciales en Estados Unidos— colocaron al gobierno federal en una encrucijada cuando Rocha decidió por voluntad propia regresar al poder. Aunque la dirigencia de Morena y la presidenta se opusieron de manera categórica, la respuesta institucional se ha quedado a mitad de camino. 

La narrativa oficial se escuda en la ausencia de pruebas formales presentadas por agencias extranjeras para no extraditarlo. No obstante, en el ámbito local, la omisión es evidente: no existe una investigación exhaustiva, abierta y transparente ni contra Rocha Moya ni contra los otros nueve personajes señalados por las agencias estadounidenses, entre ellos el senador Enrique Inzunza, quien recientemente se apartó de la bancada morenista, pero mantiene su escaño de manera independiente para conservar su fuero.

Esta postura pasiva erosiona el discurso anticorrupción. Al evitar indagar a fondo a las figuras señaladas dentro del oficialismo, se manda el mensaje de que la justicia en México es selectiva. El daño no solo es para el partido gubernamental y la titular del Ejecutivo; compromete la credibilidad institucional de México y debilita su posición diplomática frente a las exigencias internacionales de combate al narcotráfico y a la impunidad.

A este panorama se suma la controversia en torno a Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de AMLO a quien recientemente le quitaron la visa estadounidense. Las recientes revelaciones sobre sus presuntos vínculos con el “huachicol fiscal” y el otorgamiento de contratos millonarios a sus amigos para las obras emblemáticas del gobierno de su padre, ameritarían que se le abriera una carpeta de investigación. Pero todo indica que, para la 4T, eso sería una verdadera traición. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática en que su prioridad es blindar el legado de su antecesor y mentor político.

Hasta ahora, aunque ha perdido varios puntos de aprobación, la presidenta ha logrado mantener su popularidad alta. Pero es evidente que la confianza de la ciudadanía en el gobierno se deteriora a grandes pasos. Cada vez hay menos esperanza de que se haga justicia y se castigue a todos aquellos políticos y funcionarios de la 4T que han incurrido en actos de corrupción. Solo se investiga y se mete a la cárcel a los de la oposición, como es el caso del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de huachicol fiscal.  Este doble resero terminará por hundir la legitimidad de un proyecto que prometió ser distinto.