Madres y niños migrantes en cuotas mínimas para llenar cárceles y centros de detención
Grupos pro-inmigrantes renuevan denuncia y exigencia de poner fin a lucrativo negocio de cárceles privadas
WASHINGTON.- Las madres y niños migrantes forman parte de la ecuación para llenar las llamadas “cuotas de cama” mínimas en cárceles locales y centros de detención, según denunció un informe divulgado este jueves que renovó su pedido a eliminar el lucrativo negocio de cárceles privadas para migrantes.
El problema de las “cuotas” mínimas para mantener llenas las cárceles locales es más extenso de lo que se pensaba, y abarca al menos 24 contratos con el gobierno federal, indicó el informe elaborado por “Detention Watch Network” (DWN) y el “Centro para los Derechos Constitucionales”.
El informe, que se apoya en datos federales obtenidos por ambos grupos, indicó que las cuotas mínimas “garantizadas” para cárceles locales cubren al menos 12,821 camas, o un 40% del total de 34,000 exigido y financiado por el Congreso.
El 93% de esas 12,821 camas va a parar a empresas privadas que administran las cárceles para inmigrantes, según el informe “Banking on Detention”.
Estas cuotas mínimas garantizadas están estipuladas en los contratos federales para gobiernos locales y estatales, y para las empresas privadas que operan las instalaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Aún los centros de detención federales tienen esas cuotas obligatorias, y las empresas privadas se encargan de proveer seguridad, comida y otros servicios, según el análisis.
ICE evaluará informe
En declaraciones a este diario, una portavoz de ICE, Jennifer Elzea, dijo que la agencia revisará el informe de DWN “para determinar qué cambios, de ser necesario, se deben implementar en base a sus recomendaciones”.
Elzea explicó que ICE tiene la obligación de aplicar las leyes de Inmigración y que, para cumplir con la exigencia del Congreso sobre la cuota de 34,000 camas, la agencia ha realizado acuerdos con ciertas instalaciones para siempre tener disponible ese número de camas.
En ese sentido, añadió que las cuotas mínimas garantizadas son “comúnes” en las instalaciones de ICE y otros grandes centros de detención, y permmiten que el gobierno federal cuente con un determinado número de camas a tarifas reducidas. Asimismo, los contratistas también pueden planear sus recursos y personal médico y de seguridad si saben con precisión el número de detenidos que albergan.
¿Dónde están los contratos?
El documento da seguimiento a uno difundido en junio de 2015 y afirma que, desde entonces, el gobierno ha continuado dependiendo de “cuotas” en cárceles locales, aumentando el número de contratos a al menos 24 para los centros de detención.
En concreto, el informe reveló nueve contratos adicionales, incluyendo uno otorgado a una instalación en el Condado Essex, en Nueva Jersey, donde esta misma semana falleció Luis Alonso Fino Martínez bajo circunstancias aún no esclarecidas.
Las cuotas también existen en centros de detención para familias, y benefician tanto a empresas privadas como “The GEO Group” como a entidades públicas como el centro de detenciones en el Condado Berks, en Pensilvania.
Los contratos también han beneficiado a centros de detención para familias en Michigan, California, Texas, y Arizona, entre otros.
De los nueve contratos descubiertos, cinco tienen a su vez subcontratos con empresas privadas.
Costo moral y financiero
El informe buscó disipar dudas de que el encarcelamiento de madres y niños es parte de la ecuación de un lucrativo negocio que le cuesta a los contribuyentes más de $2,000 millones al año.
Según Silky Shah, co-directora de la “DWN”, las cuotas mínimas para llenar camas en las cárceles locales sirven de aliciente para continuar el encarcelamiento de inmigrantes y las prácticas “punitivas” de ICE.
“Los costos de la detención son doble: moral y financiero. Los contribuyentes estadounidenses está pagando más de $2,000 millones al año para separar a centenares de miles de familias en todo el país”, se quejó Shah.
¿Rinde cuentas ICE?
Asimismo, el informe vuelve a atacar la “falta de transparencia” de ICE que, según los activistas, se resiste a publicar información solicitada y omite datos que deberían estar a la vista del público mediante el recurso legal conocido como “Freedom of Information Act” (FOIA).
Debido a las trabas que pone ICE para dar información sobre las “cuotas de camas”, se desconoce cuán extenso y prejudicial es el problema, dijo el documento.
Como ICE tiene que pagar por las cuotas mínimas, estén o no llenas las camas, eso crea un “incentivo” para continuar albergando inmigrantes en cárceles privadas, dijo el informe.
Según los activistas, la escasa rendición de cuentas es problemática ante la continua privatización de los centros de detención, que conforman cerca del 62% de las camas disponibles para migrantes.
Cronograma de cuotas mínimas obligatorias
Hace 30 años no existían las cárceles privadas, pero ahora las empresas que las operan o mantienen son una pieza clave en el andamiaje de detención de migrantes. Estas instalaciones albergan a al menos dos terceras partes de los inmigrantes detenidos en EEUU.
Desde 2009, el Congreso ha aprobado leyes que estipulan que ICE mantenga las llamadas “cuotas de camas”, aunque ninguna otra agencia policial tiene esa exigencia.
En la actualidad, ICE detiene a un promedio de 34,000 inmigrantes indocumentados a diario, o cerca de medio millón al año, todos repartidos en una red de más de 250 cárceles de condado, cárceles privadas e instalaciones federales.
La Administración Obama solicitó en febrero pasado su presupuesto para el año fiscal 2017 para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que reduce la “cuota de camas” a 30,913, a un costo promedio que oscila entre $126 y $161 por día, dependiendo de las instalaciones.
Piden remedios
El informe instó al Congreso a que tome medidas para poner fin al “desastroso experimento” del encarcelamiento de inmigrantes, comenzando con la eliminación de la “cuota de camas” prevista en el prespuesto del DHS para 2017.
También recomendó que el Congreso apruebe una ley federal que elimine las cuotas mínimas en las cárceles locales y prohíba que ICE participe en acuerdos que establecen esas cuotas a nivel local.
Además, reiteró su pedido de que ICE cese de dar contratos a empresas privadas que buscan influir en la política migratoria para beneficiar sus bolsillos.
