Reforma de sentencias carcelarias, otra tarea pendiente en el Congreso
La urgencia de una reforma al sistema de justicia penal es promovida por organizaciones y activistas que promueven sentencias menores por delitos menores
WASHINGTON.- El presidente electo, Donald Trump, prometió “mano dura” contra los criminales, pero muchos de ellos purgan sentencias largas y desproporcionadas, y el Congreso dejó sobre el tintero medidas para corregir un sistema que, según activistas, se ensaña con las minorías.
La reforma del sistema penal ha dividido a los políticos durante décadas, y aunque el presidente Barack Obama perdonó o redujo la sentencia de unos 1,176 presos desde 2009, lo urgente, aseguran activistas, es reducir las duras sentencias que reciben criminales por delitos menores.
Según el grupo “Familias Contra Sentencias Mínimas Mandatorias (FAMM, por su sigla en inglés), el sistema afecta desproporcionadamente a las minorías, agrava el problema de hacinamiento en las cárceles, y aumenta el gasto público.
39% of the nationwide prison population is behind bars with little public safety rationale. @TIME #smartersentencing https://t.co/8wE7XtpB5T
— FAMM Foundation (@FAMMFoundation) December 27, 2016
“Este año no se logró nada a nivel federal, y el único progreso fueron las medidas del presidente Obama… mucha gente está en la cárcel más tiempo del que debería, particularmente minorías, y eso debe cambiar”, dijo hoy a este diario Kevin Ring, presidente de Families Against Mandatory Minimums (FAMM).
“El invertir en la rehabilitación de los presos, para que no vuelvan a delinquir y puedan rehacer sus vidas, a largo plazo ahorra dinero”, agregó Ring, quien advirtió que la política migratoria de Trump sólo agravará el encarcelamiento masivo.
En la actualidad, Estados Unidos tiene poco más de 1,5 millones de personas en cárceles estatales y federales, más que ningún otro país desarrollado en el mundo. El 25% de la población carcelaria está allí por delitos menores, como posesión de drogas, robo, y fraude menor.
Según el “Sentencing Project”, otro grupo que impulsa reformas, los afroamericanos conforman el 35,8% de la población carcelaria, y los hispanos, el 21,6%.
Un informe reciente conjunto de FAMM y el “American Legislative Exchange Council” (ALEC, por su sigla en inglés), señaló que las leyes que rigen las sentencias carcelarias son inflexibles, derrochan fondos públicos, y no mejoran la seguridad pública.
Por ello, el informe recomendó que los gobiernos estatales adopten “válvulas de escape” que den flexibilidad a las cortes a la hora de imponer las sentencias carcelarias para quienes cometen delitos menores y reúnen ciertos requisitos.
Movimiento pro-reforma
El movimiento por la reforma de las sentencias carcelarias, encabezado por grupos como FAMM Y ALEC, cuenta con el respaldo de líderes demócratas y republicanos, y de activistas y celebridades en todo el país.
El rapero “Pusha T” grabó recientemente un anuncio de servicio público que narra la historia de Norman Brown, quien purgó 25 años en prisión por distribuir cocaína “crack”, un delito de drogas no violento.
https://www.youtube.com/watch?v=MMbbXwqYaV4
Como muchos jóvenes de clase media, Brown llevaba una vida “normal” hasta que cayó en malas amistades que lo indujeron a la venta de drogas. En 2015, Brown recibió clemencia de Obama, aunque, al igual que muchos presos, también ha tenido dificultades en su reinserción a la sociedad civil.
“Pusha T” dijo que grabó el video para que la historia de Brown no se repita, y se alienten soluciones al problema de encarcelamiento masivo en EEUU porque, de lo contrario, “la sociedad termina perdiendo lo que la gente puede aportar a su comunidad y al mundo”.
Propuestas sobre la mesa
Este año, legisladores de ambos partidos presentaron medidas para reformar el sistema penal. Entre las medidas figuró una que imponía sentencias mínimas mandatorias solo a los cabecillas de carteles de drogas; otra que reducía las sentencias para ciertos delitos de drogas y armas, y otra que reducía por la mitad las sentencias mínimas por delitos de drogas.
Ninguna fue sometida a votación final y, en todo caso, cada una tendría que ser presentada otra vez en la nueva sesión legislativa que comienza el próximo 3 de enero, y grupos como FAMM han prometido continuar la lucha.
La reforma penal, sin embargo, tendrá que competir con otras prioridades como proyectos de infraestructura, comercio, inmigración, y la confirmación del Gabinete presidencial.
Quienes apoyan la reforma señalan que ésta ayudaría a mitigar las tensiones raciales, pero sus detractores, incluyendo muchos republicanos, consideran que, tomando en cuenta el aumento del 11% en los homicidios en el último año, ante todo debe primar la seguridad ciudadana.
Mientras, estados como Louisiana, Maryland, Nebraska y Oklahoma, aprobaron este año legislaciones para la reforma judicial, y éstos ya han visto una reducción en la tasa de criminalidad.
Estados que han puesto en marcha reformas más radicales han reducido su prisión carcelaria de forma significativa. Por ejemplo, California, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island, la han reducido en más de un 20%, según datos oficiales.
Un informe del “Brennan Center for Justice” de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York, urgió a los estados a adoptar alternativas al encarcelamiento masivo, incluyendo tratamientos para la drogadicción, y servicio comunitario o sentencias leves por delitos menores.
Con una serie de reformas, los gobiernos estatales se ahorrarían al menos $200,000 millones en una década, y ese dinero podría usarse para contratar a centenares de miles de policías y maestros, dijo un editorial reciente del diario “The New York Times”.
