Este país latino lanza batalla antimigrante al estilo Trump

El Congreso podría dar luz verde al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Mauricio Macri, por el cual se endurecerán los controles migratorios para impedir el ingreso al país de extranjeros vinculados al delito.

Esa normatividad impulsada por Macri tiene similitudes al discurso discriminatorio que ha puesto en la mira al gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump.

Uno de los líderes de la oposición, Sergio Massa (Frente Renovador), apoyó la medida presidencial, por lo que numéricamente el oficialismo ya se aseguró la mayoría para evitar que el decreto sea rechazado.

El bloque Cambiemos descuenta, además, el respaldo del jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto , un hombre clave en todas las negociaciones legislativas. El año pasado, él había cuestionado duramente la falta de controles migratorios en las fronteras argentinas, lo que facilitó, a su juicio, la instalación de focos de delincuencia extranjera en zonas marginales.

“Pichetto está de acuerdo con la medida, como también con que se haya dispuesto por decreto. Un debate de este tema por ley le hubiera partido el bloque”, aseguró un legislador oficialista.

Massa no sólo expresó su apoyo; de hecho, participó en la redacción final del decreto. En efecto, antes de oficializar la medida, el ministro de Justicia, Germán Garavano, consultó a los dos especialistas en seguridad del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez y Diego Gorgal. Ambos le remitieron nueve sugerencias para el borrador, que fueron aceptadas. Luego, el líder del Frente Renovador habló directamente con Garavano. El acuerdo estaba cerrado.

Con Massa y Pichetto a favor, difícilmente el resto de los bloques opositores -cuyas opiniones son dispares sobre el tema- esté en condiciones de atacar el decreto.

En efecto, la ley 26.122 (que regula el dictado de los DNU) establece que los decretos presidenciales sólo pierden validez cuando ambas cámaras legislativas los rechazan de manera explícita. De lo contrario, éstos mantienen su vigencia. En la Cámara de Diputados, el apoyo de Massa garantiza que el decreto mantendrá su validez. Lo mismo que el de Pichetto en el Senado.

“En la Argentina, los delincuentes tienen que tener vedado el ingreso, y los extranjeros que cometen delitos deben ser expulsados“, expresó Massa.

Y añadió: “No solamente esa idea está plasmada en nuestro proyecto de Código Penal, sino que además lo prevé el Pacto de San José de Costa Rica. De manera que no hay contradicción entre la política de respetar derechos y la política de cuidado de la soberanía desde el punto de vista de la seguridad”, concluyó.

“Aquí no se trata de vedar el ingreso de aquellos extranjeros que llegan al país con fines educativos, de salud o de trabajo, sino de revisar quiénes son los ingresantes y blindar las fronteras al delito organizado“, indicó Gutiérrez.

Críticas al proceso

Otros sectores de la oposición, como el Bloque Justicialista, están de acuerdo también con reforzar los controles migratorios e impedir el ingreso de la delincuencia, aunque cuestionaron que el Gobierno haya apelado a un DNU en lugar de dar el debate de una ley en el Congreso.

“Todo lo que sirva para mejorar la seguridad en la frontera es bueno, siempre que no se caiga en estigmatizaciones. Pero el Gobierno pudo haber convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso; no hay necesidad ni urgencia para dictar un DNU”, enfatizó el salteño Pablo Kosiner.

Su colega de bancada, Diego Bossio, asintió. “La ley actual tenía varias lagunas y esta reglamentación la mejora. Tenemos dudas en algunos aspectos procesales del decreto que nos hubiera gustado discutir en el Congreso”, sostuvo.

El kirchnerismo también reprobó que la medida se haya apurado por medio de un DNU. Pero la diputada Diana Conti no rechazó el fondo del asunto, esto es, que se refuercen los controles, “siempre que no se incurra en discriminación, xenofobia o control social arbitrario. Si es razonable, está bien”, enfatizó.

Distinta es la opinión de su colega Guillermo Carmona, quien criticó que el Gobierno “relacione los delitos de narcotráfico y contrabando como si fueran un problema exclusivamente de inmigrantes”. “Esto genera ruidos diplomáticos”, advirtió.

Quien también expresó sus reparos a la iniciativa fue el bloque progresista de la Cámara baja. Un dato que no es menor, si se considera que Margarita Stolbizer (GEN) y Alicia Ciciliani (Partido Socialista) son aliadas políticas de Massa. En materia de seguridad claramente tienen sus diferencias.

“La legislación actual es absolutamente suficiente. Sólo bastaría hacerla cumplir. Macri exacerba su discurso sobre seguridad con fines electorales”, criticó Ciciliani.

Con la firma del decreto, ahora el Gobierno tiene 10 días hábiles para enviarlo al Congreso. El debate recaerá en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de emitir un dictamen al respecto. En un lapso de diez días ambas cámaras deberán darle expreso tratamiento, indica la ley. Hasta entonces, el DNU se mantendrá vigente y sólo perderá su validez si ambas cámaras resuelven derogarlo.

A la espera de los decretos

El Gobierno aún no envió al Congreso los DNU por los cuales modificó la ley de ART y estableció un nuevo calendario de feriados, que deben ser analizados en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Sin ambos decretos en el temario, la Comisión, presidida por el kirchnerista Marcos Cleri, se reunirá pasado mañana, desde las 10.

En caso de que las resoluciones ingresen horas antes, serán incluidas en el temario. De lo contrario, habrá que esperar a la semana próxima.