‘Ciudades santuario’ reciben contundente respaldo
Informe de varios fiscales generales desenmascara los argumentos de la administración Trump contra estas jurisdicciones
Un informe de fiscales generales de cinco estados más el Distrito de Columbia desvirtúa los argumentos legales y de seguridad pública de la Administración Trump, contra las ‘ciudades santuario’ que se han negado a tomar parte en la aplicación de la ley federal de inmigración.
Las conclusiones del informe de los fiscales generales divulgado este miércoles, marcan un contraste con las reiteradas afirmaciones hechas por la Administración Trump contra las ‘ciudades santuario’.
El documento reúne datos, análisis jurídico y afirmaciones de las agencias de gobiernos locales, que permiten dar claridad en torno a este asunto y responde a las amenazas de quitarles fondos y además detalla cómo las localidades actúan legalmente al usar sus políticas ‘santuario’ y cómo esas políticas usualmente mejoran la seguridad pública.
“El informe de hoy es una declaración sin precedentes de los principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el país, desenmascarando las declaraciones falsas y engañosas de la Administración Trump sobre estas ciudades”, dijo el fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman.
De acuerdo a Schneiderman, los departamentos de policía locales no deben, ni deben ser forzados, a romper la confianza y credibilidad que han construido con sus comunidades sólo para avanzar en la agenda radical de deportación del presidente Trump.
El informe fue elaborado por el Buró de Derechos Civiles del fiscal general Schneiderman, en coordinación con los fiscales generales de California, Oregón, Rhode Island, Washington y el Distrito de Columbia.
El reporte señala de manera expresa que las agencias del orden locales que eligen limitar su participación en la aplicación de la ley de inmigración civil están actuando legalmente y potencialmente protegiéndose de la responsabilidad legal.
En uno de los acápites, por ejemplo se detalla, cómo las agencias locales del orden que detienen a un individuo en virtud de una solicitud de retención de ICE (en lugar de una orden judicial) corren el riesgo de violar la prohibición de la IV Enmienda sobre búsquedas e incautaciones irrazonables, exponiendo a esos gobiernos locales a una extensa responsabilidad civil y legal.
Reacciones de jefes policiales
“No estamos cooperando de la manera que quieren porque los tribunales nos han dicho que no podemos hacer lo que nos están pidiendo que hagamos. No tenemos jurisdicción”, declaró Bob Gaultieri, Sheriff del condado de Pinellas, Florida.
Entre tanto, el Sheriff del Condado de King, en el estado de Washington, John Urquhart, dijo: “El gobierno federal está tratando de avergonzar a las jurisdicciones locales por no hacer lo que es ilegal”.
El informe también detalla cómo los gobiernos estatales y las fuerzas de seguridad locales más cercanas a las comunidades que sirven, son las más adecuadas para evaluar las necesidades de esas comunidades, incluyendo la mejor manera de usar sus limitados recursos para garantizar la seguridad pública.
“La aplicación de las leyes de inmigración a nivel estatal y local desvía recursos limitados de la seguridad pública y socava la confianza dentro de las comunidades de inmigrantes. Las agencias estatales y locales se enfrentan a presupuestos ajustados y a menudo no tienen la capacidad o los recursos para duplicar el trabajo del gobierno federal en la aplicación de las leyes federales de inmigración”, explicó el Grupo de Trabajo Fuerza Pública sobre Inmigración, que reúne a 60 sheriffs, comisionados de policía y jefes de policía de todo el país.
El grupo sugiere que en lugar de aprehender y remover a los inmigrantes que no tienen antecedentes penales y que están simplemente tratando de trabajar o reunirse con la familia, es más importante para la policía local y estatal concentrar los recursos limitados en las verdaderas amenazas a la seguridad pública.
En los últimos meses, las agencias del orden locales han reportado una caída en la voluntad de las víctimas y de los testigos a presentarse. Por ejemplo, en Denver, Colorado y el condado de El Paso, Texas, han informado que desde que se dictó la orden ejecutiva de inmigración del presidente Trump, varias víctimas de violencia doméstica han rechazado demandar a sus agresores por temor a la deportación.
El informe también destaca una serie de casos en los que la cooperación de las víctimas indocumentadas y de los testigos fue crucial para las detenciones y procesamientos exitosos.
Por último, el informe destaca las maneras en que las jurisdicciones llamadas “santuarios” toman medidas apropiadas para asegurar que criminales peligrosos no vuelvan a la comunidad, a través de una variedad de asociaciones que existen entre las agencias locales y el gobierno federal.
