Legisladores exigen medidas contra abuso sexual en centros de detención

WASHINGTON—El problema de acoso y abuso sexual sigue “rampante” en centros de detención de migrantes, y afecta incluso a menores, y el gobierno debe tomar medidas correctivas de inmediato, urgieron este lunes en una carta más de 70 líderes demócratas del Congreso.

La carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Departamento de Justicia (USDOJ), añade otra dimensión a denuncias públicas y casos que ya han destruido a políticos y celebridades.

La mayoría de los casos se remontan a la Administración Obama, y varios no han recibido la debida atención del gobierno o han quedado impunes. También hay casos documentados bajo la nueva administración.

La carta,  liderada por los congresistas demócratas, Raúl Grijalva, de Arizona, y Judy Chu, de California, pide que DHS y USDOJ designen comités que investiguen violaciones a las leyes; revisen quejas de abuso sexual en los centros de detención; publiquen la información con regularidad, e impidan, en nombre de la transparencia, que ICE destruya archivos relacionados con las quejas.

Grijalva dijo a este diario que el DHS y sus agencias “tienen que rendir cuentas por las quejas rampantes de asalto, abuso y acoso sexual”  de inmigrantes detenidos, porque, de por sí, muchas de las víctimas llegaron a EEUU huyendo de actos de violencia, violaciones u otros traumas.

“Que el DHS rechace con descuido, ignore, o incluso trate de borrar estas graves quejas no sólo es inaceptable sino también ilegal” bajo una ley federal de 2003 para erradicar las violaciones en las cárceles, explicó.

“Tenemos la obligación legal y moral para prevenir la mala conducta sexual en los centros de detención, además de asegurar que las víctimas tengan una vía hacia un recurso legal cuando surgen estos incidentes”, enfatizó Grijalva.

Un informe de una comisión especial creada bajo el “Acta para la Eliminación de Violaciones en las Cárceles” de 2003 (PREA, por su sigla en inglés), determinó que cerca de 60,000 presos son víctimas de abuso sexual en las cárceles cada año.

Un problema sin atención

La carta de apoya en una queja presentada el pasado 11 de abril  por el grupo de “Iniciativas Comunitarias para Visitas de Inmigrantes en Confinamiento” (“CIVIC”, por su sigla en inglés), que documentó casos de acoso, abuso y asalto sexual en centros de detención de inmigrantes ocurridos durante la Administración Obama, pero que han carecido de la debida investigación.

Entre enero de 2010 y julio de 2016, la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS recibió 33,126 quejas de abuso físico o sexual contras varias de sus dependencias, pero sólo investigó 225, o un 0,07%, según la queja de “CIVIC”.

ICE, una agencia a cargo de 211 centros de detención, es la agencia del DHS que más quejas ha generado por abuso físico o sexual, con 14,693, seguida por la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP), con 10,285 quejas.

Entre los casos figuró el de una menor de edad en el “Centro Residencial del Condado Karnes”,  en Karnes City (Texas), que presentó síntomas de una enfermedad venérea y lesiones vaginales, pero ICE dijo que el caso no tenía fundamento.

“CIVIC” dijo que también ha documentado casos este año, como el de María Ortiz Cortez, transferida a un centro de detención en el Condado West, en California, después de que fue violada en la cárcel del Condado Yuba. Con el traslado ha quedado “más aislada” de su sistema de apoyo en la comunidad,  dijo la carta.

El DHS se han comprometido con la ley “PREA” de 2003, y ha establecido, en documento de 2014, una política de “cero tolerancia” del abuso sexual, y talleres de capacitación del personal sobre los requisitos de esa ley.

Pero eso de nada sirve si “esa política no se ha aplicado adecuadamente”, dijo a este diario la abogada Christina Fialho, cofundadora y directora ejecutiva de “CIVIC”.

“Que nosotros sepamos, no se ha hecho nada para reducir el abuso sexual en las instalaciones de ICE desde que presentamos nuestra queja civil en abril”, señaló.

Además, ICE ha solicitado a la Administración de Archivos Nacionales que le permita deshacerse de sus expedientes relacionados con las operaciones en los centros de detención en los últimos 20 años, incluyendo casos de asalto sexual.

Según Fialho, eso es un “esfuerzo por destruir evidencia” de posibles delitos, y envía el mensaje de que los abusadores serán protegidos.

“No podemos permitir que ICE opere con impunidad a puertas cerradas”, cuando hay urgencia de apoyar a las mujeres, hombres y niños que han sufrido abuso sexual, aseguró Fialho.

ICE no ha respondido a una solicitud de comentario de este diario. La carta cuenta con el respaldo de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), “CIVIC” y “Grassroots Leadership”.