El Senado anula la directiva que prevenía discriminar en préstamos para carros
En 2013 se prohibió elevar las tasas de interés que afectaban sobre todo a minorías
La mayoría republicana en el Senado eliminó ayer una directiva del año 2013 emitida por la Oficina de Protección al Consumidor Financiero (CFPB) con la que se trataba de asegurar que los concesionarios de carros no elevaran las tasas de interés que cobraban en los préstamos a las minorías. Solo un demócrata, Joe Manchin de West Viriginia, votó a favor del fin de esta protección.
Este voto, que se repetirá probablemente con el mismo resultado en la Cámara de Representantes, sienta un cierto precedente porque hasta ahora la acción de desregulación de lo hecho en la Administración de Barack Obama siempre ha estado centrado en legislación y regulación, no en este tipo de directivas. Es decir, que el alcance desregulador se amplía.
En este caso lo que ocurre es que desaparecerá la directiva que evitaba una práctica extendida en el sector que consistía en que los concesionarios elevaban (mark up) ñps intereses ofrecidos por las compañías financieras que concedían los créditos basándose en criterios objetivos como la historia crediticia. El mark up es algo que dependía de la decisión del concesionario de forma discrecional y del que los clientes no estaban al tanto. Algunas financieras lo eliminaron completamente como respuesta a la directiva.
Según el CFPB y grupos de activistas este tipo de mark ups encarecían los préstamos se latinos y afroamericanos frente a los conseguidos por blancos. De hecho la agencia ha impuesto millones de dólares en multas por esa razón entre otras instituciones a Ally Financial, uno de los mayores prestamistas para la compra de carros.
En Nueva York, hace poco más de un año el Departamento de Consumidores (DCA) anunció acciones contra Major World, un concesionario al que ha acusado de usar prácticas que han perjudicado a a minorías entre ellos extender créditos a clientes que no cualificaban para ellos además de no dar información precisa sobre el auto o el préstamo.
Según la comisionada del DCA, Lorelei Salas, en cuestión de carros usados, “la ley de Nueva York protege a los compradores. Los consumidores tienen derecho a saber los términos del préstamo y si el concesionario gana algo con la transacción”. “Además”, recuerda, “no están forzados a formalizar el acuerdo con el concesionario”.
No obstante Salas muestra su preocupación porque se elimina el incentivo qu tenía la Justicia para vigilar de cerca estos términos abusivos. En cuestión de carros nuevos, la jusrisdicción de la ciudad es más limitada y quienes quiera comprar un carro deben hacer más preguntas.
Esta decisión de la Cámara Alta coincide con la presidencia interina del CFPB de Mick Mulvaney, un hombre cercano a Donald Trump que ha criticado duramente la labor de esta oficina creada tras la Gran Recesión para proteger a los clientes de las instituciones financieras.
Antes de llegar a este puesto Mulvaney siempre presionó para derribar esta agencia. Bajo su mandato mcuhas cosas han cambiado en una oficina que defendía a los consumidores. Entre lo más significativo que ha hecho ha sido retrasar las nuevas regulaciones para la industria del préstamo de día de pago (pay day loan), desistir de demandas entabladas contra empresas que hacían este tipo de créditos considerados predatorios además de rebajar las labores de vigilancia.
Para Salas, el giro que ha tomado la CFPB, es “devastador” y cree que se presta más atención a la comunidad de negocios que a los consumidores