Administración De Blasio se opone a ley que permite ‘desconectarse’ del trabajo

La propuesta de ley ‘The Right to Disconnect’ (El Derecho a Desconectarse), que convertiría en ilegal la exigencia del empleador de que un trabajador acceda a emails relacionados con el trabajo tras concluir su jornada laboral, chocó este jueves con la oposición de la Administración De Blasio.

Durante una audiencia pública en el Concejo Municipal, en la que se discutió la medida presentada por el concejal Rafael Espinal, funcionarios de la Alcaldía mostraron su oposición al proyecto, asegurando que sería muy difícil de monitorear su cumplimiento.

“Un vago requisito legal para el derecho a desconectarse sería difícil de hacerse cumplir y podría resultar confuso y costoso para que los trabajadores lo entiendan y los empleadores lo implementen”, dijo Casey Adams, director de asuntos legales del Departamento de Asuntos del Consumidor (DCA), al testificar en la audiencia.

En la propuesta de Espinal se establece que sea el DCA la agencia responsable de hacer cumplir la ley, teniendo autoridad para investigar reclamaciones e imponer multas. Sin embargo, Adams indicó que tienen “serias preocupaciones sobre la habilidad de esa agencia de hacer cumplir la ley, al requerirse que regule de manera cercana la forma en que implementan las políticas de comunicación dentro de los lugares de trabajo, lo que se traduciría en miles de empleados a lo largo de cientos de industrias”.

Algunos de los empleadores que participaron de la audiencia criticaron también que la propuesta sería solamente aplicada a los empleadores del sector privado, que tengan a su cargo a 10 o más trabajadores y exigiría al empleador crear una póliza que informe a sus subordinados de sus derechos.

Además, se establece que si se castiga a una trabajador por no responder un mensaje de texto o un email fuera del horario de trabajo, se obligue a pagarle $500 dólares, además de salario y beneficios laborales que el trabajador hubiera recibido si estuviera en su horario regular.

Y si el empleado es despedido, la empresa tendría que recontratarlo y pagarle $2,500 más del salario perdido. Los que violen estas medidas también tendrían pagar una multa a la Ciudad por $1,000 dólares.

Tras la audiencia, Espinal dijo que seguiría empujando su medida “esperando continuar el diálogo con la Administración para encontrar una solución que podamos empujar a futuro”.

Espinal considera que el derecho a “desconectarse” ha resultado efectivo en otros países y es hora de implantarlo en la ciudad de Nueva York para dar un paso adelante en la protección de los derechos de los trabajadores