Cárcel hondureña se tiñe de sangre

La muerte de al menos trece reos ayer en una riña en el presidio de San Pedro Sula es la segunda tragedia carcelaria en menos de dos meses en Honduras, tras el incendio del penal de Comayagua que dejó 361 fallecidos.

El nuevo incidente se registró hacia las 11.30 hora local (17.30 GMT), cuando inició un incendio, pero seis horas después las causas no habían sido del todo esclarecidas y versiones extraoficiales daban cuenta de que los muertos podrían sumar 20.

Las versiones no confirmadas indican que podría haber otros siete reos muertos en una celda donde comenzó el fuego, que fue controlado.

El Gobierno, a través del secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, solo confirmó la cifra de 13 muertos, sin precisar si incluía a un reo que fue decapitado durante la riña, desatada por el control del penal según las primeras versiones.

La restitución de la calma en el penal fue facilitada por el obispo auxiliar de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, quien medió con los reos a fin de acabar con el conflicto interno.

“Se logró la paz, me siento agradecido con Dios porque fue como un milagro, porque (la situación) estaba al borde del caos total”, subrayó Emiliani.

Reveló que los presos le aseguraron que “no habrá más conflictos” y que también pidieron “que la Policía se apartara”, lo que se cumplió.

Emiliani añadió que “en su momento” se dará a conocer formalmente “quiénes son las personas que lamentablemente fallecieron”.

“No podemos adelantar nombres, están pasando lista a los 2,400 internos en un lugar que está hecho para 800 personas. No hay agua en todo el presidio, la que había se gastó con el fuego, ellos lo apagaron, los internos, y estamos pidiendo agua ahora, es lo más urgente”, expresó el religioso.

En una audiencia el martes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, el Estado hondureño admitió que en las 24 cárceles del país residen 12,246 presos, 4,000 más de lo que permite su capacidad, y que un 52.4 % de ellos no han sido sentenciados.

En esa audiencia, el Estado de Honduras justificó su actuación en la respuesta e investigación del incendio registrado en el penal de Comayagua el pasado 14 de febrero, en el que murieron 361 personas.

Otro incendio, en el penal de San Pedro Sula en mayo de 2004, dejó 107 muertos, un caso por el que Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordó este jueves el secretario Bonilla.

Emiliani promueve la construcción de una nueva cárcel para San Pedro Sula, donde en la actual instalación impulsa un programa de rehabilitación de pandilleros para que al cumplir sus condenas puedan reinsertarse a la sociedad.

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, por su parte, dijo en un comunicado que Bonilla fue instruido para atender “la emergencia del penal de San Pedro Sula, donde la prioridad es preservar las vidas de los privados de libertad”.

“Hay que hacer todo lo necesario para evitar la pérdida de vidas humanas, que es lo que nos preocupa a todos, todo lo demás se puede recuperar”, indicó el gobernante en su misiva.

Las 24 cárceles que conforman el sistema penitenciario de Honduras son consideradas “bombas de tiempo” por el mismo Emiliani y organismos defensores de derechos humanos públicos y privados.

El Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, recordó ayer en un comunicado que el sistema penitenciario adolece de un “retardo en la aplicación de justicia, hacinamiento, inseguridad interna provocada por los incendios y las riñas entre los privados de libertad, situación que deriva en lesiones y muertes”.

Además, las cárceles carecen de los medios de rehabilitación, hay desentendimiento del Estado sobre su responsabilidad con los privados de libertad, a la vez que se permite la introducción de armas, drogas y licores.

A eso se suma “el régimen disciplinario de las cárceles en manos de algunos internos, mientras que los centros penales no obedecen a una verdadera política criminal del Estado, sino que están en manos de una de las direcciones de la Policía que, hasta ahora, ha demostrado su incapacidad en el manejo”, subrayó Custodio.

Entre otras cosas, según el Comisionado de Derechos Humanos, en Honduras hace falta una verdadera política de Estado para que los privados de libertad tengan un goce efectivo de cada uno de los derechos, consignado en la Ley de Rehabilitación del Delincuente.

Ve el video del incendio en la prisión de San Pedro Sula aquí.