Escándalo por presidenta municipal que contrató a 20 parientes en México
La funcionaria se había negado a hacer pública la nómina
MÉXICO – Una lista de funcionarios en la nómina municipal del estado de Michoacán exhibe en los últimos días una de las debilidades estructurales en las células de gobierno del país: las alcaldías.
De acuerdo con información filtrada a diversos medios de comunicación, la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Itzé Camacho, tiene en la nómina del ayuntamiento a 20 parientes, a pesar de que la consigna del partido Morena, por el que llegó al poder, es terminar con el nepotismo.
El listado cuesta al erario público alrededor de $200,000 dólares (en su equivalente en pesos) e incluye a su tío José Luis Nila, secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento, y a Clara Zapiain, madre de la alcaldesa, quien está a cargo del Sistema de Desarrollo Integral para la Familias DIF.
De acuerdo con denuncias del síndico municipal, Miguel Angel Peralti, la funcionaria se había negado a hacer pública la nómina; la presidenta municipal sólo dijo que “hay un trasfondo” de pelea por las plazas.
Alrededor de 635 trabajadores sindicalistas al servicio del Ayuntamiento tomaron en días pasados el Palacio Municipal y amenazan con irse a la huelga por violaciones contractuales.
El problema con los ayuntamientos, explica el analista político Nicolás Loza, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es principalmente la debilidad institucional del municipio mexicano.
“En México hay muy buenos reglamentos de control, pero a nivel federal, a nivel municipal es un desastre: hace falta la implementación de reglamentación y una suerte de monitoreo permanente, porque si no hay un instrumento formal que regule la contratación de familiares, formalmente el funcionario que contrate a sus parientes, por ejemplo, no está violando ninguna regla”.
Con base en información del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Loza destaca que los 2,457 municipios deben tener 15 distintos tipos de reglamentos. Sin embargo, de ellos, sólo 295 tienen un nivel alto; 1,320 tienen un nivel muy bajo de reglamentación, 338 un nivel medio, y el resto bajo.
“En el caso de reglamentos de seguridad pública y tránsito y protección civil sólo el 34% tienen y eso hace genera poco control en los ayuntamientos”.