Gobierno turco procesa a exmilitares injerencistas

Ankara, 12 de abril.- El poder civil turco dio hoy un nuevo paso para erradicar la influencia del Ejército en la vida política, con una masiva operación policial en la que fueron detenidos 28 oficiales retirados, entre ellos Çevik Bir, vicejefe del Estado Mayor y figura clave en el golpe de Estado de 1997.

Los agentes arrestaron a Bir en su residencia de Estambul y desde allí fue trasladado en avión a Ankara, donde un fiscal con poderes especiales coordina el caso, indicó la emisora turca NTV.

Los detenidos, más otros tres oficiales con órdenes de arresto que están fuera del país, están acusados de “intento de derrocar al Gobierno de Turquía y obstaculizar total o parcialmente sus funciones”, según un comunicado de la Fiscalía, citado por la agencia semipública Anadolu.

Los 31 oficiales están siendo investigados en relación con el llamado “golpe posmoderno” del 28 de febrero de 1997, en el que la cúpula militar derrocó al Gobierno islamista del primer ministro Necmettin Erbakan, al pronunciarse en su contra en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional.

A diferencia de los golpes de 1960, 1971 y 1980, esta asonada no fue violenta, ni se disolvió el Parlamento ni se suspendió la Constitución, pero el memorando de los generales forzó la dimisión de Erbakan, mentor del actual primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan.

Ahora, cuatro generales, veinte coroneles, un comandante, dos capitanes y cuatro suboficiales, todos ellos retirados, tendrán que responder por la asonada.

“Todos nuestros esfuerzos se encaminan a institucionalizar en el período que tenemos delante una democracia robusta, con los pies en la tierra, que no se vuelva a suspender nunca”, dijo el ministro turco de Justicia, Sadullah Ergin, en rueda de prensa en Ankara.

Esta redada se suma a otros dos procesos que han debilitado al Ejército y han socavado su tradicional papel de garante del laicismo del Estado y baluarte contra el islamismo.

Uno es el proceso conocido como “Ergenekon”, que en los últimos meses ha llevado a la cárcel a un centenar de altos cargos militares, todos acusados de intenciones golpistas contra el actual Gobierno, aunque no condenados aún.

Además, este mes arrancó el juicio contra Kenan Evren y Tahsin Sahinkaya, los últimos dos supervivientes de la Junta militar que tomó el poder en 1980 y ordenó una amplia represión.

Estas operaciones judiciales han provocado que más del 10 por ciento de los generales turcos en activo se halle actualmente en prisión preventiva, mientras que el número total de generales y almirantes encarcelados asciende a 139.

El viceprimer ministro turco, Bülent Arinç, comentó hoy que Turquía “afronta su historial de golpes, una época que ya ha terminado”, pero a la vez pidió a la Judicatura que no hiera la conciencia pública con detenciones arbitrarias.

Durante el último año, muchos militares, académicos, periodistas y políticos, a menudo kurdos, han sido arrestados bajo la acusación de querer derrocar al Gobierno y los largos períodos de detención preventiva han sido objeto de críticas internacionales.

Kemal Kiliçdaroglu, líder de la oposición y jefe del Partido Popular Republicano (CHP), avivó la polémica al considerar en una rueda de prensa que la Judicatura está demasiado politizada.

“No se puede buscar justicia con ánimo de venganza”, aseveró Kiliçdaroglu, quien añadió que no tendría nada que objetar respecto a la última redada si en Turquía se impartiera justicia.

En el mismo punto hace hincapié Can Dunda, uno de los periodistas más prestigiosos de Turquía y columnista del diario “Milliyet”.

“Juzgar a los golpistas es bueno y necesario. Pero también deberíamos preocuparnos por la democracia y las libertades, que corren un serio riesgo bajo el Gobierno civil actual”, dijo Dundar en una conversación telefónica con Efe.

Añadió que “hay mucha gente encarcelada durante largo tiempo y otros muchos pierden sus trabajos en los medios de comunicación simplemente porque son críticos con el Gobierno”.

Sin embargo, Dundar opinó que la prensa tuvo cierta responsabilidad en el golpe de 1997, al “crear mediante reportajes sensacionalistas una atmósfera en la que parecía que la sharia (ley coránica) se iba a implantar al día siguiente”.

Los generales reprimieron las manifestaciones religiosas con el argumento de mantener intacto el carácter laico del Estado, una política que Erdogan ha descrito como una época de tortura para los musulmanes y una campaña contra la fe en todos los ámbitos de la vida.