Nueva York se suma a marejada de demandas que pretenden bloquear nuevo reglamento de carga pública

La nueva regla de carga pública, dada a conocer por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y que entraría en vigencia el próximo 15 de octubre, deberá enfrentar otra demanda de anulación presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con el respaldo de fuerzas políticas y funcionarios electos de la Gran Manzana, los estados de Connecticut y Vermont, además con el aval de decenas de organizaciones y líderes comunitarios.

La fiscal general estatal, Letitia James, quien lidera la coalición, presentará una demanda para bloquear el nuevo reglamento de la administración Trump, alegando que se ignora “un siglo de jurisprudencia y leyes que sostienen que los inmigrantes que usan beneficios básicos no monetarios o en efectivo, no se consideran cargas públicas, porque no dependen principalmente del Gobierno”.

Argumentó James, que hay la intención de convertir esta disposición en un “arma de discriminación”, ya que si entra en vigencia afectaría específicamente a inmigrantes de color, con discapacidades y de bajos ingresos.

“La propuesta del Gobierno federal, fundamentalmente malinterpreta el propósito de los programas no monetarios, que han sido diseñados para ayudar a los inmigrantes que llegan a este país con medios limitados, a salir de la pobreza, a través de un proceso de movilidad ascendente”, explicó la fiscal.

Más de 15 estados, incluidos California, Washington y Pensilvania, también han presentado una demanda para impugnar la controvertida norma.

Ya coaliciones similares acompañadas con recursos interpuestos en las cortes, han puesto muros de contención a otros anuncios de la administración de Trump, como por ejemplo la inclusión de la pregunta sobre la ciudadanía en el censo 2020.

A propósito de este nuevo duelo legal, que se abre entre los factores políticos de Nueva York y la administración federal, el congresista Adriano Espaillat razona que el pilar principal de esta demanda, establece que se está violentado el artículo primero de la Constitución, en donde se garantiza independencia al Congreso, para que los fondos sean asignados a diferentes programas.

“El Presidente Trump, con esta posición muy reaccionaria, trata de obviar realmente ese derecho constitucional de la rama legislativa. Esa es una de las bases de la demanda. Esperamos que el juez le ponga el freno a toda esta pretensión reaccionaria”, expresó el legislador de origen dominicano.

La concejal de Nueva York, Carlina Rivera calificó como “inhumano” pretender cortar beneficios sociales que finalmente salvan vidas, como los cupones de alimentos y seguros médicos.

“Donald Trump te veremos en la Corte”, gritó la miembro del Concejo Municipal de la Gran Manzana, en el acto de anuncio de esta avanzada legal realizada en el Bajo Manhattan, justamente al frente de la sede de la Corte Suprema de Nueva York.

“Un daño difícil de calcular”

Max Hadler, director de políticas de salud de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYCI) calcula que si se implementa esta medida “el daño va a ser difícil de calcular. Ya estamos viendo un efecto hoy y la regla no ha entrado en vigencia. Vemos a miles de personas no ciudadanos, de acuerdo a estudios de la Ciudad, retirándose de los programas asistenciales por miedo”.

En efecto, el Departamento de Servicios Sociales de Nueva York (DSS) tras analizar algunas tendencias, en los últimos dos años, reportó que más de 25 mil inmigrantes elegibles para recibir el beneficio de cupones de alimentos (SNAP), han abandonado el programa en los cinco condados de la Gran Manzana.

“Nosotros no permitiremos que se afecte el futuro de las familias. Queremos asegurarles a los neoyorquinos que los programas de asistencia pública para quien reúna debidamente los requisitos, ni van a ser eliminados, ni significan un riesgo para su estatus legal”, dijo Bitta Mostofi, comisionada de Asuntos Migratorios de la Alcaldía de Nueva York.

Más allá de investigaciones y pronunciamientos oficiales, la dominicana Lourdes Cruz, residente de Nueva York desde hace 13 años, opina que es “una estupidez del gobierno federal pretender restar las ayudas sociales a los pobres, o a las personas que están arrancando una nueva vida aquí. Primero porque la mayoría de los inmigrantes lo que venimos aquí es a trabajar fuerte. Segundo, porque eso traerá más problemas al país, al existir más gente enferma. ¡Es lógico, no crees!”

El razonamiento de la quisqueyana coincide con los estudios de muchas organizaciones y coaliciones comunitarias, las cuales pronostican un impacto en la salud pública, que terminará teniendo efectos devastadores sobre la economía de todo el país.

“Se estima que disminuya la inscripción en muchos programas, que solo llevará a tasas más altas de condiciones médicas no diagnósticadas y no tratadas como la desnutrición, diabetes, obesidad, cáncer y muchas más”, sentenció la Fiscal General en la presentación de la coalición legal, que pretende evitar que en dos meses esta norma de carga pública entre en vigor.

Por su parte, el director interino de USCIS, Ken Cuccinelli, ha defendido ante medios locales la regla de carga pública,  advirtiendo que los migrantes que vienen a Estados Unidos tienen que estar preparados para mantenerse por sí mismos, sin la ayuda de beneficios públicos.

“La gente que viene a EEUU tiene que tener la habilidad de mantenerse, de ser autosuficientes, de superarse con sus propios esfuerzos. Es una historia de muchas familias estadounidenses y tiene que seguir siendo así”, reiteró el funcionario.

3 claves del reglamento de “carga pública”

• La propuesta define una carga pública como un extranjero que recibe uno o más públicos beneficios. Se incorpora el criterio sobre el uso de esas ayudas en “monetizables” y “no monetizables”, para evaluar si un extranjero ha hecho uso excesivo de programas sociales.
• Se especifica en la nueva norma, que un extranjero es una “carga pública” si recibe uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses, en el agregado, dentro de cualquier período de 36 meses.
• El reglamento de “carga pública”, que entraría en vigor el próximo 15 de octubre, pondrá en camino a la deportación a los inmigrantes a quienes se rechace sus peticiones de Residencia Permanente o extensión de estancia en el país.

En números: los primeros efectos

380,000 inmigrantes en todo el país anualmente podrían estar en riesgo de deportación al no tener opción a la residencia permanente.

10,9% de los neoyorquinos elegibles, que no son ciudadanos, renunciaron al programa SNAP de cupones de alimentos, en coincidencia con los anuncios del gobierno federal de cambiar el reglamento de carga pública.

$ 40 millones de dólares es la cantidad del presupuesto de programas sociales que han dejado de ser asignados en cupones de alimentos en los últimos dos años.

$ 72 millones de dólares ha dejado de ingresar a la economía de la Gran Manzana por la renuncia de 25 mil personas en los últimos 24 meses a los cupones de alimentos.