Golpe a la violencia doméstica
Nueva medida del Senado amplía beneficios para inmigrantes indocumentadas
Washington, D.C. – El Senado aprobó ayer, por 68 votos contra 31, la reautorización de la ley contra la violencia hacia la mujer, conocida como VAWA. La medida incluye modificaciones importantes para las víctimas de maltrato doméstico y tráfico, que actualmente son indocumentadas.
A pesar de su éxito en el Senado, la medida aún tiene un amplio camino por recorrer, ya que legisladores en la Cámara de Representantes aseguraron que trabajarán en una propuesta paralela diferente.
“El voto bipartidista le dará a las autoridades las herramientas necesarias para procesar y condenar a los autores de estos crímenes atroces y ayudará a que las victimas reciban la protección y apoyo necesario”, declaró el líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid (D-NV).
La ley VAWA promulgada en 1994 entregó, en sus inicios, 1,600 millones de dólares para fortalecer la investigación y el procesamiento de crímenes violentos contra las mujeres.
Gracias a esta iniciativa, el gobierno puede ofrecer las visas U, T y VAWA, para víctimas de maltrato físico, tráfico humano, crímenes sexuales, entre otros. La visa U otorga 10,000 cupos anuales y la categoría T da 5,000.
El proyecto de ley para reautorizar VAWA en 2012, incluye importantes modificaciones, como expandir la definición para otorgar la visa U, ahora a personas que sufren de acoso.
Además, si los cupos anuales para este beneficio se alcanzan, permite entregar 5,000 visas más, provenientes de las cuotas que no se utilizaron entre 2006 y 2011.
Asimismo, expande la emisión de fondos concursables sobre arrestos, incluyendo recursos para entrenar a personal de seguridad, sobre el uso apropiado de las aplicaciones para las visas U y T, en incidentes de violencia doméstica, acoso, asalto sexual y violencia entre parejas.
Una enmienda presentada por los senadores republicanos Charles Grassley (R-IA) y Kay Bailey Hutchison (R-TX) intentó modificar las provisiones de visas U, poniendo nuevas exigencias para su otorgamiento. Entre ellas, que el inmigrantes reporte el crimen, al menos 120 días después de ocurrido y que tenga información que asista en la identificación del perpetrador.
“Esta enmienda, nos lleva un paso hacia atrás (…) debilita la propuesta y deja a muchas víctimas sin protecciones”, dijo la asesora del Presidente, Valerie Jarrett. La enmienda finalmente, fue derrotada por 63 votos en contra y 36 a favor.
De acuerdo a cifras del gobierno, desde su implementación hasta 2010, las mujeres asesinadas por sus esposos o compañeros disminuyeron en un 30%. La Administración estima que anualmente 2 millones de adultos y 15 millones de niños, están expuestos a violencia doméstica.