El caso en la Corte Suprema que podría favorecer o afectar a miles de inmigrantes
Expertos reconocen que la decisión de los jueces es complicada
Tarjetas de Seguro Social. Crédito: Shutterstock
El 26 de agosto de 2012, Ramiro García iba camino a su trabajo en Bonefish Grill en Leawood, Kansas, pero fue detenido por manejar a exceso de velocidad.
Aquel problema se volvió una vorágine de complicaciones legales para el inmigrante, quien estaba en el sistema legal de empleo con un número de Seguro Social robado.
El inmigrante indocumentado enfrentó un proceso por robo de identidad en el estado, algo que regularmente persiguen las autoridades federales que ubican a extranjeros con documentos que no les pertenecen.
Los defensores de García consideran que las autoridades locales no debieron perseguirlo de esa forma y ahora la Corte Suprema analiza si los estados pueden usar la información reportada en el Formulario I-9, Verificación de Elegibilidad de Empleo para enjuiciar los casos de robo de identidad.
En un artículo publicado en lexology.com, la firma de abogados Green and Spiegel LLC considera que los problemas legales son complicados en este caso, ya que podría tener fuertes implicaciones sobre cómo se persigue el robo de identidad o el uso de documentos falsos para obtener un empleo legal.
En caso de que la Corte decida a favor de García, eso podría beneficiar a otros inmigrantes, a menos que los jueces determinen que su decisión es solamente para este caso.
Las autoridades de Kansas afirman que no utilizaron los datos del Formulario I-9, porque admiten que eso sería ilegal, pero defiende su autoridad para usar la información en sus registros de impuestos.
El proceso que llevó a descubrir a García fue iniciado por él mismo, ya que un número de Seguro Social en su Formulario I-9 y esa información llegó a los registros de impuestos de Kansas a través del empleador.
Si los jueces determinan que los fiscales de Kansas hicieron bien su labor, entonces abrirían la puerta para que las entidades pudieran recolerar los datos en sus registros, acusar a inmigrantes o compartir la información con autoridades federales.
Los expertos consideran que el escenario es complicado y están a la espera de la decisión de la Corte.
El artículo recuerda que actualmente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en colaboración con otras agencias federales, buscan cerrar el paso a los empleadores de indocumentados, la aumentar las investigaciones y operativos sorpresa, además de revisar las coincidencias de información de Seguro Social.
“El SSN falso o robado es a menudo el mecanismo por el cual los empleadores pagan a los trabajadores no autorizados, pagan impuestos sobre sus salarios y cumplen con sus otras responsabilidades legales”, indica el reporte.
