Administración Trump intenta vencer bloqueo de corte de NY a la regla de carga pública

Las propuestas de cambios en las reglas de carga pública siguen bloqueada judicialmente en todo el país tras la decisión de un Tribunal Federal de Nueva York, aunque el juicio que podría terminar con una decisión firme el próximo mayo, sigue su curso.

Este martes, los jueces Susan Carney, Amalya Kearse y Guido Calabresi, de la Corte de Apelaciones del Circuito 2 de Manhattan, escucharon por 18 minutos los argumentos del abogado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Daniel Tenny, sobre la inconveniencia a ”los intereses del país de mantener el bloqueo a la nueva propuesta de carga pública”.

En la arena contraria, abogados que representan a grupos comunitarios reiteraron ante el panel judicial, sus razonamientos sobre la inconstitucionalidad de la norma.

El representante de la Administración Trump esgrimió que mientras la orden judicial permanezca vigente, el Gobierno federal se vería obligado a otorgar el estatus de residente permanente a las personas que probablemente sean cargas públicos bajo la nueva regla.

“Estas decisiones no pueden revisarse o ajustarse una vez que se toman”, indicó Tenny.

El magistrado Carney señaló que las medidas cautelares a nivel nacional eran “obviamente problemáticas desde varias perspectivas”, pero sugirió que podría ser más eficiente para la Corte de Apelaciones considerar primero los méritos del caso, en lugar de decidir si levantar la medida cautelar. La cuestión del daño irreparable, dijo, era “muy incierta”.

Insistió que es imperativo y casi una emergencia, que se permita seguir adelante con la normativa que iba a entrar en vigencia el 15 de octubre de 2019.

“No es un asunto de discrecionalidad de nuestras agencias. La propuesta busca clarificar las circunstancias de una carga económica potencial, con base al criterio de  variables como el tiempo y la cantidad de beneficios públicos, usados por un inmigrante de manera simultánea”, puntualizó Tenny ante los jueces.

¿Cuál es el apuro?

El panel del Circuito de Apelaciones trató de ahondar acerca del interés de la Administración de Trump en acelerar lo antes posible la medida, que de aplicarse, de acuerdo con los expertos, limitaría el camino hacia la legalización migratoria a quienes opten por beneficios sociales como medicaid, cupones de alimentos y ayuda para viviendas.

“¿Ha habido una declaración del presidente o de alguien de que se trata de una emergencia? ¿Por qué esto tiene que hacerse de inmediato?”, se preguntó Calabresi.

En el estrado, la jueza Susan Carney puso en dudas las afirmaciones del Gobierno de que el bloqueo definitivo o el retraso de la puesta en marcha de la medida, causaría “pérdidas irreparables”, como argumentó insistentemente Tenny.

“Cómo el Gobierno federal podría sufrir daños irreparables, al seguir un procedimiento, que ha estado en vigencia durante décadas”, cuestionó Carney.

Esta sesión es la primera, desde que el juez federal de Nueva York George Daniels, puso un muro de contención a la regla el pasado Octubre, emitiendo el primer mandato judicial preliminar a nivel nacional, contra los cambios en la norma de carga pública propuesta por el DHS.

“Es simplemente una nueva política de exclusión que repugna el sueño americano de la oportunidad de prosperidad y éxito a través del trabajo duro”, puntualizó Daniels en su sentencia provisional.

“No abandonen los programas sociales”

Los abogados que representan a siete organizaciones en la ciudad de Nueva York, que interpusieron la demanda que frenó la entrada en vigencia de la norma, insistieron ante la corte, que la redefinición del concepto de carga pública  en las solicitudes de inmigración violaría “la autoridad del Congreso”.

De igual forma, razonaron que cambiaría drásticamente la inmigración estadounidense, a un sistema que sería “simplemente una prueba de riqueza”.

Rebecca Telzac, directora de programas de salud en The Make the Road Nueva York (NYMR,) una de las coaliciones de la Gran Manzana que se plegó a la demanda, dijo a las puertas de la Corte Suprema en el Bajo Manhattan, que es importante que las comunidades no abandonen sus beneficios por miedo.

“El juicio continúa. La Administración federal trata a como de lugar de apelar y seguir adelante con su propuesta. Pero le pedimos a quienes apliquen a programas sociales que no los dejen a un lado por pánico. Nada ha cambiado”, indicó la activista.

La exhortación de Telzac responde a las conclusiones de una serie de estudios que establecen que los anuncios de carga pública, siguen siendo una variable que ha alejado a las comunidades de inmigrantes de los programas en todo el país.

Un estudio divulgado por Urban Institute, registró que casi el 14% de los adultos de familias inmigrantes han manifestado que ellos u otro miembro de la familia, habían dejado de recibir beneficios o habían decidido no solicitarlos, incluso cuando le corresponde a un niño, por no asumir el riesgo percibido de estar expuesto a nuevas reglas.

“Esta regla arbitraria y discriminatoria erige un muro invisible que amenaza a las comunidades inmigrantes con una separación familiar generalizada”, dijo Ghita Schwarz, abogada principal del Centro de Derechos Constitucionales.

“El segundo circuito debe confirmar la decisión del juez Daniels, que se basa en la clara indepedencia del Congreso y la historia de la ley de inmigración y nacionalidad en este país”, subrayó la activista.

Entre tanto, Susan Cameron supervisora The Legal Aid Society Civil, otra organización que forma parte de la querella que contuvo temporalmente la medida, indicó luego de la apelación, que se sienten “optimistas”.

A juicio de la jurista, la posición del Gobierno mostrada en la sesión judicial, que pretende apurar su nueva política careció de fundamentos.

“El Gobierno no puede sufrir daños si sigue una política que ha estado en vigencia por más de 20 años y que es consistente con un siglo de precedentes. Por otro lado, el daño que enfrentarían nuestras comunidades en todo el país si se suspende la orden judicial sería extremo”, explicó Cameron.

Piedras en el camino de la regla de carga pública

• El Centro de Derechos Constitucionales, The Legal Aid Society y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP presentaron la demanda en nombre de Make the Road New York, el Comité de Servicios Africanos, la Federación Asiática Estadounidense, Catholic Community Charities Community Services y Catholic Legal Red de Inmigración (CLÍNICA).
• La demanda, liderada por Make the Road New York contra el Departamento de Seguridad Nacional , argumenta que la regla viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley de Rehabilitación, la Ley de Procedimiento Administrativo, así como la Cláusula de Igualdad de Protección, porque la regla fue motivada por un ánimo racial inconstitucional y tenía la intención afectar a inmigrantes de países con poblaciones principalmente no blancas.
• La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, junto con los estados de Connecticut y Vermont y la ciudad de Nueva York, presentó una demanda por separado que impugna también la regla.
• Ambas demandas se presentaron en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La oficina del Fiscal General de Nueva York también argumentó este martes, oponiéndose a la suspensión.
• Ante el pliego de demandas, dicho Tribunal estableció en octubre pasado que se detenga la entrada en vigor de la regla de ‘carga pública’, impidiendo que la regulación y los formularios de solicitud relacionados, entren en vigor hasta que se llegue a una decisión final en el litigio.
• Cualquier beneficio recibido mientras la orden judicial está pendiente, no se puede usar contra las personas que solicitan el ajuste de estatus migratorio.

¿En qué consiste la regla?

• El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en sus definiciones de “carga pública” y de “beneficio público”, a fin de que oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) apliquen la regla final para negar la Residencia Permanente o cualquier otra visa a los inmigrantes que consideren que han abusado de ayudas sociales.
• La regla propuesta define una carga pública como un extranjero que recibe uno o más públicos en donde se incorpora el umbral sobre el uso de esas ayudas en “monetizables” y “no monetizables”, para evaluar si un extranjero ha hecho uso excesivo de los apoyos.
• Una carga pública es un extranjero que recibe uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en el agregado dentro de cualquier período de 36 meses.
• La autoridad también especifica que los oficiales migratorios evaluarán las solicitudes de beneficios y determinarán si una persona podría convertirse en una carga pública, dependiendo su historial económico y sus condición médica.
• La regla no aplicaría, si supera los escollos judiciales, en servicios fundamentales para la salud, como vacunas para menores y adultos que reciben apoyo del gobierno.