Todo sobre la falta de justicia en México en una página web

MÉXICO – Un  agente del Ministerio Público mexicano puede corromperse y enriquecerse de manera sencilla con una desgracia. De un asesinato, por ejemplo. Simplemente con escribir en el sistema de registros informáticos de la fiscalía de justicia local que el delincuente no cometió un homicidio, sino una lesión.

A cambio de esta mentira, el investigador podía cobrar miles o millones de pesos, según el nivel económico o poder económico o político de éste. O ambos, según se detectó en la Ciudad de México.

“Este tipo de falla técnica como muchas otras de sistema que hay en los ministerios públicos es lo que ha permitido, en parte, la impunidad en México”, observa Layda Negrete,  investigadora del World Justice Project y una de las abogadas más comprometidas con el estudio y la transformación del sistema de justicia penal en México.

Desde que fue coproductora del documental “Presunto Culpable” (2014), un filme que puso sobre la mesa las malas prácticas judiciales que llevaban a inocentes a la cárcel, Negrete se empeñó en empujar la renovación de los juzgados como estandarte contra la impunidad. Ahora reconoce que no es suficiente.

“El reto ahora son los ministerios públicos, detector las prácticas que se repiten porque ahí hay corrupción”, advierte. “Hoy se dice que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, pero es porque los agentes del MP no presentan las pruebas o venden la justicia”.

A esta conclusión llegó después de ser parte de un equipo de investigación para reformar la fiscalía de justicia de la Ciudad de México: hay gente dentro del MP que busca impedir los cambios porque se terminaría su negocio.

La estadística también ha ayudado a medir la dimensión del problema a nivel nacional. La organización civil Impunidad Cero que sostiene una plataforma www.impunidata.org que mide el desempeño de procuradurías y fiscalías en todos los estados, da cuenta de ello.

Con la medición del homicidio doloso, el número de sentencias y el gasto de cada entidad en seguridad, procuración e impartición de justicia, la plataforma determinó una serie de causas de la impunidad que pueden consultarse públicamente.

La lista es larga: desarticulación de policías, ministerios públicos y jueces; poca denuncia de los delitos, falta de presupuesto a las instituciones de procuración e impartición de justicia, malas condiciones laborales para los operadores del sistema de justicia, mala gestión, corrupción, baja investigación criminal, falta de capacitación y colusión entre grupos criminales y autoridades.

Las consecuencias son obvias: más delitos, violencia, violaciones a los derechos humanos, injusticia, más corrupción y falta de confianza de la sociedad.

“El trabajo que hay que hacer es muy fino, de micro procesos”, advierte Negrete, quien también ha sido parte del proyecto Impunidad Cero. “Es un reto político”, agrega Irene Tello, directora ejecutiva.

Porque si bien el sistema penal acusatorio (que incluye los juicios orales) ha resultado ser mucho más efectivo, falta que los estados lo implementen bien o cumplan con prácticas adecuadas. “No es lo mismo hablar de Chihuahua que de Tlaxcala”, por ejemplo, según el ranking de la organización.

Aunque algunos estados tienen mejores sistemas de justicia como Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato y Baja California, que comienzan a cosechar los resultados de la profesionalización y de modelos de gestión más eficientes, aún están lejos de los ideales.

En el país sólo se denuncia 9.7% de los delitos que se cometen. Se inicia investigación en 65% de los casos denunciados, lo que significa que solo se inicia investigación en 6.4% de los delitos que se cometen en el país (una cifra negra de 93.6%)

“La autonomía de las fiscalías aún es un tema que tenemos que entrarle porque en muchos estados sólo se cambia de nombres (de procuraduría a fiscalía) y quienes las dirigen siguen dependiendo de los poderes políticos que los nombren, del gobernador, del congreso y sólo resuelven los casos que les conviene”.

Cifra destacada

“La probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en México es de tan solo 1.3%. Impunidad Cero