El coronavirus deja en evidencia explotación tipo esclavitud en Estados Unidos

La esclavitud no es un asunto del pasado en Estados Unidos. El coronavirus lo ha demostrado.

La pandemia ha desnudado la existencia de una “capa de personas que explotan al trabajador como se hacía en el periodo de esclavitud en Estados Unidos”, afirma Ricardo Salvador, integrante de la Unión de Científicos Preocupados (UCS), en una referencia a los trabajadores de las procesadoras de carne.

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“Son trabajadores explotados, no tienen seguros y contagian a sus prójimos. Es una situación desesperada”, proclama en una entrevista con este científico mexicano que dirige el Programa de Alimentos y Agricultura de UCS, una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1969 por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Salvador apunta como responsables de esa situación a empresas “que cotizan en bolsa” y especialmente al gigante Tyson Foods.

“La productividad de las fábricas (cárnicas) depende de la velocidad de la producción. Miles de trabajadores tienen que estar pegados unos a otros descuartizando el cadáver, en un ambiente confinado”, afirma.

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El SARS-CoV-2 “se trasmite por aerosol. Esto se combina con el hecho de que, en las plantas donde descuartizan el ganado, las temperaturas son bajas y favorecen el virus”, dice Salvador.

Según cifras recientes, se han reportado al menos 17,700 casos de COVID-19 y 70 muertes por la enfermedad en trabajadores de 216 plantas de carne y procesadoras de alimentos de todo el país.

Las estadísticas de UCS muestran que el promedio actual por procesadora es de 82 trabajadores infectados, los cuales “podrían provocar 2,300 infecciones adicionales en una comunidad en tan solo 12 días“, de acuerdo con el “número básico de reproducción” (RO).

Ese número se utiliza como indicador de los niveles de contagio o incidencia de enfermedades infecciosas y parasitarias.

En todo el territorio

Los científicos de la UCS utilizan el mapa de la Red de Informes de Alimentos y Medio Ambiente (FERN), según el cual podría haber altos niveles de contagio “de costa a costa”.

Por estados, menciona que “la incidencia principal” se da en procesadoras de Iowa, donde hay 2,452 casos del SARS-CoV-2 confirmados y solo 545 camas para cuidados intensivos disponibles.

Le siguen Nebraska, con 1,677 casos confirmados, e Indiana, con 1,258. Después vienen Minnesota (1,097), Dakota del Sur (877), Wisconsin (593), Kansas (417) y Delaware (336).

Según el Centro de Investigación de Política Económica, un laboratorio de ideas de Washington, el 51,5 % de los trabajadores de la industria cárnica son inmigrantes porque son los únicos dispuestos a ejercer oficios físicamente tan duros.

Pero Salvador cree que el porcentaje real es de un 75% a un 85% de inmigrantes, la mayoría mexicanos y de países de Centro América.

De acuerdo con el director del Programa de Alimentos y Agricultura de UCS, muchos de estos obreros “siguen trabajando por necesidad económica”.

Nueva ley para protección de trabajadores

Desde Washington D. C., donde radica su oficina, Salvador recalca que su equipo de científicos, ingenieros y economistas está enfocado “más en los remedios que en las críticas”.

Por eso han recomendado la denominada Ley para protección de todo trabajador (S.3677), presentada la semana pasada por la senadora de Wisconsin Tammy Baldwin.

“El público tiene que comunicarse con sus representantes en la nación”, argumenta este doctor en Ciencias Agrícolas que fue nombrado “Innovador Latino” por la cadena NBC en 2013 y un año después obtuvo el Premio de Liderazgo de la Fundación James Beard.

Para Salvador, el papel de los inmigrantes en la cadena alimenticia de Estados Unidos es “el más importante de todos”.

Dependientes de los trabajadores

“Desde la vaca entera hasta la chuleta o el tocino que vemos en esos paqueticos lustrosos en los supermercados, siempre ha existido esta clase de personas explotadas en un extremo de la cadena alimentaria. Si los sustraemos, se desploma el sistema”, remarca.

En abril pasado, la empresa cárnica JBS en Greeley, de Colorado, paró su producción después de que un trabajador hispano de 78 años perdiera la vida por el coronavirus.

Como consecuencia, la Consumer Brands Association (CBA), el grupo que aglutina a las compañías alimenticias de EE.UU., pidió al Gobierno actuar para asegurarse de que los trabajadores estuvieran protegidos y seguir abasteciendo los supermercados del país.

Para Salvador, el hecho de que el presidente Donald Trump emitiera un decreto para obligar a la industria cárnica a seguir operando “es un gran problema”.

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“A Trump le urge que el país se recupere y no son bien recibidas las noticias y los datos que documentan estos niveles de contagio”, afirma.

“En condiciones normales, las industrias informarían a los CDC, pero en este caso, por conveniencias políticas, han decidido que no van a dar esos datos”, expone el investigador.

Pese a todo, algunos efectos ha tenido la puesta en evidencia de la situación de los trabajadores en las procesadoras de carne.

“Los inversionistas se dieron cuenta de que los trabajadores podían demandarlos y comenzaron a vender sus acciones, y esto produjo un decrecimiento de un tercio en el valores”, apunta Salvador.