Defensores de inmigrantes refuerzan demanda contra prohibición de Trump sobre indocumentados y censo

El Gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una nueba batalla en tribunales contra su prohibición de contar a indocumentados en el censo.

El Fondo Educativo y de Defensa Legal de México-Americanos (MALDEF) y el grupo Asiático-Americanos Avanzando en la Justicia (AAJC) presentaron una queja enmendada en nombre de las organizaciones y los votantes latinos y asiáticoamericanos, en la cual destacan que los planes de la Administración Trump perjudicarían a esas comunidades, ya que buscaría diluir la fuerza del voto de las minorías.

Los grupos señalan que su demanda incluye impugnaciones constitucionales y estatutarias al memorando presidencial emitido, el cual ordena excluir a los inmigrantes indocumentados del censo. Los defensores consideran que eso es inconstitucional, ya que la Carta Magna establece que todas las “personas que viven en los Estados Unidos” deben ser tomadas en cuenta con el propósito de distribuir escaños en la Cámara de Representantes.

Thomas A. Saenz, presidente y consejero general de MALDEF, calificó la medida del presidente Trump como una “manipulación”, además de asegurar que el Gobierno federal actual ha “corrompido” el censo.

“Afortunadamente, el sistema judicial puede detener esta parodia de las ciencias sociales politizadas, y esperamos restaurar la confianza en la enumeración decenal de nuestra nación”, expresó.

Asimismo, la nueva queja busca detener el plan de la Oficina del Censo para detener el conteo de personas que no respondan un mes antes de lo programado, ya que eso discriminará a los inmigrantes y a las personas de color.

El 11 de julio, el presidente Trump dio la orden de evitar el conteo de indocumentados en el censo. En la conferencia de prensa en la Casa Blanca lo acompañaron el secretario de Comercio, Wilbur Ross, responsable de la Oficina del Censo, y el fiscal general William Barr, con quien se habría abordado la legalidad de la decisión.

Además de la distribución en la Cámara, el censo permite definir los fondos que se destinarán a las comunidades.

Lia Parada, directora de Asuntos Gubernamentales del Fondo de Acción del Centro para el Progreso Americano (CAPAF), destacó la importancia de contar a toda la población en el censo, apuntando que la Constitución mandata hacerlo sin contemplar el estatus migratorio.

“La Constitución es cien por ciento clara. Cualquier persona debe ser contada”, expresó en entrevista la experta. “Eso es muy importante, para saber cuántas personas hay en el país, a dónde se enviarán los recursos, dónde habrá nuevas escuelas. Es crítico para un país tener cuenta de quién está aquí. El censo no debe ser algo político”.

John C. Yang, presidente y director ejecutivo de AAJC expresó que la estructura del censo está siendo utilizada con fines partidistas.

“Déjame decirlo claramente. El memorando es inconstitucional. No contar a todas las personas para el reparto es inconstitucional. Esperamos que llegue nuestro día en la corte para luchar por todos los latinos y asiáticos americanos”, asestó.

Ambas organizaciones presentaron una demanda en 2019 contra la pregunta de ciudadanía que impulsaba el presidente Trump, la cual tuvo que retirar luego de que la Corte Suprema indicara que tribunales menores deberían tomar una decisión firme al respecto.

Andrea Senteno, consejera regional de MALDEF en Washington D.C. acusó a la Administración Trump de intentar “manipular el censo”, a fin de negar la representación política a los latinos.

La demanda se suma a otras presentadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.