El COVID-19 golpeó fuerte la salud de los latinos, los especuladores sus bolsillos

Después de analizar más de 10,000 quejas sobre precios de productos de protección personal como desinfectantes y mascarillas, críticos durante la pandemia, el Departamento de Protección a Consumidores y Trabajadores (DCWP) ha llegado a la conclusión de que muchos clientes han pagado de más en muchas ocasiones por especulación ilegal de los precios.

El valor de muchos productos se ha elevado artificialmente para sacar más rendimiento de ello sobre todo en los primeros meses de la pandemia.

Es más, este departamento afirma que los que más han sufrido esta especulación son las mismas personas que viven en los barrios más castigados por la COVID, es decir, aquellos en los que mayoritariamente viven familias negras y latinas.

La otra característica de estos barrios, en los que la necesidad de cuidar la salud se ha convertido en oportunidad de ganar más dinero, es que sus vecinos son financieramente vulnerables con ingresos medios por hogares de alrededor de $30,000 anuales. Es decir, lo peor ha recaído en los que menos pueden permitirse gastar en productos que de la noche a la mañana se convierten en esenciales.

“Ver que las disparidades raciales y económicas llegan incluso a la manipulación de los precios es desolador”, lamentaba la comisionada del DCWP, Lorelei Salas.

Salas recuerda que muchas de las personas afectadas, latinos y negros, han trabajado en primera línea en tiendas y el sector servicios, no solo ahora sino cuando la enfermedad acababa con vidas de neoyorquinos por cientos y por miles.

Desde el 5 de marzo este departamento ha recibido más de 12,000 quejas de manipulación de precios al alza y ha emitido más de 15,200 notificaciones por esta manipulación de precios. Las quejas se han ido reduciendo una vez que se llegó al pico de más de 2,100 en marzo y ahora apenas se reciben una docena por semana. El departamento dirigido por  Salas sigue investigando las quejas de los consumidores e inspeccionando tiendas.

Las autoridades municipales advirtieron desde el principio de la pandemia que estarían vigilantes ante las posibles subidas de precios de productos como las lejías y desinfectantes. Estos desaparecían rápidamente de las estanterías de supermercados, farmacias y bodegas y durante semanas no era fácil hacerse con toallas desinfectantes por ejemplo.

$28 dólares por 8 onzas

Mucho se ha escrito, e inevitablemente bromeado, con la falta de papel higiénico pero durante los largos ocho meses de la pandemia se han visto precios de $27.99 por botellas de ocho onzas de gel de manos y $20 por cada mascarilla N95. Y eso, en una ciudad en la que miles de personas dependen de la caridad para comer, deben meses de alquiler, no saben cuándo volverán a tener trabajo y apenas tienen ahorros, es muy serio.

La especulación de precios es ilegal en cualquier producto o servicio esencial para la salud y el bienestar durante el estado de emergencia. Hace seis meses este departamento promulgó una regulación de urgencia amparada bajo la Ley de Protección de Consumidores de la Ciudad que hace que estas subidas de precios sean ilegales para cualquier bien o servicio que sea necesario para evitar el contagio o tratamiento de la COVID 19. El pasado 13 de mayo se extendió esta regulación y se propuso una extensión permanente para el caso de futuras emergencias.

La multa que se paga por cada objeto o servicio que haya sido marcado con un precio superior al normal es de $500. Si los negocios están pagando más a sus proveedores por ellos, entonces se tiene que proveer la prueba de ello al DCWP y en ese caso el aumento del precio de venta al público tiene que ser comparable al que se ha pagado al proveedor.

O lo que es lo mismo, si un negocio ha pagado $2 más por el artículo en cuestión, no pueden trasladar al cliente un precio de $50 más.

Hasta ahora la mitad de los negocios que han recibido notificaciones sobre violaciones de la norma han resuelto estas con acuerdos — que suponen pagos por parte de los comercios de multas que suman $25,900– o por decisiones de la Oficina de Audiencias Administrativas, OATH que han supuesto multas de $68,750. Se ha llegado a abrir ocho casos a quienes han reincidido.

¿Cómo quejarse?

El Departamento de Protección a Consumidores y Trabajadores (DCWP) recomienda mantener la vigilancia e informar si se ven precios manipulados. Para ello simplemente tiene que llamar al 311 y decir “overcharge” o presentar una queja en esta misma línea. Hay que mantener los recibos de lo pagado y la información de la tienda en la que se hizo la compra para poner una denuncia ante la DCWP. 

Vecindarios más afectados

El 20% de todas las quejas vienen de estos barrios

El Bronx: Belmont, Crotona Park East, East Tremont, Hunts Point, Longwood y Melrose.

Brooklyn: Bushwick, Bed Stuy, Canarsie y Flatlands, East Flatbush, Farragut y Rugby además de Sunset Park y Windsor Terrace.

Manhattan: Chinatown y Lower East Side.

Queens: Astoria y Long Island City.

CIFRAS

10,000 quejas han sido analizadas para ver qué barrios han sufrido más esta ilegalidad.

$20 por mascarilla N95 es uno de los precios más manipulados que se han observado.

$500 es la multa por artículo o servicio vendido con sobreprecio.

$68,750 es la cantidad recaudada por multas.