Derechos y las libertades

Debo comenzar por decir que jamás he puesto un pie en un local de Chick-Fil-A. La única vez que acudí a este restaurante era domingo y estaba cerrrado. La política de esta cadena es cerrar ese día para permitir a sus empleados cumplir con sus compromisos religiosos.

Chick-Fil-A y su presidente Dan Cathy se han visto envueltos en la última semana en una agria controversia.

En una entrevista con un periodista de la revista de la iglesia Bautista, a la que Cathy pertenece, cuestionado el ejecutivo sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, Cathy respondió: “Yo apoyo la definición bíblica de la unidad familiar”. En otras palabras el concepto tradicional del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

A partir de ese momento, el escándalo ha sido permanente, quienes aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo han llamado a un boicot nacional en contra de la cadena y al cierre de sus establecimientos. Inclusive, varios alcaldes de ciudades tan importantes como Chicago y Boston declararon inicialmente que iban a impedir la apertura de nuevos restaurantes en sus localidades. Pero por otra parte, quienes apoyan la postura de Cathy han acudido en hordas a consumir los productos que vende Chick-Fil-A.

¿Quién tiene la razón?

Tengo mi opinión personal sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no la voy a emitir, puesto que resulta intrascendente frente al asunto que voy a tratar..

Desde mi perspectiva, cualquiera que sea la opinión personal que tenemos respecto de este espinoso asunto, en el fondo de la controversia yace un aspecto mucho mas trascendente.

¿Está equivocado el señor Cathy? ¿Es discriminatoria su posición?

No lo sé, pero lo que sí puedo decir con total claridad, es que nos guste o no la opinión del presidente de Chick-Fil-A, el caballero tiene todo el derecho de expresarla y el llamado a que se cierren sus establecimientos. Las amenazas de los alcaldes de varias ciudades del país de bloquear la apertura de nuevos locales en sus ciudades, por el sólo hecho de pensar diferente no solamente son inconstitucionales porque violan el derecho a la libertad de expresión garantizado en la primera enmienda, sino que además es un atentado contra el derecho de todo negocio legítimo como lo es Chick-Fil-A, de establecerse en cualquier jurisdicción que elijan, dentro del marco de las respectivas leyes locales.

Las opiniones políticas o religiosas de las personas naturales o jurídicas no deben ser un impedimento para establecerse en una determinada demarcación territorial.

¿Sería razonable, por ejemplo, que un alcalde antiinmigrante se opusiera a la apertura de un local de una compañía que apoya la aprobación de una reforma migratoria comprehensiva?

La única forma legítima de “castigar” a un negocio cuyos propietarios tienen opiniones que los demás podemos considerar equivocadas es simplemente no utilizando los servicios que estos negocios ofrecen.

El tiempo apremia señor lector regístrese y prepárese para votar.