Piden derechos para campesinos

SACRAMENTO.- En los últimos días del agonizante ciclo legislativo de California, dos medidas que buscan ayudar a los trabajadores indocumentados para que puedan trabajar legalmente en el estado y evitar la deportación, un esfuerzo similiar al programa de Acción Diferida, fueron presentadas en la legislatura estatal, una de ellas incluso con apoyo republicano.

Ambos proyectos de ley, de ser convertidas en ley, tendrían que ser aprobadas por el gobierno federal.

El asambleísta demócrata de Coachella, Manuel Párez presentó el Acta de los Trabajadores de los Servicios y de la Agricultura de California (CASA), AB916 similar al programa federal de Acción Diferida pero para los trabajadores del campo y servicios, pues les permitiría trabajar y evitar la deportación.

“CASA es un acercamiento responsable y práctico que apoya la economía y a las familias de California”, dijo Pérez, presidente del Comité de Empleos, Desarrollo Económico y Economía de la Asamblea.

En un comunicado, comentó que su proyecto de ley dará estabilidad en la agricultura y a los servicios al permitir a lo que llamó “importante fuerza de trabajo”, laborar legalmente y sin temor.

“Nosotros no queremos ver en California, lo que ha pasado en otros estados donde se han puesto en marcha políticas duras de migración que han dado como resultado, escasez de fuerza de trabajo e inseguridad en los negocios”, destacó.

Lo que la AB916 haría es pedir al Departamento del Empleo en coordinación con el Departamento de Alimentos y Agricultura, acordar un grupo de trabajo para consultar con el gobierno federal, cuál sería el papel y responsabilidades de cada uno al poner en marcha un programa de trabajadores huéspedes.

En un movimiento inusual, Pérez consiguió el apoyo de algunos republicanos como el senador de Ceres, Anthony Cannella, el senador Bill Berryhill de Stockton, y el asambleísta Katcho Achadjian de San Luis Obispo.

“Es nuestro papel como líderes electos, cambiar el sistema cuando las cosas no están funcionando. Debido a que no hemos visto liderazgo político en el Congreso, es necesario tomar acción a nivel estatal”, dijo Cannella, quien es presidente del Comité de Agricultura en el Senado.

A su vez, el asambleísta Berryhill quien además es un agricultor en el Valle de San Joaquín hizo ver que cada año en la época de la cosecha enfrentan una serie escasez de trabajadores por lo que es tiempo de ser pioneros en migración.

De acuerdo a la Federación del Buró de Agricultores de Califronia (CFBP), la falta de trabajadores en el campo, este año es de entre 30 a 40%.

Por otra parte, ayer fue aprobada en el Comité de Impuestos e Ingresos de la Asamblea, la medida SB901 del presidente del Senado, el demócrata de Sacramento, Darrell Steinberg y el asambleísta demócrata de Sylmar, Felipe Fuentes para permitir que los trabajadores indocumentados que han estado en el estado desde 2008 puedan trabajar y pagar impuestos.

Los que califiquen tendrían que probar no tener antecedentes criminales, demostrar que están aprendiendo inglés y pagar una cuota.

“Tenemos 2.8 millones de indocumentados en California, y dos millones podrían ser elegibles para salir de las sombras y pagar impuestos por sus ingresos al estado, por 325 millones de dólares”, explicó Fuentes durante la presentación de la medida en el Comité de Impuestos donde fue aprobada.

Aclaró que la información recabada por el Departamento de Justicia y la Junta Estatal de Impuestos no sería compartida con las autoridades federales de migración.

El asambleísta republicano de Palm Desert, Brian Nestande no respondió a una petición de La Opinión para comentar por qué votó en contra.

Durante la audiencia cuestionó qué pasaría si el Departamento Estatal de Justicia encuentra que algún solicitante es un criminal serio. “¿Los va dejar ir sin reportarlos a las autoridades federales?, cuestionó. Fuentes respondió que no los descarta de trabajar con las agencias federales.

Fuentes intentó llevar esta propuesta a los electores mediante una iniciativa en la boleta de noviembre pero no tuvo los recursos para recolectar las firmas.