Activistas opinan que suspensión de ejecuciones federales anunciada por Administración Biden no es suficiente

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves una suspensión temporal a las ejecuciones federales por pena capital y en ese periodo revisará los protocolos de implementación de ese castigo.

El anuncio consta en un memorando que el fiscal general, Merrick Garland, envió a altos funcionarios en el que menciona su preocupación sobre la arbitrariedad al momento de imponer esa condena así como su impacto desproporcionado en las personas no blancas.

“El Departamento de Justicia debe garantizar que todos en el sistema federal de justicia penal gocen no solo de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, sino que también sean tratados de manera justa y humana”, dijo Garland en el documento que citan medios nacionales. “Esa obligación tiene una fuerza especial en casos de pena capital”, agregó.

Garland no especificó cuánto tiempo podría llevar el proceso de revisión de los protocolos del departamento.

La acción además responde a la movida de Trump para agilizar las ejecuciones durante su Administración.

Administración Trump rompió récords en cuanto a ejecuciones federales

Trece personas fueron ejecutadas en Estados Unidos entre julio de 2020 y enero de 2021.

En ese sentido, Garland precisó que su agencia revisaría las guías establecidas por el exfiscal general William Barr, nombrado por Donald Trump.

Cabe señalar que la nueva medida de la Administración Biden pausa las ejecuciones por el momento, más no le pone fin, y mantiene la puerta abierta a que otra Administración de Gobierno las reinicie. La decisión tampoco prohíbe que fiscales federales busquen la pena de muerte para acusados. De hecho, la Administración Biden pidió recientemente a la Corte Suprema que restableciera la sentencia de muerte original del atacante del Maratón de Boston.

No está claro si Garland ha hecho alguna mención Garland sobre la persecución de la pena de muerte en algunos casos, como el de Dzhokhar Tsarnaev.

Ejecuciones federales habían sido suspendidas por siete décadas

Las ejecuciones federales se detuvieron por casi siete décadas debido a debates sobre el uso de los medicamentos que se deben administrar para provocar la muerte de un condenado. Pero, en el 2019, Barr les ordenó a los funcionarios de las prisiones que reanudaran la aplicación de inyecciones letales usando una sola dosis de pentobarbital. Al momento, persiste una demanda a nivel federal contra los protocolos de ejecución por el uso de ese medicamento.

Debido a las imprecisiones anteriores, activistas contra la pena capital se mostraron inconformes con la movida de la Administración Biden.

“Una moratoria en las ejecuciones federales es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente”, dijo la abogada Ruth Friedman, también directora de Federal Capital Habeas Project.

El medio Mother Jones destacó en un artículo sobre el tema que la nueva moratoria parece reciclada de la Administración Obama. El expresidente ordenó en el 2014 una revisión a los protocolos de implementación de la pena de muerte en el contexto de la ejecución de Clayton Lockett, en Oklahoma.

Durante la aplicación de la inyección letal al convicto por secuestro, violación y asesinato, la vena se bloqueó y empezó a sufrir convulsiones hasta que terminó muriendo de un ataque al corazón.

Lockett se mantuvo vivo durante 43 minutos después de que se le inyectara el primer fármaco de los tres que componen la poción para ejecutar a reos mediante la inyección letal. Usualmente, el proceso dura unos 10 minutos.

Después del debate por la “inhumana” ejecución de Lockett, la Administración de Barack Obama no le dio seguimiento al caso, por lo que el Gobierno de Trump rompió récords en ejecuciones federales.