Termina investigación por ataque a agentes de EEUU
MEXICO/AP – Los policías federales mexicanos implicados en un tiroteo el mes pasado contra una camioneta en la que viajaban dos agentes estadounidenses podrían haber pasado por alto las placas diplomáticas del vehículo, dijo ayer un funcionario mexicano.
El funcionario dijo que los policías federales buscaban a un grupo de secuestradores que un día antes habían secuestrado a un empleado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la misma zona del tiroteo del 24 de agosto.
Los policías enfocaron su atención en la presencia inusual de una camioneta deportiva blindada que viajaba a alta velocidad por un camino rural, sin percatarse que el vehículo tenía placas diplomáticas, agregó el funcionario, que no estaba autorizado para ser citado por su nombre.
Al margen del tiroteo, los secuestradores liberaron después al empleado del INAH, que fue encontrado por la Policía caminando a lo largo de la misma carretera, al sur de la Ciudad de México. Los agentes de Estados Unidos, identificados por funcionarios mexicanos como empleados de la CIA, sufrieron heridas que no pusieron en riesgo su vida. Actualmente se encuentran en territorio estadounidense.
Doce agentes de la Policía federal mexicana han sido arrestados por el incidente y actualmente se encuentran bajo arresto domiciliario, a la espera de enfrentar posibles cargos.
La Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) sostuvo que ha cooperado en la investigación y que 51 funcionarios de la Policía Federal han testificado en relación con el caso.
“En caso de comprobarse el uso excesivo de la fuerza, la falta de seguimiento en los protocolos de actuación o complicidad con el crimen organizado, se aplicarán las medidas y sanciones correspondientes”, puntualizó la SSP en un boletín de prensa el lunes. “No se tolerará ninguna acción contraria a ley”.
La Secretaría agregó que desde que el actual gobierno asumió el cargo en diciembre de 2006, un total de 459 elementos de la Policía Federal han sido puestos a disposición de las autoridades ministeriales por presuntos actos delictivos y que 50 han recibido sentencia condenatoria.
