SNAP, energía renovable, Ley 22 y estatus, cuatro temas clave en la agenda para Puerto Rico en el 2024
La discusión de estos asuntos ocupará a boricuas en la isla y en la diáspora en este año que recién comienza
El Capitolio de Puerto Rico, sede del poder legislativo en la isla, ubica en San Juan. Crédito: MARK RALSTON | AFP / Getty Images
NUEVA YORK – La discusión en el Congreso de Estados Unidos sobre una posible transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para atajar el problema de la pobreza y la inseguridad alimentaria en Puerto Rico se espera que sea uno clave en la agenda de líderes boricuas en la isla y en la diáspora en el 2024.
El año pasado, el llamado unió a políticos y activistas de distintas ideologías dentro y fuera del territorio, al punto que en abril se anunció en Washington D.C. una coalición de 200 organizaciones a favor de la integración. Los esfuerzos en la Capital federal lo encabezan, en la Cámara de Representantes, la comisionada residente republicana Jenniffer González; y en el Senado, la demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand.
El ”Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act” (S.949) y su versión en la Cámara, el H.R. 253, establecen un proceso para la transición.
A pesar de ser ciudadanos estadounidenses, los boricuas en la isla no se benefician en igualdad de condiciones que los residentes en los estados de los fondos federales para asistencia alimentaria, por lo que algunos consideran se trata de una discriminación geográfica.
Esto resulta incongruente en medio del escenario de pobreza con el que tienen que batallar los boricuas a diario. Los datos más recientes de la Encuesta sobre la Comunidad de la Oficina del Censo de Estados Unidos arrojó que la pobreza aumentó de 40.5% a 41.7% a nivel general en Puerto Rico; y de 54.9% a 57.6% en los menores de 18 años (pobreza infantil).
El panorama se agrava por realidades como el alto costo de los alimentos. Más del 80% de lo que se consume en el territorio, se importa; esto sin contar la carga adicional por inflación.
En Puerto Rico, aplica una asignación en bloque para el PAN, lo que significa, no solo una cantidad limitada de fondos, también menor flexibilidad en casos de emergencias como huracanes o sismos.
Datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ), organización en la isla especializada en el estudio de la pobreza, apuntan a que, para que los fondos del PAN se equiparen a los que recibe una persona en Estados Unidos bajo SNAP se necesita incrementar la subvención en bloque en un 57%. Para equiparar los beneficios en P.R. con los de las Islas Vírgenes, un incremento de 131% sería necesario.
De aprobarse el cambio, como se ha propuesto en la Legislatura federal, P.R. recibiría cerca de $4,500 millones al año, en comparación con los $2,900 millones anuales actuales.
“El PAN es una subvención en bloque con límite máximo, lo que significa que Puerto Rico recibe una financiación fija de fondos anuales para asistencia alimentaria del gobierno federal independientemente de la necesidad. Como resultado, el PAN no se puede expandir automáticamente para satisfacer el aumento en la necesidad cuando la economía tambalea o ocurre algún desastre natural”, explica el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) en un informe en su sitio web.
El director del IDJ, Brayan L. Rosa, consideró que este impedimento pone en riesgo el bienestar de miles de puertorriqueños.
“Tenemos que ir al Congreso, buscar un vehículo de proyecto de ley que nos permita introducir más fondos a Puerto Rico. El Congreso tiene que aprobarlo para que los fondos estén disponibles, y eso toma tiempo. La gente no come retroactivamente. El día que tú dejaste de comer, no comiste. No puedes ir hacia atrás y decir, ‘voy a comer hoy lo que no me comí ayer’, porque así no funciona. Esto lo que crea es que la gente pase hambre en lo que realmente llegan los fondos adicionales…”, alertó el activista en entrevista con El Diario de NY.
En el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), agencia que administra los fondos SNAP, también hay disposición para ajustarse al proceso que implicaría pasar de un programa a otro.
En julio de 2022, el USDA publicó un estudio de viabilidad para una transición en un periodo de 10 años.
El presidente Joe Biden, por su parte, ha emplazado a los miembros del Congreso a aprobar legislación a esos fines, ya que hay un compromiso de la Administración en impulsar el tema como parte de la agenda para Puerto rico.
La delegación republicana en el Congreso es la más reacia a ceder a la convocatoria.
Las propuestas no avanzaron el año pasado como parte de la discusión de la Ley de Agricultura (Farm Bill), donde estaría incluido cualquier ajuste al programa SNAP para añadir a los beneficiarios en Puerto Rico, en parte por la resistencia de miembros de esa colectividad.
A partir del 2024, los esfuerzos de grupos como IDJ se centrarán precisamente en los legisladores republicanos que son mayoría en la Cámara de Representantes.
Rosa reveló que la campaña educativa se enfocará en los beneficios económicos de la transición, ya que, según destacó, costaría menos incluir a Puerto Rico en SNAP que seguir bajo el modelo actual que, evidentemente, no está reduciendo como debería la inseguridad alimentaria.
“El enfoque de nosotros va a ser educar a los compañeros republicanos, que son quienes mayor resistencia tienen a este cambio, porque ellos están mirando el costo de la transición y el costo del programa; pero la realidad es que a Puerto Rico le tomará años transicionar administrativamente del PAN a SNAP. Así que con ese tiempo el costo del programa no va a ser mucho porque van a tener que invertir muchos años en la transición”, planteó.
“Es una inversión que es inteligente, no es extremadamente costosa, y se paga a sí misma con la cantidad de movimiento económico que va a crear. Además de que va a reducir la inseguridad alimentaria, va a aumentar la productividad de los individuos en Puerto Rico; la (cantidad) de gente que trabaja; la de estudiantes que pueden aprender mejor porque comen y tienen alimentos; va a reducir el estrés en el hogar, todos los beneficios que conlleva esta transición son abarcadores y deberíamos todos enfocarnos en esa misma dirección”, abundó.
La vigencia del “Farm Bill” fue extendido hasta septiembre, por lo que la discusión del tema se retomará este año.
Mayor impulso a la energía renovable
Además de este tópico, líderes dentro y fuera de la isla, y en particular la Casa Blanca, continuarán monitoreando el uso de los, aproximadamente, $25,000 millones en fondos federales para el proceso de reconstrucción desde que el huracán María azotó la isla en el 2017.
La Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019) establece que P.R. debe satisfacer en un 100% sus necesidades energéticas bajo fuentes renovables para el 2050. Como se trata de un proceso en fases, para el 2025, el por ciento de operación bajo energía limpia debe alcanzar el 40%. Al momento, sin embargo, la cifra apenas alcanza el 4%.
A juicio de Ruth Santiago, la única puertorriqueña en el Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, la manera de llegar a la meta es redirigiendo los fondos para reconstrucción y modernización de la red eléctrica hacia proyectos de energía renovable.
Para presionar en esa dirección, grupos de puertorriqueños dentro y fuera de la isla presentaron en abril pasado una demanda contra la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ante el Tribunal de Distrito en el Distrito de Columbia, en la que entre otras cosas, argumentan que violan la Ley 17 del 2019 al no priorizar, como se debería, los proyectos de energía renovable.
Los demandantes además alegan que FEMA no está considerando el daño medioambiental que implica el uso de combustibles fósiles en la isla.
“Lo que está pendiente es la parte específica sobre si el tribunal va a ver el caso en el Distrito de Columbia o lo va a trasladar a Puerto Rico. Nosotros entendemos que esto es un asunto de fondos de FEMA, y hay razones de peso para que el tribunal de Washington se mantenga con el caso y lo atienda. Entendemos que es más rápido en D.C., y eso está pendiente”, explicó Santiago sobre el estatus del recurso legal.
Por otro lado, la experta cuestionó la inclinación de la Administración del gobernador Pedro Pierluisi por el gas natural como una supuesta ruta intermedia necesaria para la transición a energía renovable.
“Eso es muy del siglo pasado. Es un argumento que se hacía mucho cuando empezó el ‘fracking’. Las compañías de gas crearon esa narrativa de que había que hacer esa transición con el gas metano antes de poder ir a renovable. Eso en este siglo, ya no es cierto. Ya sabemos que la energía renovable en conjunto con el sistema de almacenamiento de energía (baterías)…90,000 personas en Puerto Rico están funcionando con eso y algunos negocios e industrias, y la cuestión es encaminar el dinero hacia eso”, especificó en entrevista con este rotativo.
La realidad es que, al momento, la mayoría de los boricuas que cuentan con sistemas de este tipo sacan el dinero de su bolsillo y los obtienen sin ayuda del Gobierno.
Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico
Sin embargo, la Administración Biden ha encaminado varias acciones en pro de la energía renovable.
Como parte de los esfuerzos para continuar instalando sistemas de energía solar en viviendas de familias vulnerables y de bajos ingresos, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), anunció el año pasado la asignación de $440 millones a través del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (Puerto Rico Energy Resilience Fund, PR-ERF).
Los fondos están contenidos en una partida de $1,000 millones aprobados en diciembre pasado dentro de la Ley de Asignaciones Consolidadas.
A principios de noviembre, durante su sexta visita a la isla, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, informó que el DOE seleccionó a las empresas Generac Power Systems, Sunnova Energy y Sunrun, así como a cinco organizaciones sin fines de lucro y cooperativas de la región (Barrio Eléctrico, Comunidad Solar Toro Negro, Environmental Defense Fund, Let’s Share the Sun Foundation y Solar United Neighbors) para comenzar las negociaciones de adjudicación para la colocación de los paneles solares.
Santiago manifestó que, en particular, algunos grupos tienen reservas con Sunnova por supuestas prácticas engañosas previo al huracán María.
“Por ejemplo, los sistemas que Sunnova había instalado anterior al huracán María, habían sido solamente las placas, sin baterías. Pero la gente entendía que el sistema le iba a funcionar así. Cuando se cayó el sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) durante el huracán María, las placas no funcionan sin baterías…así que mucha gente se quedó sin energía. Sin embargo, Sunnova le siguió cobrando como si les estuvieran funcionando las placas”, explicó la asesora de Biden.
Los sistemas de placas y baterías requerirán un pago mensual a las compañías por mantenimiento. Pero, a juicio de representantes de la Administración Biden, como la boricua Gretchen Sierra Zorita, directora adjunta para Puerto Rico y los demás territorios en la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, el gasto será compensado por la reducción de las facturas de luz.
“Gracias a los comentarios que recopiló el DOE de cientos de grupos de interés, este programa coloca la responsabilidad del mantenimiento a largo plazo en las compañías solares y apoya a los residentes de Puerto Rico con $10 millones en inversión en protección al consumidor y educación”, señaló la agencia en un documento divulgado el 20 de diciembre en el que se exponen los mitos y los hechos sobre el fondo de resiliencia.
Deuda de la AEE la pagarán los boricuas en la factura de luZ
Una transición más ágil a fuentes de energía renovable también podría atenuar el impacto que tendrá en la tarifa de electricidad el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la AEE para pagar su deuda con los bonistas.
El 16 de diciembre de 2022, la Junta de Control Fiscal, organismo aprobado bajo la ley federal Promesa, presentó un Plan de Ajuste para reestructurar sobre $10,000 millones en deuda y otras reclamaciones contra la corporación.
Al momento, el gobierno de Puerto Rico, acreedores, la Junta y otros grupos inmersos en el litigio, discuten la tercera versión o borrador del plan, que reduce en casi un 80% la deuda, para llevarla a un equivalente de $2,500 millones.
El mes pasado, varios grupos opuestos a más aumentos en la tarifa eléctrica comenzaron a someter ante el tribunal federal en P.R. las objeciones ciudadanas en contra del PAD.
Diversos sectores en la isla se han alineado bajo el argumento de que la deuda es impagable, y que lo justo sería eliminarla en su totalidad.
Sin embargo, no se anticipa que la jueza del distrito sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, tome esa decisión como parte del proceso de quiebra bajo el Título III.
Expertos ligados al tema anticipan que, a pesar del repudio generalizado contra los aumentos, el plan sería confirmado.
Lo anterior significaría que los boricuas que no cuentan con sistemas de energía renovable en sus hogares cargarán con el mayor peso de los aumentos en la tarifa eléctrica que podrían extenderse por décadas.
Según un comunicado de la Junta en su sitio web, “la factura media de un hogar residencial que actualmente no se beneficia de electricidad subvencionada aumentaría en $8.71 al mes, es decir, un 5%. Para las aproximadamente 97,000 pequeñas empresas de Puerto Rico, el aumento sería de $35,53 al mes, un aumento del 8%. Aproximadamente 620,000 de los 1,35 millones de clientes residenciales de la AEE no pagarán el cargo fijo de conectividad ni un cargo volumétrico por hasta 425 kWh de consumo mensual”.
Parte de los ingresos que recibiría el fisco con las nuevas alzas en la factura contempladas como parte del plan también podrían ser destinados al pago de las pensiones de los jubilados de la AEE. El Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica está insolvente desde abril del 2023.
En diciembre, la Junta de Gobierno de la AEE aprobó de forma unánime que la corporación tome prestado del Fondo General $300 millones para poder pagar las pensiones de los empleados jubilados el próximo año.
La Ley 22 y los privilegios contributivos a extranjeros “inversionistas”
Otro asunto que inquieta a los boricuas es el efecto que sigue teniendo la Ley 22 que otorga exenciones contributivas a extranjeros para que se establezcan en la isla bajo la promesa de inversión.
El impacto de la Ley 22 (“Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”), contenida en el Código de Incentivos Contributivos (Ley 60), ha sido cuestionado no solo por activistas en ambos lados del charco, también por líderes del Congreso.
A juicio de los detractores de la ley, la misma ha creado un paraíso fiscal en la isla en el que un grupo privilegiado de extranjeros pudientes ha desplazado a los locales, al tiempo que crean una burbuja inmobiliaria (a través de la adquisición de propiedades) en la que los boricuas no pueden competir en igualdad de condiciones.
Los beneficiarios de estos decretos no pagan ciertos impuestos, a cambio de, supuestamente, generar inversión, crear empleos, y, por ende, impulsar el desarrollo económico del país.
Como resultado de la aplicación de la ley, se les exime de pagar impuestos en Puerto Rico por el ingreso pasivo devengado con respecto a sus inversiones.
En noviembre pasado, una docena de congresistas demócratas solicitó al Servicio de Rentas Internas (IRS) información sobre el curso de la auditoría a unos 100 beneficiarios del estatuto, algunos figuras clave en la industria de las criptomonedas.
La pesquisa federal, que podría traducirse en acusaciones criminales, busca determinar si los recipientes de la Ley 22 mintieron sobre su estancia en la isla para no pagar impuestos federales.
Para el estratega demócrata Federico De Jesús, el tema de los incentivos fiscales a extranjeros para que se muden a la isla preocupa cada vez a más congresistas y resuena con mayor ímpetu en la Capital federal.
“Este es un planteamiento que están haciendo muchos grupos de Puerto Rico, muchos grupos de la diáspora, uniones en EE.UU., como el capítulo de Illinois de SEIU, y otros que están preocupados por el efecto en P.R. y en sus propias comunidades. Mucha gente en la diáspora se identifica con este tema, porque ellos también están siendo desplazados con la ‘gentrification’, como le llaman, y no quieren que eso les pase a sus familias en P.R. Por eso han habido congresistas, como Chuy García y Delia Ramírez de Illinois, que han levantado bandera; y, de hecho, han ido al pleno de la Cámara de Representantes con discursos sobre esto”, reconoció.
Según el activista, miembros de la delegación republicana también están interesados en el debate.
“Yo he hablado privadamente con republicanos a los que también les preocupa el tema, porque el IRS está investigando esto. Ha habido lavado de dinero, y eso puede afectar a influencias extranjeras, de China, Rusia, que están tratando de impactar la política en EE.UU. Así que aquí hay muchos ángulos que recientemente se están empezando a explorar en el Congreso y en Washington, y esto solamente comienza”, anticipó.
De Jesús reveló que algunos de los movimientos en el Congreso, en el 2024, van en la dirección de presentar legislación a los fines de resolver la laguna legal que creó la sección 933 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, que establece que los ingresos obtenidos de fuentes de Puerto Rico están exentos del impuesto sobre la renta de los EE. UU.
“El objetivo de muchos estos grupos es que se presente un proyecto de ley en el Congreso que le cobre impuestos a los 22 o que la exención contributiva sea solamente para los residentes de Puerto Rico y sus descendientes, y no para estos extranjeros que están viniendo, viviendo 183 días al año, supuestamente, y no están creando suficiente actividad económica. Así que ese es el prospecto. Obviamente, esto va a tomar tiempo. Esto es una campaña que apenas comenzó el año pasado…”, explicó.
Estas acciones irán de la mano con campañas de orientación como la de “Losing Puerto Rico”, de la que De Jesús es portavoz y codirector. La idea detrás del proyecto multimedia es impactar a un público más amplio, principalmente estadounidense, sobre los efectos nocivos de la ley 22.
“Parte de lo que le estamos diciendo a los estadounidenses es, ‘mira, si tú me mudas a Francia, tienes que pagarle impuestos al gobierno francés y al gobierno de EE.UU. EE.UU. es de los pocos países que le cobra impuestos a sus ciudadanos y compañías en el extranjero. Puerto Rico es el único lugar en el mundo donde un estadounidense puede mudarse y no pagar impuestos al país donde está y al gobierno de EE.UU., y no perder su pasaporte. Eso es insostenible. Si se va a dar la creación de empleos, y si hay actividad económica, y si hay un beneficio tangible para la población local, pues eso lo podemos debatir”, planteó.
“Se han creado 33,000 empleos en 11 años, solamente entre la Ley 20 (Ley para Fomentar la Exportación de Servicios) y la Ley 22, nunca lo separan entre la 20 y 22. Y es importante porque la 20 le aplica a los puertorriqueños. La 22 es la única que no le aplica a los residentes actuales de Puerto Rico, y nos parece muy poca esa actividad económica. Según Intelligent Economic, se ha disparado el alquiler promedio en Puerto Rico por 593%, casi 600%; eso es insostenible…”, insistió el también exportavoz de la Administración de Barack Obama en asuntos hispanos.
Proyecto de estatus nuevamente en el limbo
El centenario tema del estatus no deja de ser importante para puertorriqueños dentro y fuera del territorio.
Este año, se presentó en el Senado el S.3231, una versión del H.R. 2757, que es básicamente una réplica del 8393 (Ley de Estatus de Puerto Rico), aprobado por los demócratas en la Cámara de Representantes en diciembre de 2022, al cierre de la sesión.
Sin embargo, ninguna de las nuevas legislaciones ha bajado siquiera a los comités correspondientes en Cámara y Senado previo a cualquier votación en el pleno.
El proyecto 3231 fue presentado en noviembre por el senador demócrata de Nuevo México, Martin Heinrich; meses después del 2757, que fue introducido en la Cámara de Representantes en abril por el demócrata Raúl Grijalva.
Al igual que las medidas previas, el 3231 propone un plebiscito vinculante entre las opciones no territoriales de estadidad, libre asociación o independencia.
En vista de que en la Cámara la mayoría republicana ha torpedeado cualquier intento de avanzar en un proyecto para descolonizar a Puerto Rico, De Jesus anticipa que los esfuerzos de representantes del gobierno de Puerto Rico se concentren en el Senado de cara a las elecciones, el 5 de noviembre, en EE.UU. para aumentar el número de coauspiciadores del S.3231.
“Me imagino que la esperanza de ellos es que haya un Congreso demócrata y un presidente demócrata en el 2025 que le daría paso a una legislación como esa, o a una petición de anexión que es lo que ellos esperan que pase”, puntualizó De Jesus que se ha expresado en contra de las distintas legislaciones por entender que no promueve un proceso transparente e inclusivo.
Reportes de medios en la isla apuntan a que el gobierno de Pierluisi considera impulsar otro plebiscito criollo usando como modelo el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes federal.
Los resultados de seis consultas previas de este tipo no han sido validados por el Congreso.
