Un millón de llamadas por la reforma migratoria

Durante febrero y marzo organizaciones proinmigrantes planean hacer un millón de llamadas al Congreso de Estados Unidos para insistir en la necesidad de una reforma migratoria que conlleve a la legalización de los 12 millones de indocumentados que se estima hay en el país.

Para abril, la movilización a nivel nacional contempla una visita a Washington DC el segundo miércoles de ese mes y rematar con la marchas masivas en diferentes ciudades el 1 de mayo.

Esa es parte de la estrategia que están planteando grupos proinmigrantes de Los Ángeles junto con sindicatos locales y nacionales, organizaciones comunitarias, empresarios, funcionarios públicos, líderes religiososo y activistas sociales, en una campaña a la que han llamado “Ready for citizenship. Nosotros también”.

Para hacer del 2013 el año de la reforma migratoria, esta coalición de grupos lanzó hoy un llamado a toda la comunidad inmigrante para involucrarse en la lucha.

“La comunidad inmigrante, sus familias y la gente de conciencia puede lograr que este año finalmente se logre la reforma migratoria”, dijo Angélica Salas, directora de CHIRLA, durante una conferencia de prensa realizada en las escalinatas del City Hall.

“Y lo que tenemos que hacer es involucrarnos y ser parte de esta lucha, tenemos que asegurar que cada uno de nosotros llame a nuestro representante del Congreso, ese va a ser nuestro trabajo, insistir que esos congresistas nos escuchen”.

Maria Elena Durazo, dirigente sindical de la AFL-CIO, dijo que ya es tiempo de un camino a la ciudadanía porque todos los días las familias indocumentadas están sufriendo.

“Queremos reconocimiento y respeto, porque es la gente que trabaja en nuestra comunidad”, mencionó.

La legalización de los millones de indocumentados, expusieron los activistas, es buena para la economía del país porque la seguridad migratoria generaría que más gente podría invertir en bienes raíces y habría trabajos mejor pagados.

Christian Torres es un joven que trabajó por seis años en la cocina del Colegio de Pomona, pero fue despedido junto con otros 17 empleados cuando decidió organizarse en un sindicado con el pretexto de que el gobierno federal les exigía la revisión de documentos.

“Las compañías usan las leyes de inmigración para deshacerse de nosotros, pero no porque seamos indocumentados vamos a aguantar que nos pisoteen”, comentó.

El argumento de que los indocumentados les roban el empleo a los estadounidenses, dijo Torres, es una falsedad.

“¿Quieren lavar platos? ¿Limpiar baños? ¿Recoger las verduras del campo?… entonces no digan que venimos a robarles el trabajo”, mencionó.