43 congresistas piden a Departamento de Justicia condenar Casos Insulares de la Corte Suprema que discriminan contra territorios como Puerto Rico

Nueva York – Un grupo de 43 legisladores federales tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, la mayoría demócratas, firmaron una carta en la que le piden al secretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, condenar el lenguaje racista de los Casos Insulares de la Corte Suprema y su impacto en territorios como Puerto Rico.

La doctrina del máximo foro judicial en Estados Unidos ha establecido un marco legal que legitima el trato discriminatorio y desigual a los habitantes de los territorios.

El impacto de las decisiones de la Corte Suprema que datan de principios del siglo pasado siguen teniendo vigencia hoy día, ya que instituyeron diferencias entre los territorios incorporados y los no incorporados.

En resumen, la doctrina facilita que en los territorios no incorporados de EE.UU. no apliquen todos los derechos de la Constitución de Estados Unidos. De fondo, estuvo la intención de que estas jurisdicciones no se convirtieran en estados de la nación.

La misiva con fecha del 15 de abril fue firmada por 15 miembros del Senado y 28 de la Cámara de Representantes.

Algunos de los que suscribieron el documento fueron el representante demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, miembro de alto rango del comité de Recursos Naturales que atiende los asuntos relacionados con P.R.; los representantes de origen boricua de Nueva York, Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Ritchie Torres; el demócrata de Florida, también de origen boricua, Darren Soto; y la comisionada residente, la republicana Jennifer González. El texto también fue firmado por el representante demócrata de N.Y., Jerry Nadler, miembro de alto rango del Comité Judicial de la Cámara.

En el Senado, algunos de los congresistas que avalaron la carta fueron el demócrata de Illinois, Dick Durbin, quien además es el presidente del Comité Judicial de ese cuerpo legislativo.

Otros que firmaron la misiva fueron los demócratas Kirsten Gillibrand, de NY; Ron Wyden, de Oregon; Richard Blumenthal, de Connecticut; Alex Padilla, de California; y Elizabeth Warren, de Massachusetts.

Organizaciones como Right to Democracy y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) trabajaron tras bastidores para que se lograra este llamamiento.

En el documento, los legisladores cuestionan la continua dependencia del Departamento de Justicia de los Casos Insulares.

Casos Insulares identifican a residentes de territorios como “salvajes”

“Los Casos Insulares surgieron de los valores anti-coloniales de la fundación de nuestra nación para sostener que los ‘medio civilizados’, ‘salvajes’, y ‘razas extranjeras’ que viven en Puerto Rico, Guam, y otros territorios de EE.UU., no tenían los mismos derechos constitucionales y participación democrática otorgada a las personas en los Estados Unidos continentales, porque ellos no estaban ‘aptos’ y no podían entender los ‘principios anglosajones’. Como la jueza (Sonia) Sotomayor recientemente enfatizó, los Casos Insulares ‘partían de la premisa de creencias tanto odiosas como erróneas’, con el juez (Neil) Gorsuch declarando que ‘no merecen espacio en nuestra ley’”, lee la misiva divulgada a los medios.

En ese contexto, los legisladores piden a la agencia que reconozca el carácter racista de la doctrina.

“De manera similar, el Departamento de Justicia debe reconocer la lógica racista que la doctrina de incorporación territorial representa y rechazar expresamente esta jurisprudencia”, agrega la misiva.

A juicio de los congresistas, bajo la doctrina, respaldada por muchos de los jueces que favorecieron la segregación racial de “separados, pero iguales” en Plessy v. Ferguson, se justifica el sistema colonial y se rechaza la autodeterminación de los habitantes en los territorios.

Negación de protecciones constitucionales a los habitantes de los territorios

“A las personas en estos territorios se les han negado las protecciones constitucionales esenciales y los derechos humanos por los pasados 125 años”, plantea la carta.

Los demócratas, así como González y el delegado de Guam, James Moylan (republicanos), exponen además que, como resultado de la doctrina, se mantiene la exclusión de los habitantes de los territorios de programas de asistencia gubernamental como el de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

“Actualmente, los residentes de estos territorios pagan más de $3,000 millones en impuestos federales y sirven en las Fuerzas Armadas a niveles que exceden las de cualquier estado, pero son excluidos de beneficios federales que salvan vidas como SSI y SNAP”, señalan.

“Los niveles de pobreza en los territories de EE.UU. fluctúan entre, aproximadamente, 23 % a 60 %, en comparación con la tasa de pobreza nacional de aproximadamente 11 %. Todo esto ha contribuido a caídas demográficas de dos dígitos en los territorios, perturbando comunidades y separando familias”, continúan los firmantes.

Los políticos además critican la postura tibia del Departamento de Justicia que, por momentos, critica los Casos Insulares, y en otros, los defiende.

“Esta dinámica problemática se continúa repitiendo, a falta de que el Departamento tome medidas claras para condenar los Casos Insulares y su doctrina de incorporación territorial”, indican los legisladores, al tiempo que añaden que a los residentes tanto de P.R., Guam, Samoa estadounidense, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes, se les continúa negando democracia, equidad y autodeterminación.

Los congresistas insisten a la agencia para que remedie el error histórico.

“Hoy, el Departamento de Justicia tiene la oportunidad de remediar este error histórico de rechazar inequívocamente la doctrina discriminatoria y racista establecida por los Casos Insulares”, puntualizan.
La misiva termina con una solicitud para una reunión con Garland.

El tema de los Casos Insulares y su posible revocación ha ganado mayor atención desde el año pasado cuando la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos (USCCR) realizó una audiencia en la isla como parte de una evaluación del impacto de la doctrina en los derechos civiles de los residentes en los territorios desde Downes v. Bidwell (1901) hasta United States v. Vaello Madero (2022).

Como resultado de ese encuentro, que reunió a individuos y grupos de interés ligados a esta discusión, el Comité Asesor de Puerto Rico ante la USCCR publicó en febrero pasado un memorándum preliminar titulado “Los Casos Insulares y la Doctrina del Territorio No Incorporado y sus efectos en los derechos civiles de los residentes de Puerto Rico”.

“Los Casos Insulares han establecido una justificación constitucional para la consolidación de normas distintas y desiguales que ha determinado la relación indefinida entre los territorios y los Estados Unidos. Estos casos establecieron también un marco político y racial que trata sus habitantes en manera desigual y sin representación con voto, sometidos a los poderes plenarios del Congreso bajo el Articulo IV, Sección 3 de la Constitución”, lee parte del reporte.

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