Entrevista: FEMA examina posibilidad de ajustar costos de inflación para adelantar proyectos de reconstrucción en Puerto Rico
El coordinador federal alterno de Recuperación por Desastre de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Andrés García Martinó, dijo a El Diario que la alta gerencia de esa oficina evalúa el pedido de funcionarios en Puerto Rico y en la capital federal para ajustar los costos por inflación para proyectos permanentes en la isla bajo el Programa de Asistencia Pública (PA)
Víctimas del huracán María, en el 2017, en Yabucoa, Puerto Rico. Crédito: Gerald Herbert | AP
Nueva York – El coordinador federal alterno de Recuperación por Desastre de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Andrés García Martinó, dijo que la alta gerencia de esa oficina evalúa el pedido de funcionarios en Puerto Rico, así como de congresistas y otros grupos de interés para ajustar los costos por inflación para proyectos permanentes bajo el Programa de Asistencia Pública (PA) como parte de los procesos de recuperación y reconstrucción poshuracanes.
Sin embargo, la alta dirección de FEMA no ha tomado una decisión con respecto a la Sección 428 de la Ley Stafford que establece los factores de inflación en los estimados de costo fijo para proyectos obligados tanto para municipios, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro.
En entrevista con El Diario, García Martinó explicó que, al momento, no es viable alterar la fórmula o metodología bajo la que se calculan los costos, ya que lo anterior iría en contra de la propia esencia o fin de la sección 428.
“El 428 por definición y regulación tiene un tope y es la base de lo que es un 428 contrario a un 406. Así que abrir la puerta a revisar los 428, sería como convertirla en otra sección regulada por FEMA. A su pregunta, al momento, FEMA está escuchando los planteamientos. Hemos tenido múltiples reuniones con el Departamento de Educación. (El Departamento) es uno de los que está llevando la voz sobre este tema, Acueductos (AAA) y Energía Eléctrica (AEE) también. Nuestra posición es, los escuchamos, compartan los datos para mantener la comunicación viva, pero al momento la posición de FEMA es que el 428 es fijo”, insistió a preguntas de este rotativo.
“¿Para cambiar eso, habría que enmendar la ley o FEMA podría hacer algún tipo de ajuste administrativo?, ¿cuáles serían las opciones reales?”, cuestionó El Diario.
“Basado en las discusiones que hemos tenido, es un planteamiento que está elevado ya a la dirección de FEMA para consideración para que ellos determinen, si se fuese a considerar, qué tipo de evaluación legal requeriría o acción dentro de FEMA o fuera”, respondió.
Alcance de la Sección 428 de la Ley Stafford
Bajo la sección 428, los grandes proyectos de reconstrucción o de más $1 millón están sujetos a un estimado de costo fijo, por lo que si el mismo excede el estimado original, las obras están en riesgo de completación.
Las metas de procedimientos alternativos bajo la Sección 428 son reducir los costos del gobierno federal para proveer asistencia pública; incrementar la flexibilidad en la administración de esa asistencia; acelerar la prestación de asistencia a estados, territorios o tribus; y proveer incentivos y desincentivos para la finalización oportuna y rentable de proyectos con dicha asistencia, según una guía de los procesos bajo 428 en el sitio web de FEMA.
“La cantidad total para restaurar las instalaciones elegibles del receptor o subreceptor se basa
en un conjunto de todas las ofertas de costo fijo aceptadas. El importe de la financiación proporcionada no se ajustará con la excepción de ajustes de seguro descritas en 2.C.3.”, explica el documento oficial.
“Si los costos reales finales son menores que el monto fijo, el recipiente o subrecipiente puede usar el exceso por los propósitos descritos en 2.D.3.”, añaden.
Varios subrecipientes de los fondos del Programa de Asistencia Pública de FEMA, particularmente los alcaldes, llevan meses alertando que el dinero no da, ya que el estimado fijo de FEMA no refleja el aumento en costos por factores como materiales de construcción. La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y la Federación de Alcaldes son solo dos de las entidades que se han pronunciado dentro y fuera de la isla sobre la necesidad de ajustar los costos por inflación.
Según los integrantes de estos grupos, la gravedad de la situación ha llegado al punto que algunas subastas terminan desiertas, porque los contratistas no quieren comprometerse con un desarrollo que va a costar más que lo autorizado por FEMA. Esto a su vez se suma a la falta de mano de obra para trabajar los proyectos.
La Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), agencia en Puerto Rico encargada del desembolso de fondos de FEMA, también ha hecho múltiples planteamientos sobre este problema.
En el Congreso, el representante demócrata de Nueva York, Ritchie Torres, ha enviado varias cartas a FEMA para que la agencia actualice los costos por inflación.
“¿Tiene FEMA alguna intención de actualizar las estimaciones de costos para reflejar completamente la inflación que ha ocurrido? ¿Ha realizado FEMA sus propias evaluaciones del impacto de la inflación en la reconstrucción de Puerto Rico? ¿Cuáles fueron las conclusiones?”, lee parte de una carta enviada por Torres a la administradora de FEMA, Deanne Bennett Criswell, en febrero pasado.
El Diario contactó a la oficina de prensa de Torres para una entrevista sobre el tema. Aunque inicialmente contestaron afirmativamente, no le dieron seguimiento a la solicitud a pesar de los intentos de este periódico.
Sobre el reclamo de las autoridades locales y federales, García Martinó destacó que no todos los subrecipientes de los fondos enfrentan problemas para completar los mismos debido al aumento en los costos.
“Sí, es una conversación que tenemos viva; estamos escuchando; hemos recibido información también de otros municipios que han podido avanzar con los 428 y les ha sobrado dinero, y que han podido dirigir esos sobrantes a otros proyectos, mejoras…”, argumentó.
“A mí lo que me preocupa es, si mañana viene un alcalde, o la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AEE) insiste en que el aumento de un proyecto fue de 40 % y no hay manera de avanzar con el mismo, y si al momento solo se está evaluando la sección 428, ¿cual sería la recomendación para estas entidades en términos de poder avanzar con los proyectos? Si el costo excede el estimado, ¿cómo se maneja eso?”, indagó El Diario.
“El mensaje en la conversación de nosotros con ellos es que ellos tienen un pote billonario; por lo tanto, al momento, no debe ser un issue. Por ejemplo, si el proyecto de La Plata, ellos lo estimaron en $30 millones y va a salir en $50 millones, entonces tienen un pote de $ 4 billones, por lo tanto, si ese proyecto es prioritario, tienen el dinero. Así que echen pa’lante. Claro, tienen que hacer su proyecto de subasta y adjudicación, tienen que ser validados por un proceso formal, pero tienen un presupuesto billonario. Es un tema que a medida que pase el tiempo va a tener un efecto acumulativo; en algún momento, pueda quizás aguantar un proyecto. Pero, al presente, Acueductos (y Alcantarillados) tiene $4 billones; (Departamento de) Educación tiene $2; y (Autoridad de) Energía Eléctrica, $10 billones. Por lo tanto, tienes un presupuesto histórico para avanzar y lo están haciendo con muchos proyectos”, contestó el representante de FEMA.
García Martinó añadió que, dentro de la metodología que usa FEMA para calcular el costo de los proyectos, confluyen varios elementos, entre los que destaca uno por inflación.
“La metodología es una en la que se incluyen varios factores para estimar el costo en favor de los solicitantes. En el caso del 428 se consideró un aumento de 300 % en costo de mano de obra; se incluyó un costo adicional por renta de equipo y otro de compra de materiales, a todo eso se le incluyó un factor considerando futuros aumentos de costo, más hay un costo que se llama ‘escalation factor’ que incluye la inflación, más un por ciento de improviso que también se le aplica, y uno de complejidad de proyecto según la curva que nos proveyó el Colegio de Ingenieros…”, enumeró.
El coordinador federal alterno insistió en que bajo el sistema de riesgo compartido, le puede sobrar dinero al subrecipiente.
“Así que hay muchos factores que se aplicaron a cada uno de los estimados 428, pero una vez se llega a ese estimado, se le presenta al solicitante, en el contexto de llegar a un acuerdo que no se va al detalle de costo específico de cada tornillo, ventana, columna, porque tardaríamos demasiado, pero sí tener suficiente información para llegar a un acuerdo bajo riesgo compartido. Por ejemplo, si hay algún daño que no se había identificado, pues eso es un riesgo en contra del solicitante, porque no puedes pedir más dinero; no hay más dinero disponible. Si el dinero sobra después de todos estos factores, ese sobrante es del solicitante para usarlo con mucha flexibilidad. Así que hay un riesgo compartido”, explicó.
Una vez el presidente declara un desastre, las entidades públicas en P.R. pueden solicitar fondos bajo el Programa de Asistencia Pública. Los cuatro componentes básicos de la elegibilidad para PA son el solicitante, la instalación, el trabajo y el costo.
Los hallazgos del informe de GAO sobre fondos de FEMA para obra permanente en Puerto Rico
En febrero pasado, un informe de la Contraloría General de Estados Unidos (GAO) confirmó el lento uso de fondos federales de FEMA para obra permanente. Según los datos de la oficina, hasta junio de 2023, las autoridades en Puerto Rico habían gastado $1,800 millones equivalente a un 8 % de los $23,400 millones en fondos de asistencia pública tras los huracanes María e Irma, en 2017, y los terremotos de 2019 y 2020.
El reporte“Desastres en Puerto Rico: progreso realizado, pero la recuperación continúa enfrentando retos” fue realizado a pedido de líderes del Congreso de Estados Unidos. Unos de los impedimentos para avanzar con la reconstrucción al que se hace referencia es precisamente el aumento en el costo de los proyectos.
La entidad pone como ejemplo el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el aumento de 42 % en los costos para reparar una planta de tratamiento de agua en comparación con el estimado original.
“Bajo el procedimiento expedito, estos incrementos en costos son de preocupación porque la otorgación a un subrecipiente actúa como un presupuesto fijo para completar proyectos en sus distintas instalaciones. Por consiguiente, el incremento en costos de un proyecto podría reducir excesivamente el presupuesto establecido para completar proyectos más adelante”, reconoce el informe.
El documento publicado el 13 de febrero además señala que, en mayo de 2021, GAO identificó numerosos riesgos para la recuperación de Puerto Rico, incluyendo dificultades de los subrecipientes para iniciar los proyectos de construcción. La oficina de rendición de cuentas señala que FEMA atendió parcialmente las recomendaciones y que se necesitan pasos adicionales como finalizar el plan de manejo de riesgos y tomar acciones para continuamente monitorear los riesgos en la recuperación.
El impacto de “Working Capital Advance” (WCA)
Sobre este particular, García Martinó enfatizó en el programa “Working Capital Advance” (WCA) que permite adelantar el 25% de la obligación de fondos de FEMA.
“Ese era un planteamiento que escuchábamos mucho en el 2022 (que no había dinero para iniciar los proyectos). Ahí es que FEMA le da visto bueno a la propuesta Working Capital Advance; dinero que ya está obligado…el COR3, como entidad administrativa, a petición de un municipio o agencia de gobierno le otorga el 25 % de lo que fue obligado a una cuenta para que ellos puedan tener el dinero semilla disponible para comenzar el proyecto, así que esa iniciativa está ahí. La información que nos comparte el COR3 es que la están utilizando de manera agresiva con municipios y agencias. Sin embargo, no todos los solicitantes lo han utilizado porque hay solicitantes que han logrado utilizar el proceso tradicional de FEMA de reembolso luego de incurrir en el costo. Esa alternativa ha venido a atender ese asunto de la falta de liquidez de los municipios y agencias de gobierno”, insistió.
“Pero, me imagino que FEMA no está satisfecha con que solo un 8 % se haya utilizado de María para acá hasta junio de 2023 para obra permanente, ¿qué se está haciendo más allá de la iniciativa Working Capital Advance que ha sido bien recibida, para poder agilizar lo que es el uso una vez se obligan los fondos por parte de FEMA?”, preguntó este periódico.
“Hasta ahora, hemos obligado como $33 billones ($33,000 millones). De esos $33 billones, como $5 billones fueron los que se desembolsaron de emergencia al comienzo del evento (huracán María) en el 2017. Así que si le restas a los $33 los $5, estamos hablando de $28 billones ($28,000 millones) que hemos obligado para proyectos de mejoras permanentes…y de esos es que se ha desembolsado cerca de $3.5 billones ($3,500 millones) en dinero de obra permanente”, respondió el entrevistado.
“No estamos satisfechos; pero la idea no es no estar satisfechos, hay que buscar mejorar y avanzar más. Constantemente, estamos en interacción con COR3, con los municipios, con la gente. Estamos haciendo interacciones puntuales cuando vemos que es un proyecto prioritario y a juicio nuestro no se está moviendo con la celeridad que corresponde, y entramos en esas conversaciones para entender y ver cómo asistir si es algo que está en manos de FEMA, atenderlo y aclararlo. No estamos satisfechos y aspiramos a seguir trabajando en conjunto con COR 3 para seguir mejorando en ese avance”, abundó el vocero.
Generalmente, el costo compartido de los proyectos bajo las regulaciones de FEMA son 75 % de aporte federal y 25 % local, aunque el monto federal puede aumentar dependiendo de la gravedad del desastre.
Este proceso debe ir sujeto a un manejo de los fondos íntegro y en cumplimiento (“completeness and compliance”), remarcó García Martinó.
Sobre ese particular, el informe de GAO reconoce que P.R. ha mejorado en la revisión de pagos indebidos y en el cumplimiento de manejo de subvenciones. Según los hallazgos, para el 2020, FEMA determinó que los potenciales pagos impropios en la isla cayeron por debajo de la cantidad considerada significativa por ley.
“Nosotros queremos proyectos rápidos y bien hechos. Hay dos vertientes: está la parte administrativa, y está la parte de cumplimiento ambiental…En la parte administrativa, hay varios esfuerzos que lleva FEMA. Uno es el proceso de ‘Validate As You Go’, y es que se hace una selección al azar, no solamente en Puerto Rico sino en otros proyectos grandes, y se entran en detalle en las transacciones en términos de lo que se llama ‘completeness and compliance’ (integridad y cumplimiento); que el proyecto esté documentado de manera completa y que esos documentos demuestren que hubo cumplimiento con los procesos de subastas. También bajo el programa de subvenciones que lo maneja la región, se entra en un proceso de evaluaciones periódicas sobre cómo los solicitantes y el COR3 están manejando los fondos y cómo están cumpliendo…”, detalló.
“El término burocracia se sobreutiliza”
Sobre las críticas a FEMA por burocracia en los procesos que, a juicio de algunos, no facilita el avance en la recuperación y reconstrucción en el territorio, el coordinador general consideró que el término se ha desvirtuado.
“Para mí el término burocracia se sobreutiliza o se define de manera no precisa. Aquí no estamos para hacerle la guerra a la burocracia, sino para asegurarnos que las cosas se hacen bien, correctamente, y que ese proyecto sea uno permanente. Permanente desde el punto de vista del impacto a P.R. y a la ciudadanía, y en lo que es la obligación del dinero. Al final, lo menos que queremos es que FEMA tenga que desobligar un dinero porque no hubo cumplimiento administrativo o gerencial o con valor histórico o ambiental. Eso puede pasar posterior a que el proyecto se construya. Nuestro objetivo es que eso no ocurra. Y a veces la palabra burocracia se usa para incluir ahí procesos que hay que hacer; hay que pasar trabajo y eso toma tiempo”, planteó.
“¿Hasta qué punto la burocracia es válida?, porque hay quienes plantean que estamos hablando de la cotidianidad de los puertorriqueños, por dónde se mueven, los sitios que acuden, las oficinas de gobierno; ¿hasta qué punto es la burocracia necesaria de modo que se mantenga la pulcritud de los procesos y al mismo tiempo se le garanticen los servicios a los residentes de P.R.?”, preguntó El Diario.
“Es un balance y no siempre es perfecto, no es fácil de sostener, pero es como todo en la vida. El dinero hay que utilizarlo bien, cada dólar, para que tenga el mejor efecto posible en los ciudadanos de a pie que están buscando servicios…queremos un proyecto que se haga bien para que perdure, porque la idea es que cuando venga el próximo evento como María, pues que resistan. Eso no son proyectos que se puedan hacer a prisa. De momento no se le puso la mitigación que hacía falta para que el proyecto tuviera una mejor resiliencia o que puedan resistir unas lluvias y unos vientos categoría 5. Eso requiere tiempo y requiere esfuerzo; requiere ser innovador para hacer las cosas bien. Es un balance. Queremos que la recuperación de Puerto Rico sea más rápida, y sobre eso estamos en continua comunicación con COR3, con los municipios, especialmente. Pero no puede ser en sacrificio de ‘integridad y cumplimiento’ en la parte gerencial, y tampoco en sacrificio de lo que es cumplir con los requerimientos ambientales e históricos”, expuso.
¿Un Puerto Rico completamente recuperado y reconstruido?
A preguntas de cuándo podríamos ver un Puerto Rico realmente recuperado y reconstruido, el portavoz de FEMA argumentó que ese proceso va mucho más allá del impacto de los fondos federales y que se debe evaluar según el avance de cada proyecto.
“Estamos mirando 10 años hacia delante de avance continuo…La recuperación también la debemos ver del punto de vista de cada solicitante. Hay municipios como Jayuya que tiene 300 y pico de proyectos; Caguas tiene 300 y pico de proyectos. El promedio por municipio son 90, 100 proyectos; y esto es FEMA solamente, pero hay proyectos con otros fondos. Pero yo le diría que cada municipio tiene una historia que contar; cada agencia tiene una historia que contar, y cada uno tiene sus proyectos prioritarios definidos en función del impacto a los ciudadanos y así lo han transmitido a nosotros y así lo hemos estado trabajando. La recuperación de Puerto Rico es lo que esperamos y es algo continuo que nunca se detiene y debe ser más allá de los fondos FEMA que terminan; que Puerto Rico identifique una manera de sostener su actividad económica…Pero, la recuperación en cuanto a los fondos FEMA, yo recomendaría que la veamos por agencia y por municipio porque cada uno tiene su historia, sus números y sus proyectos prioritarios y a su vez el impacto a los ciudadanos”, puntualizó.
Este artículo es el quinto y último de la serie especial enfocada en el desembolso de fondos FEMA en Puerto Rico y la reconstrucción de la isla tras el huracán María; pendientes al tema de P.R. en El Diario para seguimiento de este y otros debates relacionados con la isla
