Entrevista: Departamento de Familia en Puerto Rico asegura estar listo para transición a SNAP a pesar de tranque de “Farm Bill” en el Congreso
En entrevista exclusiva con El Diario, la secretaria del Departamento de Familia, Ciení Rodríguez Troche, y el encargado de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Alberto Fradera Vázquez, explicaron el programa laboral piloto y otras medidas tomadas a nivel local de cara a una eventual transición de PAN a SNAP
Una niña puertorriqueña carga alimentos donados provistos por una organización sin fines de lucro en Manatí. Crédito: Ramón Espinosa | AP
Nueva York- Funcionarios de la Administración encabezada por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, insistieron en que están listos para una potencial transición del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) al SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), como solicitan múltiples sectores en la isla y en Washington D.C., y que, a esos fines, se ha estado ajustando la infraestructura gubernamental y de informática desde hace varios años para cumplir con los requisitos federales.
En entrevista con El Diario, la secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, y el encargado de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Alberto Fradera Vázquez, explicaron las gestiones en curso a tono con las obligaciones que impone el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a través del Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) para participar de SNAP.
ADSEF es la entidad adscrita a Familia encargada de operar el PAN en Puerto Rico, la subvención en bloque para asistencia alimentaria que aplica en el territorio o la versión limitada de SNAP.
USDA es la agencia federal que administra el programa SNAP en los estados, así como en otros territorios como Guam e Islas Vírgenes.
“Nosotros comenzamos a redactar lo que van a ser las políticas de elegibilidad para el programa; hemos comenzado a digitalizar los procesos, desde cómo solicitar de forma electrónica sin tener que ir a una oficina local. Hemos comenzado el trámite de adquisición de un contrato para digitalizar los expedientes; hemos empezado a evaluar cuál sería la plataforma idónea para P.R., que eso son asuntos que señalaba el estudio”, declaró Fradera Vázquez sobre las diligencias realizadas al momento.
El informe de USDA sobre viabilidad de SNAP en Puerto Rico
Fradera Vázquez se refiere al estudio de viabilidad de SNAP para Puerto Rico divulgado por USDA en el 2022.
La investigación dirigida por Insight Policy Research, Inc. tenía dos objetivos principales. El primero era proveer una actualización detallada de los cambios administrativos, operacionales y de integridad del programa requeridos para la integración de P.R. a SNAP. El segundo era desarrollar un plan de implementación detallado con pasos específicos, cronogramas y costos estimados.
En resumen, la indagación arrojó que la implementación total podría tomar hasta 10 años y constaría de cinco fases principales: cambios legislativos en Puerto Rico, desarrollo de regulaciones, diseño del programa, planificación, y prueba, adiestramiento y lanzamiento.
Sin embargo, el administrador de ADSEF planteó que el periodo podría acortarse debido, precisamente, a los trámites que se han estado realizando.
“No necesariamente son 10 años. Son 10 años para ellos; pero, en el caso de nosotros en Puerto Rico, análisis que hemos realizado y discutido con FNS, y ellos están de acuerdo en que va a ser un periodo no mayor de 5 años, porque ya nosotros tenemos nuestro sistema de EBT o de transferencia electrónico…nosotros tenemos ya nuestro sistema de tarjetas que todos los beneficiarios reciben su dinero depositado todos los meses. También tenemos una cantidad mayor de políticas de elegibilidad redactadas y adelantadas que están siendo evaluadas por FNS…”, destacó el funcionario.
El informe también anticipa que un proceso de transición, implicaría inevitablemente una mayor inversión en recursos humanos.
A preguntas de este rotativo sobre si el Gobierno tendría la capacidad de cumplir con ese requisito en vista de que Puerto Rico aún no sale completamente de la quiebra bajo Título III, el encargado de ADSEF respondió: “Ese reclutamiento de personal ya se está realizando. Nosotros hemos reclutado sobre 75 oficiales administrativos adicionales a nivel de todo P.R. Hemos estado reclutando 150 técnicos de asistencia social y familiar durante todo este tiempo, y continuamos reclutando. Así que nosotros hemos ido atendiendo punto por punto que trae el informe de transición al SNAP”.
Programa piloto laboral “Cuna de Talentos”
Al momento, buena parte de los esfuerzos que encaminan las autoridades locales van en la dirección de cumplir con los requisitos laborales que impone SNAP. Bajo el PAN, los beneficiarios del programa no están obligados a trabajar. Sin embargo, en el caso de SNAP, requisitos laborales generales incluyen registrarse para trabajar, participar en el programa de empleo y capacitación (E&T) o en el programa de asistencia laboral si lo asigna la agencia estatal del SNAP, por mencionar algunos.
Hace unos seis meses, el Departamento de la Familia comenzó a implementar en Carolina el programa piloto “Cuna de Talentos” en virtud de la Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral (WIOA) bajo la que se proveen los fondos para impulsar el mismo.
Parte del fin de la iniciativa es demostrarle al gobierno federal que a nivel local se pueden cumplir con las exigencias laborales que implicaría la participación en SNAP.
A través de “Cuna de Talentos”, ADSEF facilita que beneficiarios del PAN se inserten en el mercado laboral, continúen estudios o realicen trabajo voluntario.
Participantes del PAN entre las edades de 18 a 54 años sin dependientes pueden ser elegibles para el proyecto.
“Al día de hoy, en el caso de Carolina, que es el municipio que comenzamos, hemos realizado sobre 1,700 referidos desde el mes de octubre hasta la fecha de hoy. De estos referidos, ya hay unos 600 que se han estado ubicando en empleos; la cantidad restante están en el proceso de entrevista y referido. ¿Por qué entrevista y referido? Puede ser que ese ciudadano llegue y no necesariamente desee trabajar; desea terminar su cuarto año o empezar estudios universitarios; hacer labor comunitaria, entre otras cosas, que lo hace elegible al programa”, explicó sobre el alcance de Cuna de Talentos.
El jefe de ADSEF añadió que, al momento, se encuentran adiestrando a más personal en distintas regiones como parte de la expansión del programa.
“Se han integrado 43 municipios adicionales en este proyecto, y nos encontramos en la fase de adiestramiento y orientación al personal de los centros en cada región los consorcios, y ya para junio 30 vamos a estar en los 78 municipios. Así que estos números van a continuar cambiando todos los meses, porque una vez culminen los adiestramientos a estos empleados, pues entonces comenzamos a hacer los referidos de esos participantes a los centros de gestión única”, abundó.
Ser parte de “Cuna de talentos” es una decisión voluntaria y no implica penalidad en caso de que la persona decida abandonar el proyecto.
Para julio próximo, se espera que el 100% de los participantes hábiles del PAN ofrezcan horas de trabajo voluntario o en empleos para recibir el beneficio.
En ese sentido, Fradera Vázquez añadió que, en el caso de los recipientes que trabajen y sus ingresos excedan lo establecido en los requisitos, estos tendrán un período de transición de 18 meses, por lo que los beneficios no se le retirarán de golpe.
“Muchas personas pueden entender que se va a obligar a todo el mundo a trabajar de cantazo o a cumplir con este programa, y no es así. Nuestros participantes por regulación federal tienen que ir una vez al año a un proceso de revisión y de recertificación del programa del PAN. Así que, una vez culmina la entrevista y el técnico determina que es elegible para el programa ‘Cuna de Talentos’, se hace un referido a los centros de gestión única en alianza con el Departamento del Trabajo y el Desarrollo Econónomico y Comercio”, matizó.
Sobre señalamientos de algunas organizaciones especializadas en el tema de SNAP para Puerto Rico como Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) y el Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ) de que un cambio al programa afectaría a poblaciones como adultos mayores solos y estudiantes universitarios que no serían elegibles a la ayuda, la secretaria dijo que examinan ese ángulo y opciones de política pública a nivel local.
“Siempre hay opciones de política pública que se evalúan a nivel gubernamental; qué otras opciones podría tener ese grupo poblacional que en este momento recibe el servicio. Son discusiones que se han llevado, de que si esto pasara, qué podríamos implementar a nivel estatal que pudiera atender esta situación…Inclusive, en un momento dado se exploró cuál es la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos para ver cuál es el impacto presupuestario. Obviamente, eso es algo que habría que ver de cara a cuando se dé la transición. Pero, creo que en ese momento no eran muchos los estudiantes universitarios que estaban bajo ese renglón”, argumentó la titular del departamento.
La decisión final la tiene el Congreso
A pesar del enfoque del gobierno estatal en ir ajustándose a los requisitos de SNAP de cara a una potencial transición, la decisión final sobre el tema la tiene el Congreso. Cualquier cambio en las regulaciones de asistencia alimentaria para Puerto Rico con fondos federales debe estar incluida en la Ley Agrícola o “Farm Bill”, que continúan negociando demócratas y republicanos tanto en Cámara como en Senado.
A mediados de este mes, el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, el republicano Glenn “GT” Thompson, anunció que no incluyó la transición de P.R. a SNAP en el borrador de la ley aprobado en ese organismo.
Parte de las inquietudes mayores de líderes como Thompson están relacionadas, precisamente, con la imposición de requisitos labores en Puerto Rico.
La resistencia del republicano Glenn “GT” Thompson
El republicano considera que el gobierno local no ha desarrollado la estructura para ejecutar en ese renglón.
Fradera Vázquez puso en cuestionamiento el argumento de Thompson, y mencionó que incluso se reunieron con el representante cuando visitó la isla en septiembre pasado para discutir las acciones tomadas.
“Nosotros estamos trabajando de la mano con USDA y FNS, que es la agencia que nos regula. Hemos realizado más de siete viajes a diferentes estados donde hemos ido a ver cómo ellos transicionaron; cuáles son las mejores prácticas en esos estados, y son estados que se asemejan a nosotros y a nuestras poblaciones. Thompson tiene esos datos, porque cuando lo recibimos, se los presentamos. El pudo ver nuestro ‘dashboard’ de cómo hemos mejorado la pronta atención; cómo se ha ido implementando el requisito de empleo, que era otro de los asuntos que se habían traído. Así que él tiene todos los datos a la mano. En efecto, estamos listos”, insistió.
A juicio del administrador, así como de Rodríguez Troche, las razones para la resistencia de los republicanos, mayoría en la Cámara, aparte de políticas, son económicas.
“El impacto económico que tendría en el Farm Bill no sería inmediato, sino prospectivo; nosotros siempre hemos aceptado que una vez se aprueba la legislación federal, hay un proceso de transición, por lo que los $1,200 millones adicionales no se recibirían de inmediato, pero sí estaríamos en posición de integrar todo lo que nos requieren a nuestro sistema. Cuando tú lo sumas en dólares y centavos, eventualmente sí tendría un impacto bien grande…Pero nuestro argumento sobre eso es que, cuando tú tienes una isla que se importa más del 75 % de los alimentos que se consumen, que vienen todos a través del puerto de Jacksonville (Florida), la realidad es que de ese $1.2 billones, prácticamente, el 75% o 80% vuelve y regresa a EE.UU.; es un argumento que yo creo que no han querido acoger. Esto es pura matemática, puro funcionamiento del sistema económico”, expuso la secretaria del Departamento de la Familia.
Si la provisión que busca equidad en los fondos SNAP para Puerto Rico logra completar el trámite legislativo y ser incluida en la próxima Farm Bill, los fondos para asistencia alimentaria aumentarían de $2,900 millones anuales a $4,500 millones, según estimados de USDA.
$50 millones anuales para el PAN no son suficientes
En ese sentido, Rodríguez Troche consideró insuficiente la propuesta contenida en el borrador de Thompson para un aumento de cerca de $50 millones anuales en la base de la fórmula del PAN, disposición que celebró la comisionada residente Jenniffer González como una inversión histórica.
“Si yo traduzco eso a dólares y centavos, estamos hablando que cada beneficiario estaría recibiendo cerca de $3 dólares al mes (adicionales) en incremento al PAN. Si nosotros miramos cuánto ha ido incrementando el costo de la comida en P.R., esos $3 se pueden traducir a menos de ¼ de medio galón de leche. De nuevo, es pura matemática. Y no es que $3 sean malos, es que realmente no resuelve el issue de seguridad alimentaria”, calculó Rodríguez Troche.
Cabe señalar que El Diario contactó el martes al equipo de prensa de González para una reacción sobre este debate en el Congreso y no contestaron a la solicitud.
Thompson también compartió con la comisionada residente, también republicana, durante su visita el año pasado a la isla.
A pesar de la ardua batalla en el Congreso, los representantes de la administración de turno en la isla confían en que se puedan disipar las diferencias entre republicanos y demócratas a través de un comité de conferencia.
“Estamos viendo la posibilidad de ese comité de conferencia. Esto es una lucha que planificamos continuar dando…Nosotros todavía tenemos la esperanza de que por lo menos se añade algún lenguaje que nos permita continuar viabilizando el proceso y cuando se vea el Farm Bill dentro de 5 años, pues, ‘ya estamos ready’”, puntualizó la secretaria.
